Suciedad, espacios compartidos en mal estado, sanitarios nauseabundos, servicios médicos deficientes, áreas no ventiladas, mala calidad alimenticia, inexistentes elementos de entretenimiento, personal poco capacitado y la ausencia de protocolos claros fueron algunas de las conclusiones a las que arribaron organizaciones nucleadas en la Red de Organismos de Derechos Humanos de Entre Ríos (Rodher), luego de un relevamiento realizado en 14 comisarías y alcaidías de la provincia.
El objetivo del trabajo fue desarrollar un diagnóstico de las condiciones en las que viven las personas en lugares de detención transitorios, no sólo para fortalecer la función de defender y garantizar los derechos de personas privadas de su libertad, sino que además para contribuir a que el Estado visibilice escenarios que, en muchos casos, son preocupantes. Se realizó con el apoyo de expertos de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), junto al Comité Nacional de Prevención de la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos.
El relevamiento fue realizado a través de inspecciones sorpresivas, encaradas no sólo por dirigentes de Derechos Humanos, sino que también estudiantes, docentes y profesionales vinculados a la temática. Se complementó con un registro fotográfico para tener un banco de imágenes respaldatorias que colaboren a chequear los discursos oficiales, registrados a través de una encuesta estandarizada que se sostuvo en todas las dependencias visitadas. Se indagó sobre condiciones laborales del funcionariado policial, condiciones de traslado de las personas privadas de su libertad, alimentación, sanidad, calefacción, salidas de seguridad, requisas, presupuestos, visitas familiares, el acceso a defensores oficiales, entre otros aspectos que, en su conjunto, permitieron elaborar una imagen general de cada lugar. A ello se se le sumo el relato de entrevistas a detenidos y detenidas.
De cada visita quedó un punteo pormenorizado de personal presente, fecha y horario de ingreso, encuestadores y encuestados. Junto a ello, fotos de las dependencias, ubicadas en los departamentos Paraná, Concordia, Villaguay, Colón, San Salvador, Gualeguaychú y Diamante. Cabe señalar que los informes de los lugares inspeccionados no son todos iguales. Esto responde a ciertas particularidades de cada sitio, pero también a la diversidad de integrantes del equipo. Si bien mantuvo tres personas que recorrieron los 14 lugares, se sumaron contribuciones de docentes, investigadores y estudiantes de las universidades que participaron de todo este proceso.
Cabe destacar que, en el marco de la elaboración del informe, los investigadores consideraron oportuno resaltar y profundizar en dos categorías conceptuales: condiciones de detención y experiencia de detención. Las primeras forman parte de una organización planificada, con prácticas regulares. Tiene normas propias y términos espacio-temporales específicos. La segunda supone ir más allá del mero “tiempo detenido” o privación de libertad ambulatoria para pasar a pensar las múltiples privaciones y sufrimientos que debe transitar quien se encuentra en esta condición Se centra en la experiencia subjetiva de la persona detenida, con aspectos que para ser revelados demandan que la mirada no se agote en lo meramente material.
A la hora de las conclusiones, los expertos dan cuenta de un panorama preocupante: "El presente trabajo realizado permite constatar que la situación de las personas privadas de la libertad en lugares de encierro transitorio de la provincia de Entre Ríos es verdaderamente alarmante en materia de garantía, respeto y realización de los derechos humanos". Agregan luego que el personal policial "carece de capacitación para trabajar idóneamente con personas en situación de privación de libertad" y que "es significativa la ausencia de equipos interdisciplinarios (psicología, trabajo social, terapia ocupacional, enfermería, medicina, etc.) que puedan acompañar la estadía en los lugares de encierro transitorio, principalmente en lo que respecta a la contención emocional, salud mental y tratamiento de consumos problemáticos".
En otro apartado, los observadores hablan de conductas que están completamente por fuera de la ley: "En caso extremos, ciertas prácticas poseen la fuerza de llevar estos centros de detención a los márgenes de la legalidad acercándolos a la clandestinidad. Podemos citar el ejemplo del detenido que pasó diez días sin que se diera aviso a las defensoras oficiales o de las PPL durmiendo en el piso, con frío y golpeadas en muchos casos".
"Nosotros en 2019 hicimos un relevamiento en la Comisaría Contravencional de Paraná. A la par se hizo algo parecido en Gualeguaychú. Este año decidimos regresar para ver si se habían implementado algunos cambios. La verdad es que son pocos. Se han cambiado algunas cosas, pero no sólo hay personal poco calificado y sin capacitación, sino que además hay situaciones que no se han corregido. Hay baños en estados deplorables, hay personas detenidas que conviven con las ratas y otras que no ven la luz si no es de forma artificial", indicó a El Destape, Clarisa Sobko, militante de Derechos Humanos e integrante del equipo que efectuó el estudio. Y agregó: "Asimismo hay que decir que hay cosas que están bien, como la limpieza en sedes administrativas o cocinas. Entre Ríos, en general, no es la provincia que peor está en este aspecto. Eso no significa que no debamos revisar algunas cuestiones y que no haga falta una mayor presencia del Estado".
