Tras el tiroteo en el subte, donde fue asesinada la oficial de la Policía de la Ciudad Maribel Zalazar, desde un sector de la política aprovecharon el hecho trágico para volver a instalar el debate sobre las pistolas Taser en la Ciudad de Buenos Aires, cuyo uso es duramente cuestionado por parte de los organismos de Derechos Humanos. Si bien las armas de choque eléctrico están asociadas a su uso no letal, desde Amnistía Internacional contabilizaron al menos 600 muertes de personas en todo el mundo tras recibir descargas de este tipo.
Al mismo tiempo, referentes de DD.HH. asocian su utilización con la tortura, por sus vínculos con las picanas utilizadas en los centros clandestinos durante la última dictadura cívico-militar. De hecho, el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas describió que “el uso de las armas tipo Taser provoca un dolor intenso, constituye una forma de tortura y, en algunos casos, puede incluso causar la muerte”.
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Por todo esto, María del Carmen Verdú, abogada y referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), sentenció que “instalar este debate es puro oportunismo”. “Basta con hacer una búsqueda en Google y ver que, sistemáticamente, el tema de las Taser siempre aparece en el inicio de los años electorales. Entonces, es un tema ideológico/electoral”, insistió Verdú, en diálogo con El Destape. Y definió: “Es el típico tema que saca la derecha para agitar su populismo manodurista. Este debate se da sólo en la Ciudad de Buenos Aires porque gobierna el PRO”.
Puntualmente, fue el gobierno porteño el que adquirió 60 pistolas de este tipo, aunque se encuentran retenidas por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
La instalación del debate
Marcelo D’Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires –hoy de licencia tras la investigación en su contra por los chats que revelaron su viaje a Lago Escondido con jueces, fiscales y empresarios de medios-, había sido el primero en pedir el funcionamiento de este tipo de armas.
“El enfrentamiento podría haber sido controlado con una pistola Taser. Hace dos años compramos 60 unidades, pero el gobierno kirchnerista las bloqueó con el festival de excusas truchas que usan para defender delincuentes”, indicó D’Alessandro desde su cuenta de Twitter tras el crimen de Maribel Zalazar. Además, el funcionario consideró que “las armas no letales son una herramienta clave para cuidar a la gente y la mayoría de los países del mundo las usan”.
Esa postura fue una declaración de principios por parte de JxC, ya que luego el diputado Ricardo López Murphy consideró que la policía asesinada "con una Taser pudo haberlo reducido, pero este modelo anti-policía nos sigue costando vidas”.
De la misma manera opinó el secretario de Asuntos Públicos porteño, Waldo Wolff, quien solicitó que “la burocracia gubernamental apruebe urgente” la entrada de estas armas, al igual que la legisladora Silvia Lospennato, quien criticó al gobierno por “retener las pistolas y “despreciar el trabajo de las fuerzas de seguridad”.
La respuesta
Uno de los que recogió el guante desde el oficialismo fue el embajador en Ecuador, Gabriel Fuks. “A los que carroñean con la joven agente de la policía que falleció asesinada, induciendo un debate sobre las Taser, sepan que el supuesto ‘debate’ entre Nación y Ciudad es por entre 60 y 150 de ellas. Hay 30.000 agentes en la Ciudad. Decir que tendría una es mentir en cualquier caso”, criticó quien también fue funcionario del Ministerio de Seguridad en el inicio de la gestión de Alberto Fernández.
Lo propio hizo el legislador porteño del FdT, Juan Modarelli, quien, tras lamentar la muerte de Zalazar, apuntó: “Solicitamos al señor Horacio Rodríguez Larreta y a su ex ministro (D’Alessandro) que no hagan un uso tan miserable de esta lamentable pérdida”.
