El Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e indígena (INAFCI) era la única política pública vigente en Argentina dedicada a profesionalizar y desarrollar al sector que produce hoy entre el 60% y 70% de los alimentos que se encuentran en las góndolas y mesas de los argentinos. Desde el 10 diciembre sufre un proceso de desfinanciamiento y la semana pasada fue el vocero presidencial Manuel Adorni el encargado de anunciar, en una de sus conferencias desde Casa Rosada, su cierre y desmantelamiento junto con el Consejo Nacional de Agricultura Familiar. A la par se informó sobre el inminente despido de más de 900 personas que allí trabajan asistiendo y acompañando a 250 mil pequeños productores de todo el país, en medio de una crisis económica y alimentaria sin precedentes.
Como ocurrió en casi todos los organismos, el gobierno de Javier Milei justifica la medida de ajuste por la necesidad de realizar una auditoría de recursos humanos, físicos y financieros de lo que considera una estructura sobredimensionada e ineficiente. “Se van a reducir 900 puestos de ‘no trabajo’ – expresó Adorni - tenía 160 delegaciones, dos sedes, uno de cada tres empleados eran delegados, tenía 204 vehículos y el 85% del presupuesto se dedicaba a pagar sueldos. Casi una agencia de empleo político”. Luego agregó y celebró que el Instituto eliminará sus delegaciones provinciales para pasar a ser una Dirección ubicada en la Capital Federal, con solo 64 empleados, lo que significará un ahorro de $ 9.000 millones.
Los trabajadores y las trabajadoras de las sedes y regionales de todo el país, quienes realizan sus actividades en cada rincón y paraje rural del territorio nacional, algunos con más de 20 años de antigüedad, se anoticiaron de su posible desvinculación de esta manera, sin aviso ni comunicación oficial, ya que además el Instituto no tiene autoridades asignadas. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) salieron a contestar rápidamente para desmentir los datos falsos y denunciar una campaña de difamación "ideológica" encabezada por el Gobierno Nacional sobre los recursos con los que contaban a la hora de realizar su trabajo.
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En estos últimos días recibieron el apoyo de diferentes colegios profesionales y cátedras, y por la misma lógica de trabajo territorial, cuentan con el acompañamiento de distintas organizaciones de agricultores familiares, y pequeños y medianos productores que expresaron su repudio a la medida. Se destacan el Movimiento Nacional Campesino-Indígena Somos Tierra, la Federación Agraria Argentina, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT), el Frente Nacional Campesino (FNC); la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), y la Mesa Agroalimentaria Argentina; entre otras. En un comunicado desde la UTEP expresaron: "Para este gobierno, el enemigo somos los trabajadores y las trabajadoras, el campesinado, los sectores populares organizados. Al gobierno actual no le importa el sector, ni la alimentación de las y los argentinos: sólo le interesa que le cierren sus supuestas cuentas macroeconómicas, aunque eso signifique el hambre de la mitad de la población y la debacle definitiva del país".
La fiesta del agro negocio y un golpe a la soberanía alimentaria
El ataque al INAFCI no se trata de una medida aislada sino una pata fundamental del programa de ajuste y desregulación de la economía, y un proceso de reprimarización con el objetivo de beneficiar exclusivamente a los grandes sectores concentrados del agronegocio. Podemos mencionar en ese combo destructivo otras medidas incluidas en el DNU vigente que impactan profundamente en el sector agropecuario y la alimentación de la población como el desguace de las leyes de abastecimiento del mercado interno, la liberación de controles de precios, las facilidades para que inversores extranjeros compren tierras, y el abandono de leyes que regulan las economías regionales. A esto se suma que el mismo día que se dio a conocer el cierre del INAFCI, el ministro Caputo anunció, con el apoyo de la AmCham, la apertura de importaciones para alimentos.
El modelo parte de un programa que pretende transformar los alimentos en commodities y fortalecer un estilo de desarrollo dominante que no considera la diversidad y tiende a la homogeneización productiva. De esta forma se ve claramente la íntima relación que hay entre la degradación ambiental con la crisis económica, la marginación social, la pobreza arbitraria y la miseria planificada. Por eso resulta fundamental exponer el rol clave y central de este Instituto para la actividad agrícola ganadera familiar, las organizaciones campesinas, y sobre todo un modelo de seguridad y soberanía alimentaria.
