En el marco del plan integral de cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH, se retomó la tarea de delimitación y demarcación del territorio indígena y campesino de las comunidades nucleadas en la Asociación Lhaka Honhat, en Salta. El equipo está a cargo de la Unidad Ejecutora de la Sentencia y será a través del diálogo intercultural, es decir que muchas disciplinas trabajarán en forma colectiva. Las tareas comenzaron este martes en la zona de Alto La Sierra, el sector más demorado.
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La sentencia ordenó al Estado argentino abordar la situación territorial y socioeconómica de las comunidades indígenas. Esta demarcación definitiva será de 400 mil hectáreas que deberán ser tituladas colectivamente para las comunidades, y la distribución de las 243 mil restantes, donde se relocalizarán las familias campesinas que deban hacerlo, en el marco de un proceso territorial inédito en Argentina.
En tanto, el equipo de trabajo estará formado por 12 personas, entre técnicos de distintas disciplinas (abogacía, sociología, geografía, etc.) y facilitadores indígenas y campesinos. Comenzarán su tarea el día de hoy en la zona de Alto La Sierra, una sector donde los acuerdos de partes aún se encuentran un poco demorados. Este equipo se construyó a partir de un convenio firmado entre el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Salta.
En este marco, la provincia de Salta manifestó públicamente en varias ocasiones su voluntad de entregar el título único a las comunidades antes del 10 de diciembre de 2023.
En el acto de inauguración, que se llevó a cabo en Santa Victoria Este, participó el titular de la Unidad Ejecutora Nicolás Rapetti, junto al intendente de esa localidad, Rogelio Nerón; la coordinadora general de Lhaka Honhat, Cristina Perez; el subsecretario de Asuntos Indígenas de Salta, Ariel Sánchez. También; la coordinadora del equipo territorial y directora de Tierras de la Provincia, Florencia Luñiz Zavaleta; los funcionarios del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas Martín Plaza, Natalia Novas y Julián Fernández.
Este esquema de trabajo, correspondiente al denominado “Eje Territorio” diseñado por la Unidad Ejecutora, fue acordado en la Consulta Previa, Libre e Informada celebrada en el mes de junio de 2022. Es importante destacar que el eje "territorio" junto al eje "agua segura para consumo humano" fueron sometidos previamente a un proceso de consulta previa, libre e informada (CLPI) celebrada por la Unidad Ejecutora, junto con INTA, MAGyP y MOP (financiada por el INAI), de la que participaron más 150 comunidades indígenas de la localidad de Santa Victoria Este.
La CLPI se desarrolló en una semana de talleres participativos en distintas regiones del territorio, y contó con el apoyo de mapas, material gráfico traducido y con la presencia de intérpretes simultáneos en idiomas originarios. Durante los talleres, las comunidades hicieron sus aportes y sugerencias y acordaron con los ejes presentados por el Estado Nacional.
El caso Lhaka Honhat
El reclamo por la entrega de un título único para todas las comunidades indígenas respecto de las tierras que ocupan ancestralmente llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el acompañamiento del CELS, en 1998.
En el transcurso de todos esos años, los pobladores originarios y criollos se organizaron políticamente y llevaron adelante trascendentales negociaciones sobre el territorio de 400 mil hectáreas que abarcan los ex lotes fiscales 55 y 14, con la destacada participación del recientemente fallecido coordinador de Lhaka Honhat, Francisco Pérez.
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En 2018, el caso llegó a la Corte IDH, que ordenó al Estado ejecutar aquellos acuerdos, particularmente, delimitar, demarcar y otorgar los títulos de propiedad, y generar las condiciones para garantizar la relocalización de las familias criollas. Además, el Estado deberá elaborar un plan que permita asegurar el acceso y garantía de los derechos a la alimentación, el agua, el ambiente sano y la identidad cultural de las comunidades indígenas.