El gobierno de Javier Milei y el bloque "dialoguista" continúan avanzando sobre los derechos de trabajadoras y trabajadores. Días atrás, en medio del conflicto con gremios aeronáuticos por sueldos desactualizados y la falta de una propuesta por una recomposición salarial, desde Nación declararon a la aeronáutica civil y comercial como "servicio esencial". El objetivo es claro: evitar medidas de fuerza, ya que se deberá cumplir con el 50% de la operación. En este marco, desde el PRO buscan seguir los pasos de la gestión libertaria y hacer lo propio con el transporte público, para restringir las huelgas en trenes, colectivos y ómnibus.
El proyecto de ley fue presentado por el diputado del PRO, Gerardo Milman, apellido reconocido por ser uno de los principales apuntados por el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner. Según indica en el documento, que lleva la firma de legisladores como Cristian Ritondo, María Eugenia Vidal, Diego Santilli y Hernán Lombardi -entre otros-, el pedido se justifica en la "necesidad imperiosa de poner fin a los abusos y extorsiones perpetrados por ciertos sectores sindicales, los cuales, amparados en la fragilidad del sistema de transporte público, han convertido a la ciudadanía en rehén de sus intereses espurios", sostuvieron.
Por esa razón, aseguran que buscan "declarar al transporte público como un recurso esencial en los días de paro" con el objetivo de "poner fin a los paros pseudo exitosos, que perjudican gravemente" a la sociedad. A su vez sostienen que, en los últimos años, los diversos líderes sindicales "han acumulado fortunas descomunales, mientras sus afiliados vivían en la precariedad" y que "lejos de velar por los intereses de los trabajadores, han utilizado su posición para enriquecerse ilícitamente y mantener un estilo de vida lujoso".
Desde el PRO remarcan que los paros y las medidas de fuerza realizadas por las y los trabajadores, en medio de un complejo contexto de ajustes y recortes que dicho partido ignora, "se han convertido en una herramienta de extorsión y chantaje mediante la cual ciertos sectores sindicales buscan imponer sus demandas y mantener sus privilegios". Ante ello, piden medidas contundentes "que pongan fin a estos abusos y devuelvan la dignidad y el respeto a los trabajadores y la sociedad" para garantizar los servicios básicos y "evitar que la ciudadanía sea utilizada como rehén".
Qué pasa si el Transporte es declarado servicio esencial
En medio de un nuevo ataque contra el derecho a huelga de trabajadoras y trabajadores, el bloque "dialoguista" del PRO busca que, ante conflictos, no puedan parar para reclamar por un incremento en las paritarias o para generar mejoras en las condiciones laborales de las diferentes empresas. Que el Transporte Público sea declarado "servicio esencial" implica que en los días de cese de actividades, se deba cumplir con un mínimo de operación del servicio que dispondrá la propia empresa.
"Al establecer la prestación mínima del servicio de transporte público durante los días de paro, estaremos asegurando que los trabajadores y la población en general puedan acceder a los lugares de trabajo, educación, salud y otros servicios fundamentales, sin quedar a merced de los caprichos e intereses de ciertos líderes sindicales", argumentan desde el PRO. Y justifican que no buscan "cortar el legítimo derecho a huelga" sino "garantizar que estas medidas se lleven a cabo de manera responsable y sin perjudicar a terceros".
La propuesta del PRO
- Declarar al Transporte Público de pasajeros "como un recurso esencial" para el normal desenvolvimiento de la vida cotidiana.
- En caso de medida de fuerza, deberá garantizarse la prestación mínima del servicio.
- La prestación mínima del servicio será determinada por las autoridades competentes, teniendo en cuenta las necesidades de la población.
- Las empresas prestadoras de servicio están obligadas a mantener una dotación mínima de personal y vehículos durante un paro, para garantizar la continuidad del servicio.
- En caso de no cumplir con la prestación mínima, pueden incluirse multas y medidas coercitivas.
- Frente a reiteración del incumplimiento de ley -en caso de ser aprobada-, "se procederá a la aplicación de sanciones que podrán ir desde medidas de carácter pecuniario hasta la quita de la personería jurídica de la asociación sindical responsable".
De esta manera, buscan garantizar a usuarias y usuarios de los diferentes transportes públicos que el servicio se cumpla, aunque con demoras, con el objetivo de "beneficiar a la sociedad en su conjunto y a los propios trabajadores". Y sentenciaron en el documento: "Al poner fin a los abusos y extorsiones en el ámbito sindical, estaremos contribuyendo a fortalecer la democracia y el Estado de Derecho en nuestro país".
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