El rol del instituto: profesionalización del sector y articulación territorial
El organismo es una política nacional que tiene su oficina central en Capital Federal, pero por su lógica territorial y capilar cuenta con una delegación en cada provincia (menos Tierra del Fuego) conformada por técnicos profesionales de las ciencias sociales y agrarias, ingenieros, sociólogos, administrativos, etc. que trabajan de forma local para acompañar y ejecutar los proyectos. A través del instituto se formulan y ejecutan proyectos y líneas de financiamiento para pequeños productores, agricultores familiares y campesinos, siempre teniendo en cuenta una mirada integral y de género con el fin de fortalecer el tejido social de las comunidades rurales y mejorar la calidad de vida. Se estima que hasta el momento son cerca de 150 mil los proyectos ejecutados a nivel nacional.
Los trabajadores y trabajadoras del INAFCI acompañan y asesoran diferentes actividades como producción de alimentos, producción agroecológica, trabajo con mujeres campesinas e indígenas, sistemas de acceso al agua y manejo de riego, acceso a tecnologías, mejoras en la infraestructura productiva, estrategias de comercialización y posicionamiento, acceso al monotributo social agropecuario, datos estadísticos a través del RENAF (Registro Nacional de la Agricultura Familiar campesina e indígena), puesta en marcha de ferias y mercados locales, entre otras. En este sentido resulta indispensable la comunicación, en un vínculo inmediato y locuaz, con las poblaciones particulares y las organizaciones de productores para mejorar los niveles de vida respondiendo de forma directa a las necesidades, teniendo en cuenta sus características económicas, sociales y culturales. Del mismo modo la única forma de solucionar y llevar a cabo los proyectos de desarrollo local es considerando una perspectiva integral, para lograr reconocer y responder a los problemas complejos, en términos de la producción de un abordaje interdisciplinario, y la articulación formal en materia de políticas públicas con las provincias, los municipios y diferentes agencias gubernamentales como el INTA, el INTI, ANSES o AFIP.
Eliana Negrete es delegada de ATE de la Secretaría de Agricultura Familiar en la Región Centro . Explica que el INAFCI es una parte central de nuestro sistema de producción de alimentos porque se basa en la necesidad de profesionalizar a un sector hiper vulnerabilizado como es el rural y campesino: “Una familia que produce mejora su economía doméstica y la oferta. Muchas veces lo que venden alcanza hasta el 50 por ciento o más de los ingresos totales familiares de quiénes viven en las comunidades rurales o periurbanas. Y esto genera aportes en términos económicos,de salud, y en toda la comunidad. Por ejemplo, si una familia quiere mejorar la producción de cabras, o de queso, entonces desde el Instituto se le ofrece financiamiento y asistencia técnica interdisciplinaria, que de otra manera no accederían”.
El Registro Nacional de Agricultura Familiar (RENAF), vinculado directamente con la Ley 27.118 de “Reparación histórica de la Agricultura Familiar para la construcción de una nueva realidad en la Argentina”, es otra de las políticas vertebrales ya que permitió conocer por primera vez el mapa real de la agricultura familiar y su despliegue territorial en nuestro país. A partir de ese registro se pudo realizar un diagnóstico certero sobre demandas y necesidades del sector, y el diseño y puesta en marcha de políticas públicas pensando en las características sociales, culturales, económicas, productivas y ambientales de cada región y comunidad. Por ejemplo de allí nació el programa “Nuestras manos” que fue una línea de proyectos para contribuir a mejorar las condiciones de producción agregado de valor y comercialización de proyectos de desarrollo rural de mujeres de la agricultura familiar campesina e indígena y de la pesca artesanal, desde una perspectiva de género.
Adriana García es socióloga rural y Coordinadora del área de Fortalecimiento Institucional de las organizaciones del INAFCI en Santiago del Estero, provincia que cuenta con más 20 mil familias de productores. Destaca que todo los trabajadores técnicos son profesionales o profesionalizados tanto de la parte productiva, como lo socio organizativo, la etapa de comercialización, y también en comunicación para visibilizar la transparencia los proyectos: “Nosotros acompañamos los proyectos desde la formulación, es decir desde que expresan la necesidad hasta la comercialización. Supongamos que quieren mejorar la raza caprina porque quieren genera una producción de animales para carne, para abastecer al mercado local. Entonces hay que detectar si eso que plantean es posible, con qué tipo de raza hacerlo, que no se genere un choque genético, etc. Es importante la articulación entre el proyecto y las condiciones socio ambientales, geográficas, y operativas porque no podemos ofrecer cualquier proyecto en una zona de que no corresponde”.
