La izquierda presentó un amparo para frenar los aumentos del subte: "Es ilegal"

Referentes de la izquierda presentaron un recurso de amparo para que la Justicia frente los aumentos del subte de la Ciudad de Buenos Aires, que a partir de este viernes 17 de mayo pasará de $125 a $574 y en agosto ya saldrá $757, pasando una suba a $650 en el medio. El recurso de amparo lo firmaron la diputada nacional del Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (FIT-U) Myriam Bregman, la legisladora porteña del FIT-U Alejandrina Barry, el ex legislador Patricio del Corro y el trabajador del subte y miembro del Secretariado Ejecutivo de la Asociación gremial de trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP), Claudio Dellecarbonara.

En el escrito, los firmantes denunciaron que el aumento que se aprobó tras la audiencia pública para subas del subte fue "un aumento tarifario con serias irregularidades en sus cálculos", ya que "existen incumplimientos a la normativa que regula al subte y a la determinación de su tarifa, así como falta de información transparente en su cálculo, permitiendo arbitrariedades para calcular y aumentar la tarifa". Además, los referentes de la izquierda que firmaron la presentación judicial hicieron énfasis en la pérdida de poder adquisitivo de los argentinos y la comparación de la nueva tarifa con la de otras ciudades. "El boleto de Subte final de $757 pasaría a valer una tarifa final de 82 centavos de dólar (con una divisa oficial estable de $921.04), sería internamente una tarifa comparativamente más alta a la de los años 90 pre privatización del servicio pero con un salario en dólares bastante más deprimido, y comparando con el exterior el subte de Buenos Aires, con apenas 6 líneas y 90 estaciones, pasaría a estar considerablemente más caro en dólares que redes como la de Moscú con 14 líneas y 258 paradas a 60 centavos de dólar o la de Ciudad de México con 12 líneas y 195 estaciones a 30 centavos de dólar", subrayaron. 

En diálogo con El Destape, Alejandrina Barry declaró: "Es un aumento que es histórico, que no tiene antecedentes y que va en contra de la ley, que dice que las tarifas tienen que ser justas y razonables. En los últimos 10 años, el subte aumentó por encima de boleto de colectivo y aumentó tres veces más que el salario mínimo en términos porcentuales" Y enfatizó: "La Justicia tiene que fallar a favor porque es un aumento sumamente ilegal y que atenta contra el derecho de ir a trabajar". 

Es por eso que los firmantes del amparo pidieron la anulación de la resolución "5/SBASE/24" del Boletín Oficial porteño, que estableció los aumentos del subte y el nuevo cuadro tarifario, y "en forma cautelar su suspensión, hasta tanto se resuelva sobre su nulidad". "La trascendencia y el perjuicio social con el que impacta la resolución en crisis en miles de usuarios del subte, es significativa", señalaron. Es que el aumento de la tarifa es sumamente mayor a la suba que tuvieron los salarios en 2023. "De cara al usuario el incremento actual de la tarifa es del 505,6%, de $125 a $757 al finalizar el esquema, muy por encima de la inflación de 211,4% en los 12 meses de 2023. Al realizar la comparación versus los incrementos salariales del 152,7% en los 12 meses de 2023, surge que los salarios perdieron cerca de 60 puntos porcentuales frente a la inflación de igual periodo y los ingresos crecieron un 353% menos que la tarifa del servicio de subte propuesta. Los grandes perjudicados en la ecuación son por lo tanto los usuarios, que deberán afrontar con ingresos devaluados un incremento desproporcionado e injustificado de tarifa en favor de cubrir costos cuya pertinencia no se encuentra acreditada y sostener las ganancias del concesionario del servicio", explicaron.

En la crítica a la nueva tarifa, quienes pidieron la cautelar cuestionaron que en el cuadro acordado por el Gobierno de la Ciudad (GCBA) y Subterráneos de Buenos Aires (Sbase) "solo contempla el aumento costos y el aumento de la tarifa, excluyendo de dicho análisis a los pasajeros". Si se contemplara al aumento de pasajeros como variante positiva, al menos buscando recuperar los pasajeros previos a la pandemia de Covid-19, "permitiría compensar el aumento en los costos del servicio", aseguraron. 

Los gastos incluidos para justificar el tarifazo

Bregman, Barry, Del Corro y Dellecarbonara cuestionaron algunos de los gastos mencionados por el GCBA y Sbase para justificar el aumento del boleto. "Previo a la audiencia pública, la autoridad de aplicación pone a disposición de los participantes la documentación supuestamente respaldatoria de los costos de explotación para el cálculo de la TT (tarifa técnica) (...) De allí surgen gastos por al menos $168 millones de los cuales no se encuentra detalle de su relación con la TT, aclaración que claramente corresponde a la demandada, o al menos aportar más información o detalle del motivo que justifica la realización del gasto. La impunidad de la concesionaria al incluir estos gastos y la irrazonabilidad de SBASE al convalidarlos no puede tener otro efecto más que anular la resolución que convalida tales gastos al aprobar el aumento tarifario que lo sustentan", expresaron. 

En esa línea, se preguntaron, por ejemplo, "en qué medida una capacitación del Grupo Roggio para empleados de alto rango de sus distintas empresas puede imputarse como parte de la TT del subte en particular y por qué debe ser financiada por usuarios del transporte público", o si "los alquileres de autos, los taxis y las líneas de celulares de la gerencia de Emova (empresa operadora del subte y premetro) le reportan algún beneficio al usuario del subte". Y agregaron: "¿El usuario del servicio público Subte debe asumir la contratación de onerosos honorarios y abonos de estudios de abogados sin que se indique la defensa de que intereses de usuarios motivaron la contratación? ¿o son contrataciones para defensa de intereses societarios? ¿si los gastos se ocasionan por malas gestiones de la concesionaria del servicio, el costo del privado inoperante lo abona el usuario del servicio público?".

Además, Barry marcó a este medio otro gasto que el Gobierno y Sbase incluyeron como justificación de la suba de la tarifa, que tiene como origen el asbesto que hay en las formaciones de la línea B. "Vuelven a poner como monto para luego calcular en la tarifa que pagamos todos los pasajeros los gastos de desasbestización, cuando los propíos trabajadores son los que denuncian que esto no se lleva adelante y que la responsabilidad de que haya material cancerígeno es del propio gobierno que compró los trenes con ese material".