Estudiantes de diferentes establecimientos educativos de la Ciudad de Buenos Aires llevaron a cabo tomas en reclamo por "mejores viandas", mejoras en las condiciones edilicias y en contra de las prácticas laborales obligatorias impuestas por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Como respuesta, el Ministerio de Educación que lidera Soledad Acuña, acusado de no abrir líneas de diálogo, eligió denunciar penalmente a las familias de las y los estudiantes que se encuentren formando parte de estas medidas de protesta basándose en el protocolo anti-tomas.
Cabe recordar que, en febrero del 2019, la Procuración General emitió dictamen sobre las "pautas a adoptar para salvaguardar los derechos de los niños, las niñas y los/as adolescentes y las responsabilidades inherentes a los equipos de conducción de los establecimientos educativos" donde también se implica la "corresponsabilidad de las familias" en las situaciones de tomas por parte de los alumnos.
Según la Ley 114, la familia, la sociedad y el Gobierno de la Ciudad "tienen el deber de asegurar a niñas, niños y adolescentes, con absoluta prioridad, la efectivización de los derechos a la vida, a la libertad, a la identidad, a la salud, a la alimentación, a la educación, a la vivienda, a la cultura, al deporte, a la recreación, a la formación integral, al respeto a la convivencia familiar y comunitaria y a su desarrollo integral".
Asimismo destacan que el equipo directivo de cada establecimiento tiene como función "velar por el uso correcto y la conservación de los bienes" de los colegios y que ante una situación de toma "que impida el normal dictado de clases", que según el dictamen también implica la "pérdida de gobierno" por parte de las máximas autoridades, deben asegurar "la efectivización del derecho a la integridad de los niños, niñas y adolescentes mediante corresponsabilidad de las familias". A su vez, plantean establecer mecanismos para que se cumplan las responsabilidades de los cargos.
Los puntos del protocolo anti tomas
A partir de la resolución 643/18, se aprueban dichas "Pautas para la Convivencia Escolar", que deben ser cumplidas por el equipo de conducción frente a la toma de establecimientos educativos de gestión estatal. El objetivo, según el propio fallo, es "garantizar un sistema educativo inspirado en los principios de libertad, ética y solidaridad" y además, asegurar "la igualdad de oportunidades y posibilidades" dentro del sistema educativo.
En el protocolo anti-tomas, se destaca el proceso de "mediación" en la escuela que tiene como fin la inclusión de un tercero imparcial (el mediador) que ayuda a los agentes a dialogar sobre las perspectivas. Se crea así el Sistema Integral de Mediación Escolar -conjunto de principios, normas, prácticas, órganos y medios- que tiene como fin "difundir, promover e instituir la implementación de métodos cooperativos y pacíficos de abordaje de conflictos" para todos los actores. Sus principales características son la voluntariedad, auto-composición de las partes, imparcialidad, flexibilidad y confidencialidad.
Además de promover el tratamiento de los conflictos mediante procesos de medicación y método pacíficos de abordaje, se busca generar "actitudes de reflexión" y "diálogo cooperativo" entre las partes, promoviendo el respeto y la apreciación a la diversidad. A través del Sistema de Mediación Escolar se busca capacitar a todos los actores del sistema educativo en estos métodos, asesorar al Ministerio de Educación para llevar a cabo un plan de mediación pacífictos para resolver conflictos y promover u organizar encuentros de intercambio entre los diferentes actores.
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