Además del asesoramiento técnico resulta fundamental la posibilidad de financiamiento de proyectos INAFCI . “Los productores con los técnicos formulan un proyecto, se hace un diagnóstico, un asesoramiento técnico, y eso significaba que se le financia el proyecto, el algunos casos con financiamiento internacional”, subraya García. Hasta diciembre se manejaban líneas de financiamiento nacionales para programas como Asistencia Crítica y Directa (Pacyd) y de Trabajo, Arraigo y Abastecimiento Local (Protaal); e incluso otros programas con financiamientos provenientes del BID (Banco Interamericano de Desarrollo), el FIDA (Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola) o el Banco Mundial.
Valeria Mamaní es Licenciada en Trabajo social y representante de los trabajadores del Instituto en la región NOA. Trabaja en territorio en el departamento de Ambato en Catamarca, a 50 km de la capital provincial, y explica cómo trabajan en el desarrollo técnico y la profesionalización de los proyectos sin desentenderse de los conocimientos que atesoran las culturas campesinas vinculados a sus modos de producción y modos de vida, constituyendo un enfoque más integral de los procesos agrarios. “Si discutimos qué pasa con la producción de alimento, tenemos que hablar también de la logística, hay que reconocer que faltan un montón de políticas que acompañen al sector como por ejemplo certificaciones adecuadas del SENASA, que es algo que se viene trabajando hace años – manifiesta la Licenciada - unejemplo clave es el de la elaboración de quesillos en el Norte, porque este producto tiene una forma de hacerse manual sin guantes, que es un saber histórico. Durante años se discutió darles un permiso porque no estaba esterilizado. A partir de las investigaciones que se hicieron desde el INTA, que tardaron años para seguir el procedimiento, se logró incorporar al quesillo como un alimento aprobado a través del código alimentario porque se comprobó que esapto para el consumo. Hay todo una articulación con otras políticas, es imposible de otra manera”.
En pandemia, como recuerda Mamaní, los propios técnicos del INAFCI se organizaron para acreditar los permisos como trabajadores esenciales para circular en las zonas rurales y colaborar con los productores en períodos de aislamiento: “Como estaba todo cerrado los productores empezaron a quedarse con stock. La primera urgencia era sostener la comercialización de sus productos, y la segunda era la distribución desde agua hasta remedios porque no podían salir. Pero además acompañamos el proceso de inscripción al IFE porque en las comunidades no había conexión a internet, los teléfonos no andan bien y mucha gente no tiene buen manejo de la tecnología”.
Al mismo el instituto se encuentra en articulación permanente con universidades, el CONICET, y otras instituciones de investigación científica. En Santiago del Estero por ejemplo el organismo tiene vínculos y convenios firmados con la Universidad Nacional (UNSE) donde se dicta la ‘Diplomatura en Agricultura Familiar y Transformaciones Territoriales’ que se plantea mejorar el sector con una mirada integral; y con la Universidad Católica (UCSE) a través de capacitaciones a técnicos orientadas a la epata de comercialización. En la Universidad de Catamarca por ejemplo en marzo de este año se dará inicio al Curso de Extensión "Abordajes interdisciplinarios respecto a la producción y el abastecimiento de alimentos: ¿Dónde ubicamos nuestras prácticas profesionales en el escenario actual?", una propuesta que fue diseñada por el equipo técnico del INAFCI.
El desguace y el retiro del Estado de los territorios
El gobierno nacional pretende eliminar cerca de 900 puestos de trabajo, lo que significa una reducción del 95% de la planta actual del INAFCI y la eliminación de las delegaciones que funcionan en las provincias. La situación de los trabajadores es de extrema vulnerabilidad dado que, como pasa en otros organismos del Estado en los que se anunciaron despidos masivos, la mayoría de ellos mantienen hace años contratos precarios y transitorios, enmarcados en el Artículo 9-Resolución 48, que se vencen el próximo 31 de marzo. Hay que reconocer que por la gestión defectuosa de varios gobiernos pasados, miles de personas trabajan en la administración pública desde hace 15 o 30 años y nunca fueron efectivizados o trasladados a planta permanente.
La Socióloga rural Adriana García, quien coordina hace años a los técnicos y técnicas de Santiago del Estero, dice que el proceso de asfixia del INAFCI comenzó en diciembre cuando se quedaron sin coordinación nacional y a niveles provinciales, situación que vivieron como una amenaza que luego se complejizó con el despido de trabajadores que tenían menos de un año de antigüedad. “No pensábamos que iban a ir por el cierre, sí por un achicamiento como sucedióen el macrismo en 2016 y luego en 2018, con muchos despidos. En ese momento gracias a una orden judicial federal se restituyeron algunos contratos – rememora – Pero ahora no conocemos las listas y si, como dicen, van a despedir a 900 estamos hablando de un 95% de la planta, gente con muchos años de experiencia, décadas de trabajo, gente que se ha profesionalizado y ha hecho capacitaciones específicas en producción, en los socio organizativo, para trabajar en territorio”.