Sobko consideró que nada de lo registrado es nuevo: "Ninguna persona que lea el informe se va a sorprender de lo que contamos o mostramos. El problema es, justamente, cierto aval social a esas condiciones. Y tiene que quedar claro que, en estos caso, la libertad es el único derecho que debe ser cercenado. Ese es justamente el espíritu. Los demás derechos, en algunos casos elementales, no deben ser vulnerados ni ignorados. A eso apunta fundamentalmente este estudio".
"Yo estoy en conversación permanente con las organizaciones de Derechos Humanos. Es positivo que las entidades civiles, acompañadas por las universidades, se involucren en la temática. Hace a la valoración del desarrollo humano al respecto. Todos debemos trabajar para que este informe no sea letra muerta y para que se siga perfeccionando", destacó por su lado el subsecretario de Derechos Humanos de Entre Ríos, Daniel Paduán.
En diálogo con El Destape, el funcionario aclaró que prácticamente no hay detenidos en comisarías o alcaidías: "Son lugares transitorios, hasta tanto se disponga su libertad o derivación por parte de la Justicia. Independientemente de ello, estas observaciones deben ser resueltas. No estamos ajenos a esta información, recorremos la provincia permanentemente y lo hacemos con la apoyatura y el acompañamiento de la Justicia de la provincia. Hay que tener presente que el Poder Judicial debe jugar un rol de contralor en esta cuestión. En la provincia tenemos 32 jueces de Garantías y más de 80 defensores. Es un trabajo conjunto con el Ministerio Público de la Defensa y con las direcciones de Derechos Humanos de los municipios, donde durante toda la gestión hemos trabajado para municipalizar las temáticas".
La "deuda pendiente" en Entre Ríos
El informe de la Rodher da cuenta además de una "deuda pendiente". Se trata de la implementación de la Ley 10.563, aprobada en 2017, que crea el Mecanismo Provincial de Prevención de la Tortura, con la finalidad de reconocer los derechos de las personas privadas de la libertad y garantizar que no sufran torturas o malos tratos.
"Asumimos que en gran medida nos impulsó a presentar este proyecto la ausencia en nuestra provincia del Comité Provincial de Prevención de la Tortura ya que aún no se ha puesto en marcha el Mecanismo Local creado por Ley N° 10.563. Desde el movimiento de Derechos Humanos de Entre Ríos venimos bregando para que deje de incumplirse esta ley aprobada por unanimidad en el año 2017 y seguimos reclamando por su conformación y puesta en funcionamiento ya que consideramos una herramienta de control y colaboración con cierta autonomía de los distintos poderes del Estado, a fin de prevenir prácticas de tortura u otras formas de malos tratos hacia las personas privadas de la libertad”, destacaron en el relevamiento.
El Mecanismo Provincial de Prevención de la Tortura tiene por finalidad “fortalecer la vigencia y el cumplimiento de los derechos y las garantías de las personas que se encuentren privadas de su libertad velando por el mejoramiento de las condiciones de detención” y “reforzar” la protección de arrestados contra “penas prohibidas por nuestra legislación vigente”. Es un ente autárquico y autónomo, libre de instrucciones de cualquiera de los tres poderes del Estado, conformado por siete mimebros de un Comité Provincial contra la Tortura: tres propuestos por organizaciones de la sociedad civil, tres propuestos por el Poder Legislativo y un integrante que ocupará su lugar de la mano de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Los cargos son remunerados, durarán cuatro años y podrán ser reelectos sólo por una vez.
El Comité tiene a su cargo no sólo el monitoreo de las zonas de detención, sino que además la recopilación de denuncias vinculadas y la promoción de medidas judiciales para la protección de personas privadas de su libertad cuando se adviertan irregularidades. Además, diseñar políticas para la prevención de la tortura y otros tratos crueles.
Entre otros puntos, la norma también crea un Programa de Protección de Testigos y garantiza el acceso a la información judicial de personas víctimas de torturas, así como de sus familiares.
"Para implementarse debe conformarse una Bicameral, para hacer la selección de sus integrantes. Más allá de la función de la Justicia y el Poder Ejecutivo, este Comité es un buen órgano de contralor. La intención de avanzar está. El debate es con algunas organizaciones civiles, respecto de los aspectos presupuestarios. Ahí hubo diferencias y se presentó una contrapropuesta del Poder Ejecutivo, en cuanto a sueldos. Eso quedó trunco y queremos retomar la discusión. La voluntad está", afirmó Paduán al ser consultado sobre el tema
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