Tras el pedido de postergación y la posterior autorización para que viaje a Brasil a disputar la ida de octavos por Copa Libertadores, la Justicia fijó para el 30 de junio próximo la declaración indagatoria de Sebastián Villa por la acusación de abuso sexual con acceso carnal a una joven en un country de la localidad bonaerense de Canning. Cabe recordar que la medida estaba, inicialmente, prevista para el viernes 24 de junio pero por el compromiso que debe afrontar Boca Juniors puso trabas en la causa.
El pedido, dispuesto ayer por el abogado del jugador, Martín Apolo, fue aceptado por la fiscal de Violencia de Género de Esteban Echeverría, Vanesa González. En el comunicado del representante legal del colombiano, se argumenta que el jugador tiene dos compromisos futbolísticos que "le impedirán presentarse" a declarar durante la jornada de mañana como estaba dispuesto.
Dicha determinación se basa en que, a pesar de la imputación que lo tiene como protagonista, Villa fue convocado por el entrenador de Boca, Sebastián Battaglia, para disputar el encuentro del próximo viernes a las 20.30 vs. Unión de Santa Fe por la Liga Profesional y también para el encuentro a jugarse en la ciudad brasileña de San Pablo, ante Corinthians, por la competencia más importante del continente.
Si bien tiene un impedimento judicial para abandonar el país, en el marco de otra causa que lo tiene como imputado por violencia de género contra su expareja, Daniela Cortés -sometido a juicio oral con fecha programada entre el 19 y el 21 de septiembre-, un juez correccional de San Martín le concedió una autorización especial para que viaje al país vecino. El abogado de la víctima, Roberto Castillo, había rechazado el pedido de Apolo.
Por otra parte, la fiscal González pidió también hora y fecha para realizarle al jugador de 26 años un informe psicológico con psicodiagnóstico como parte de los elementos de prueba reclamados por el juez de Garantías de San Martín, Javier Maffucci Moore. Cabe recordar que el magistrado rechazó el pedido de detención solicitado por la fiscal, el 7 de junio pasado, cuando resaltó que existía peligro de fuga, a la expectativa de pena que tiene el delito de entre 6 y 15 años de prisión no excarcelable. El juez se negó argumentando que la declaración de la víctima "no es prueba suficiente"; sugiriéndole que profundice la investigación.
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