“A nosotros nos pretenden desaparecer pero el problema son las organizaciones que están atrás - indica Valeria Mamaní - todo el mejoramiento de los procesos productivos de alimentos se viene fortaleciendo desde el 93 para acá y con esta decisión desaparece la única política pública que plantea un cogobierno con las organizaciones sociales, lo que garantizaba que las líneas de trabajo que se diseñaban nacieran desde los territorios. Nadie mejor que ellos para decirnos qué necesitan en términos de financiamiento, asistencia, registro, capacitaciones. Esto va a generar un deterioro”.
El retiro del Estado golpea principalmente a las comunidades de la agricultura familiar y campesina indígena que hace 30 años cuentan con espacios de asesoramiento técnico y financiamiento para la producción de alimentos y la profesionalización del sector desde una perspectiva integral. La santiagueña García explica que desde que asumió la nueva gestión no hay un solo proyecto de financiamiento de ninguna unidad productiva o grupo: “A mediano plazo vamos a volver a la época del PSA cundo se hacía todo como podía, íbamos al área rural y veíamos cómo ayudar en la acondiciones muy duras en las que vive la gente, con montones de problemas. Los productores van a empezar a producir menos, el ingreso le va a alcanzar solamente para la subsistencia y no para invertir en una camioneta, alambrado, o la educación de sus hijos. Encima con la apertura de importaciones van a venir verdura de afuera más caras. Todo esto se va a perder”.
Por su parte Mamaní cuenta que en Catamarca los productores están desesperados, mientras muchos técnicos y equipos siguen acompañando proyectos que se financiaron el año pasado, y otros incluso asisten como pueden con recursos propios: “La retirada no va a ser de un dia para el otro porque tenemos un compromiso firme, pero a la larga va a ser insostenible y hay proyectos que van a quedar a medio hacerse. Después de eso empiezan a desarmarse las redes y llega la ausencia, con su impacto psicológico. El Estado Nacional se está retirando del territorio de las provincias, es como que el interior del interior no existe, no importa. Para ellos la ruralidad no es parte de la Argentina”. Los últimos proyectos en marcha implican obras de infraestructura de uso comunitario en territorio considerables y mejoras en la parte sanitaria de las viviendas, como por ejemplo la ampliación de sistemas de agua potable, sistemas de riego, excavación de represas o recolección de agua de lluvia para comunidades que no tienen acceso al recurso. “Esas obras se van a terminar porque ninguno de los compañeros va a abandonarlos, pero a la larga se complica la llegada al territorio y la asistencia técnica por nuestra situación laboral y familiar”, concluye.
Un punto a tener en cuenta es el de la tenencia de la tierra y el derecho a producirla, ya que en nuestro país el acceso es uno de los problemas estructurales más serios de los productores campesinos que han sido víctimas históricamente de regímenes informales y legislaciones a favor de los capitales extranjeros y los grandes terratenientes. Las políticas del INAFCI y el financiamiento representaban la única herramienta gubernamental de promoción de la titulación eficiente en su favor y la posibilidad de acceder a recursos para tecnificar su labor agraria. “Los productores en esta situación van a entrar en una etapa de vulnerabilidad con los derechos de la tierra, que es lo que están esperando los extranjeros y los empresarios para adquirir tierras baratas. Van a empezar a vender sus tierras o abandonarlas para irse a los perímetros urbanos. Este instituto generó un arraigo para evitar migraciones a los cinturones de pobreza de las grandes ciudades, porque la gente se quedaba en el campo para vivir dignamente, producir y genera sus propios ingresos – advierte García -Milei dice que quiere volver a 1853. Bueno, justamente vamos a volver a la desigualdad y pobreza que se vivía en el modelo del latifundio. Por un lado la gran mayoría de la población empobrecida, desnutrida, analfabeta, y por el otro una gran concentración y el latifundio disfrutando de las mieles del ingreso que generó”.
La creación del INAFCI y una política con más de 30 años de historia
El instituto fue creado por un decreto del gobierno de Alberto Fernández en noviembre de 2022 (decreto 729/2022) como un ente autárquico, bajo la estructura de Jefatura de Gabinete, que conjugaba las funciones y políticas de la Subsecretaría de Agricultura Familiar Campesina e Indígena. Asimismo se colocó a la institución en el marco de la Ley 26.737 que contempla el Régimen de protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de tierras rurales y se lo designó como autoridad de aplicación de la Ley 27.118 de “Reparación Histórica de la Agricultura Familiar”.