Verdú coincidió con la mirada de los dirigentes oficialistas y señaló: “Es total oportunismo. Y encima que te lo venga a decir D’Alessandro, que recordemos que está de licencia cuando tendría que estar echado y es el responsable de que la Policía de la Ciudad tenga un índice de letalidad superior a todas las demás fuerzas, incluida la bonaerense”.
“Queda muy en evidencia la mala leche con la que se introduce el tema frente a esta situación, porque si la policía si hubiera tenido una Taser no hubiera cambiado nada”, indicó.
En línea, la titular de Correpi cuestionó la definición de arma no letal. “Si es un arma, puede potencialmente generar lesiones y muerte”, precisó. Varios son los informes que la avalan, entre ellos un estudio de Amnistía Internacional.
“Siendo unas armas menos peligrosas que las de fuego, y aunque se las catalogue como menos que letales, conllevan una serie de riesgos que pueden causar graves daños o incluso la muerte”, precisaron desde Amnistía Internacional.
Las cifras
El estudio fija en al menos 602 la cifra de personas fallecidas tras haber sufrido la descarga de una Taser. Incluso, un informe especial de la Agencia Reuters establece que son más de mil, sólo en Estados Unidos.
Hilando fino, puede verse que ambos relevamientos sostienen que cerca del 90% de esas víctimas no iban armadas ni parecían representar una amenaza grave para la policía, uno de los principales argumentos a favor de las armas que esgrimieron en las últimas horas dirigentes de la oposición y algunos medios de comunicación.
“Dicen que evitaría el gatillo fácil porque los policías usarían la Taser en lugar del arma reglamentaria. Si no saben usar la 9 milímetros conforme a derecho, ¿por qué tendríamos que suponer que van a usar la Taser conforme a derecho?”, se preguntó Verdú sobre ese punto. Y redondeó: “Un instrumento que realiza descarga eléctrica sobre una persona se llama instrumento de tortura. Proveer a las fuerzas de seguridad con un instrumento de tortura, es algo a lo que siempre nos vamos a oponer”.
Frente al argumento sobre su uso para controlar a personas fuera de sí, desde Amnistía apuntaron: “Aparte del dolor extremo al impacto que suponen las armas de electrochoque y de las lesiones secundarias que pueden derivarse de la caída al suelo de la persona, hay perfiles de personas que por determinadas condiciones físicas son más vulnerables frente a este tipo de armas”. Entre ellas se encuentran los menores de edad, las personas mayores, personas con afecciones cardíacas y embarazadas.
Sin embargo, desde el prestigioso organismo de DD.HH. aclararon que “la experiencia acumulada de su uso en otros países permite identificar las personas bajo los efectos de las drogas o ciertos medicamentos asociados a dolencias psíquicas y los enfermos mentales como en los que se ha podido observar que se ha dado el mayor número de casos de muertes por el uso de las Taser”.
En tanto, la integrante del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC), Claudia Cesaroni, cambió el foco de la discusión y puso de relieve la actuación de la agente. “Una policía asesinada, un tipo que pasará la vida preso y cientos de voces vomitando odio y proponiendo como ‘solución’ las pistolas Taser, como si en este caso el problema fuera el tipo de arma y no el hecho de que haya sido tan fácil quitársela a la funcionaria”, escribió la abogada desde su cuenta de Twitter.
Acerca de este punto, la referente de Correpi afirmó: “Hay que discutir cuál es la capacitación y los criterios que deben aplicar los miembros de una fuerza de seguridad en casos donde visiblemente no hay una agresión armada. Este hombre pudo matar porque le sacó el arma a la policía”.
En cuanto a esta capacitación, Amnistía Internacional consideró que deben elaborarse protocolos públicos para utilizar las Taser. “Se debe garantizar que los agentes policiales que vayan a utilizarlas estén debidamente formados en el uso y en los riesgos que tienen, así como en las precauciones que deben tomarse para evitar dichos riesgos”, puntualizaron en su relevamiento, donde aclararon que “las armas de electrochoque no deberían utilizarse para el día a día de la actividad policial”.
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