Ricardo Bussi, diputado provincial provida por Fuerza Republicana e hijo del genocida Antonio Bussi, fue denunciado por abuso sexual con acceso carnal en el marco de una causa que también lo involucra en otros delitos vinculados a la corrupción.
La víctima era colaboradora de Bussi desde fines de 2019 y el hecho central de la denuncia sucedió el pasado 10 de marzo. Según consta en el expediente, "cuando se comunicó con el legislador mencionado, el mismo la citó en su despacho ubicado en el edificio de la Legislatura, y quedando sola con él en el mismo lugar, Ricardo Bussi la forzó a practicarle sexo oral, luego de lo cual la liberó y pudo huir del lugar".
A partir de entonces, es seguida y amenazada por "personas misteriosas, personal policial, y miembros del partido al que pertenece el legislador" para que no hable de lo ocurrido.
La denuncia fue realizada en la División de Delitos contra las Personas e Integridad Física de la Policía de Tucumán el viernes 8 de junio y se ratificó este lunes a las 10 de la mañana en la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la integridad Sexual, a cargo de María del Carmen Reuter, donde la mujer prestó declaración durante más de tres horas.
Conforme lo indica el Código Procesal Penal de Tucumán, el procedimiento de investigación aún está a cargo del Ministerio Público, mientras que desde la parte denunciante reclaman instrucción jurisdiccional en manos de un Juez.
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En diálogo con El Destape, el abogado de la joven, Salvador Iovane, aseguró que hay ciertas medidas probatorias que requieren con urgencia la participación de un magistrado para no afectar las garantías del proceso. También exigió mayor celeridad y más voluntad para indagar en detalle lo sucedido, ya que considera que "hay una precisa y manifiesta inactividad o falta de intención de investigar los hechos denunciados".
Además del delito sexual, las maniobras de corrupción están vinculadas, según describió la parte querellante, al robo de datos personales, usurpación de identidad de la víctima. El caso ahora será investigado por la Justicia de Tucumán, tierra donde la familia Bussi llegó a ser una de las más poderosas durante la última dictadura cívico militar y en los años '90. El abogado solicitó, entre otras medidas, protección para la víctima y su entorno familiar.
Después de que se hiciera pública la denuncia, el legislador hizo declaraciones a la prensa sobre la joven de 26 años, en donde la relacionó con estafas previas y una operación política en su contra. El abogado de la denunciante negó la existencia de los hechos y consideró que "son parte de una campaña de desprestigio".
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