Desde el próximo jueves 1 de febrero, las pequeñas y medianas empresas (Pymes) en Argentina enfrentarán un nuevo desafío: la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) reactivará los embargos de cuentas y las ejecuciones fiscales. Esta medida se produce tras el final de la feria judicial y la expiración de una resolución que previamente había suspendido estos procedimientos, poniendo fin al alivio temporal otorgado a este vital sector de la economía argentina.
En este artículo, te contamos todo lo que tenés que saber sobre esta resolución y cómo impacta en las empresas afectadas.
La decisión de la AFIP con las Pymes
La Resolución General 5425, implementada por el ex ministro de Economía Sergio Massa en septiembre de 2023, había detenido el inicio de juicios de ejecución fiscal y la aplicación de medidas cautelares contra pequeños contribuyentes y micro y pequeñas empresas hasta el 31 de diciembre de 2023. Además, se habían introducido planes de pago para ayudar a estas empresas a regularizar sus deudas impositivas y con la seguridad social, incluyendo intereses y multas acumuladas hasta el 31 de agosto del mismo año. La decisión de no renovar la medida trae consigo la posibilidad de que se proceda con embargos y ejecuciones fiscales sobre deudores morosos, en un momento particularmente delicado para las Pymes. El contexto económico actual, marcado por la incertidumbre y el riesgo de recesión, agrava la situación para estos pequeños y medianos empresarios que luchan por mantener a flote sus operaciones.
El tributarista Sebastián Domínguez en diálogo con Infobae explicó que, a partir de ahora, la AFIP podrá iniciar juicios contra aquellos que aún no han saldado sus deudas, y proceder con embargos en las cuentas de quienes ya enfrentan procesos judiciales de ejecución fiscal sin haber regularizado su situación. Esta reactivación de los procedimientos fiscales coincide con la aplicación de tasas de interés resarcitorios y punitorios desde el 1 de febrero, lo que podría complicar aún más la carga deuda de las Pymes.
Ante la finalización de la suspensión de estos procedimientos, existía la esperanza dentro del sector de una moratoria que incluyera obligaciones tributarias, aduaneras y de la seguridad social por deudas vencidas hasta el 30 de noviembre de 2023. Sin embargo, la eliminación del capítulo fiscal de la Ley Ómnibus, un componente clave para la implementación de esta moratoria, ha dejado a las Pymes en una posición vulnerable.
Qué implica la decisión de la AFIP
La falta de una moratoria y la reanudación de las acciones fiscales representan un "febrero fiscalmente sangriento", según declaró el empresario y economista Gustavo Lázzari. La ausencia de medidas de alivio pone en riesgo no solo la estabilidad financiera de las Pymes sino también su capacidad para contribuir al desarrollo económico del país. El debate sobre cómo equilibrar las necesidades del sector privado con las exigencias fiscales del estado resalta la complejidad de la situación. Mientras algunos argumentan la necesidad de un nuevo proyecto que contemple las dificultades que enfrentan las Pymes, otros subrayan la importancia de garantizar los ingresos fiscales para mantener las finanzas públicas.
La solución propuesta por varios expertos sugiere una prórroga de la suspensión de embargos y ejecuciones fiscales, al menos hasta finales de marzo. Esto daría tiempo para que, durante las sesiones ordinarias del Congreso en marzo, se pueda llegar a un acuerdo sobre la necesaria moratoria, equilibrando así las urgencias fiscales con la protección de las Pymes, que son fundamentales para la economía argentina.
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