Entre los 11 objetivos que marcaba el decreto se destacan: “entender en la promoción de las formas de producción agroecológicas, así como fomentar y acompañar la transición hacia estos sistemas de producción primaria y transformación asociada”; fomentar programas de construcción, ampliación y mejoramiento del hábitat rural, acceso al agua y sus condiciones productivas; reconocimiento del valor social de la agricultura familiar en el desarrollo nacional, la seguridad y la soberanía alimentaria; generar instancias de participación de los productores y las productoras de la agricultura familiar, campesina e indígena; generar instancias de participación de los productores y las productoras de la agricultura familiar, campesina e indígena; hacer énfasis en el arraigo de los y las jóvenes, la inclusión social y en la promoción de la igualdad de género.
Sin embargo su historia se remonta a principios de los años 90s cuando se puso en marcha el Programa Social Agropecuario, una herramienta de política pública que tenía el fin de mejorar las condiciones de las familias rurales a través del trabajo en articulación permanente con las organizaciones de productores desde el territorio y las comunidades. Este programa incluía actividades de asistencia técnica, financiera y comercial siempre desde una mirada integral de las condiciones socio ambientales y los recursos de cada región, y respetuosa de los procesos culturales y las trayectorias de los actores sociales involucrados en el proceso productivo.
Adriana García recuerda que la política se inició con el PSA en su provincia por “el alto porcentaje de la taza de necesidad básicas insatisfechas en el área rural mayoritariamente, el área mas vulnerable”. En ese momento el financiamiento de los proyectos se gestionaba a través de la entrega de créditos blandos a taza subsidiada al 6%: “Este programa luego se fue replicando en otras provincias donde se consideraba que era necesario. Santiago del Estero, Corrientes y Salta son las provincias donde hay más cantidad de productores campesinos, y en esas provincias se fue avanzando en la presencia de una institución que pudiera ejecutar una política pública para el sector rural más vulnerado, y no había subsidios, sino créditos. Funcionaba a partir de las Unidades provinciales, había un espacio de asesoramiento y toma de decisiones que lo hacían los referentes y decidían a dónde se iban a destinar los fondos, las zonas priorizadas, donde había más necesidades siempre priorizando proyectos, haciendo relevamiento de lasfamilias. El trabajo siempre fue muy profesional y muy serio”.
En 2008 la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner jerarquizo el área a través de la creación del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. En ese contexto el PSA se materializó en las políticas desarrolladas por la Subsecretaría de Agricultura Familiar, dependiente entonces de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGPyA). Esta se trata en realidad de una conquista resultado de la demanda y el trabajo conjunto durante más de dos años de mil organizaciones del sector nucleadas en el Foro Nacional de Agricultura Familiar (FONAF). Los principales lineamientos de dicho acuerdo se habían sido aprobado por unanimidad y se plasmaron en un histórico documento de 2006 llamado “Lineamientos generales de políticas públicas orientadas a la elaboración de un Plan Estratégico para la Agricultura Familiar”. La propuesta, quehabía surgido de un proceso ejemplar de participación y democracia real desde el propio territorio, llegó a diferentes autoridades del gobierno con el objetivo de crear, dentro de la estructura del ejecutivo Nacional, un área pensada para el desarrollo productivo y económico, y la implementación de políticas específicas y diferenciales para la Agricultura Familiar, desde una mirada no asistencialista. De esta manera se asignaron roles y tareas a todo el plantel técnico del entonces Programa Social Agropecuario (PSA) que contaban con experiencia y compromiso de trabajo en todas las provincias: profesionales de agronomía, zootecnia, veterinaria, sociología, trabajo social, comunicación, antropología, entre otras disciplinas.
En estos años que pasaron desde ese momento el INAFCI cumplió una función central e irremplazable gracias al trabajo profesional de los técnicos y técnicas a lo largo y ancho del país, y la articulación permanente con las organizaciones de productores. El desarrollo de la estructura productiva y operativa de la agricultura familiar se ha materializado en los miles de proyectos acompañados y el mejoramiento sustancial de la calidad de vida en las zonas rurales. Pero sobre todo se puede observar en la incorporación de los productos alimentarios del sector en el mercado interno, las góndolas y los circuitos comerciales de nuestro país. Esto significa la producción primaria profesionalizada con valor agregado y un modelo político de seguridad y soberanía alimentaria. Sin embargo, queda pendiente una discusión vinculada a la situación de indefensión y vulnerabilidad en la que se encuentran hoy el sector. ¿Cómo puede resultar tan fácil desarticular de un plumazo una política territorial histórica como esta?
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