El Gobierno decidió dictar la conciliación obligatoria, lo que resultó en la suspensión del paro de colectivos de 48 horas que tenía previsto la Unión Tranviarios Automotor (UTA) para los días 30 de septiembre y 1 de octubre. Esta medida generó un alivio para los usuarios del transporte público, quienes no tendrán que enfrentar el caos y las dificultades de movilidad que un paro de estas características podría ocasionar.
La disposición del Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, ordenó que a partir de la medianoche del lunes 30 de septiembre se iniciará la conciliación obligatoria y que la misma se extenderá por el plazo de 15 días. "En función de esto, no debería haber medidas de fuerza que afecten al público usuario debiendo el gremio acatar esta resolución ministerial", avisó a través de su cuenta de X la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA).
La Mesa Nacional del Transporte convocó a un plenario que se realizará el próximo 8 de octubre, con el objetivo de discutir la posibilidad de llevar adelante un paro nacional el día 17 de ese mismo mes. Esta situación genera tensiones entre los gremios del sector y el gobierno, que deberán buscar una solución en conjunto.
Los gremios del transporte están representados por la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) y la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT). Estas organizaciones ya tuvieron una reunión en la sede de Aeronavegantes, donde analizaron la situación y plantearon posibles medidas de protesta para reclamar por los derechos laborales y las condiciones de trabajo.
La UTA pretende un aumento salarial del 9,4% retroactivo para agosto, lo que llevaría el básico a 1.160.000 pesos. En tanto, para septiembre piden llevar el básico a 1.200.600 pesos, en octubre a 1.242.621 pesos, en noviembre a 1.283.627 pesos y en diciembre, finalmente, a 1.322.136, lo que supondría un aumento del 24,7% respecto a julio. Sin embargo, las cámaras ya habían anticipado, en la previa de la reunión, que no aceptarían el pedido gremial.
Lo que en verdad ocurre es que, a su vez, la patronal no obtuvo lo que esperaba de parte del Gobierno. El último miércoles, las empresas se reunieron con autoridades de la Secretaría de Transporte bajo la expectativa de que se les reconozca o bien un aumento en los subsidios o bien una suba del boleto.
Bolsillos ajustados: por aumentos y recorte de subsidios, se duplicó el peso del gasto de transporte en el salario en AMBA
En septiembre los trenes que circulan por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) aumentaron 40% (el pasaje mínimo pasó a $280 con sube registrada) esto se sumó al último incremento del 35% en los colectivos en agosto (boleto mínimo en $371) y se agrega ahora el incremento del 16,5% anunciado desde octubre en el subte (boleto mínimo en $757). Esto en un marco donde el gobierno nacional aplicó, siguiendo el fuerte ajuste fiscal de su programa económico, recortes a los subsidios de servicios públicos, incluyendo recientemente aquellos vigentes para líneas que funcionan dentro de la misma región, desconectándolos de la RED SUBE y sus beneficios. Como resultado, el gasto en transporte público aumentó su peso en las economías domésticas y pasó de representar en solo dos meses del 7% al 14% de un salario mínimo. Esto golpea con más dureza a quienes dependen de trabajos informales o más precarizados.
El impacto se tradujo además en una significativa caída de la cantidad de pasajeros que viajan en subte y en colectivo. Según datos sectoriales en los primeros ocho meses del año la cantidad de usuarios transportados acumulada se redujo 11% en el caso del subte y 6,6% en los colectivos contra el mismo período de 2023. “Es cierto que Argentina tenía un subsidio comparativamente alto, pero el cambio es muy abrupto y los salarios no llegan a compensar, como quizás sí ocurre en otros países. En el caso del transporte, se trata de subas muy por encima de la inflación”, señaló Fernando Bercovich, sociólogo especializado en transporte, quien indicó que el peso local de este gasto en un salario mínimo está "por arriba de casi cualquier capital de la región y del mundo”.
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A la situación del AMBA hay que sumar también lo que ocurre a nivel de las diferentes jurisdicciones del país donde la eliminación por parte del gobierno nacional del Fondo de Compensación al Transporte Público del Interior en febrero pasado implicó una mayor presión para los presupuestos municipales, así como incrementos de la tarifa de transporte con boletos mínimos en torno a los $900 y $1000 en más de una decena de distritos.
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