Juicio contra Villa: la defensa y la querella recusaron al fiscal y a la jueza de la causa

Tras la postergación confirmada del juicio al futbolista Sebastián Villa, acusado de abuso sexual contra una joven de 27 años durante el 2021, que debía iniciarse el 1° de abril pasado, la defensa del jugador y la querella que representa a la particular damnificada recusaron al fiscal, Hugo Carrión y a la jueza a cargo del proceso, Lidia Moro. Según pudo confirmar a El Destape, ambas partes pidieron los apartamientos de la causa al cuestionar la "imparcialidad" mostrada a lo largo del proceso y debido a que la magistrada rechazó el pedido de los abogados para realizar la extinción de la acción penal.

"Ambas partes, la particular damnificada y la defensa, en el acto de la audiencia del 26 de marzo del 2024, recusamos al fiscal y a la jueza. Se cuestiona su imparcialidad en lo sucesivo ya que ante el acuerdo de las partes, se opuso", explicó a este medio el representante legal del delantero colombiano, Daniel De Mare. El abogado tomó el caso en enero pasado, luego del apartamiento de Martín Apolo, quien representó a Villa en la primera causa donde fue condenado por violencia de género.

Cabe recordar que la defensa del jugador rompió el silencio y dio detalles de la situación que puso un freno al proceso judicial que estaba atravesado por muchos cuestionamientos de las partes implicadas. Luego de estudiar la causa, planteó la posibilidad de evitar el juicio oral por dicha vía y se comunicó con la querella.

"Propusimos una salida alternativa, establecida por nuestro ordenamiento jurídico. Nos propusimos trabajar en miras a obtener la resolución definitiva del conflicto, siguiendo los propios lineamientos impuestos por el Tribunal Oral N° 4 de Lomas de Zamora, que invitó a las partes en una Resolución dictada a explorar una solución transaccional alternativa que ponga fin a las actuaciones", señalaron a través de un comunicado. "Poniendo a la mujer como protagonista y en el centro de la escena, conforme a los términos de nuestro ordenamiento logramos un Acuerdo Integral Transaccional para poner fin a la causa que ha afectado la vida tanto de Tamara (Doldán) como de Sebastián (Villa)", añaden.

Mientras que en un contexto repleto de planteos recusatorios, nulidades y recursos de apelación, sentenciaron: "Se presentó la cuestión jurídica ante el Tribunal marcando un verdadero precedente jurídico para la Justicia Argentina en la materia y se requirió la extinción de la acción penal. Llamativamente la Fiscalía interviniente, sin tener fundamento alguno, ni siquiera escuchó y respetó la voluntad de la propia particular damnificada".

A partir del cambio en la línea estratégica adoptada, comenzó la polémica y la guerra entre la Fiscalía y la representación de ambos implicados. En diálogo con este medio, De Mare señaló que habla constantemente con el abogado Roberto Castillo -representante de Doldán- y también que "es lógico" que Apolo no responda mensajes -en varias ocasiones El Destape intentó comunicarse sin éxito con él- ya que "con la postura que tenían estaban el lunes en juicio oral y probable condena", lanzó duramente.

Por otra parte, no dudó en mostrarse crítico con el fiscal Hugo Carrión, quien también había sido apuntado por la querella, la semana pasada. "¿Cómo puede ser que la propia Justicia no priorice a la mujer como centro de la cuestión? Que siendo una causa de instancia privada manifiesta su intención de darle por terminada, de no continuar, de no ser re-victimizada por la propia Justicia que enarbola la bandera de sus derechos por sobre todas las cosas...", se preguntó la defensa. Y sumó: "Se va a generar una enorme polémica porque la propia víctima de la situación se sienta ante el fiscal y el Tribunal y expresa y manifiesta su voluntad de terminar con todo esto. Luego escucha a Sebastián -presente en la audiencia vía Microsoft Teams- quien también, en alguna medida, fue víctima de una condena mediática anticipada sin existir condena judicial alguna de este juicio".

"Es una situación jurídica única la que se presenta, no hay antecedentes similares", remarcó De Mare; mientras que, al mismo tiempo, confirmó a El Destape que apelaron ante la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires -tras la confirmación de la Cámara de Apelaciones- la condena de la primera causa por violencia en perjuicio de la joven Daniela Cortés. "No tiene condena firme", señaló sin brindar opinión porque todavía debe analizar los detalles del caso.

La imputación que recae sobre el jugador colombiano es por el delito de "abuso sexual con acceso carnal", que prevé una pena de 15 años de prisión. Es importante señalar que ya pesa sobre él una condena de dos años y un mes por violencia de género contra su expareja; en caso de ser hallado culpable por segunda vez, ambas penas se unificarían. Actualmente, se encuentra fuera del país -ya que la condena era excarcelable- y forma parte del PFC Beroe Stara Zagora del fútbol de Bulgaria. 

¿Qué pasa con el juicio tras la postergación?

La audiencia preliminar se realizó, ante el Tribunal Oral 4, el 17 de octubre pasado y allí se fijó la fecha del debate oral para el 1° de abril. "Hasta acá, pruebas tampoco había pero no podemos analizar ya que el fiscal las iba a tener que presentar en el juicio.  Es una cuestión de altísima dificultad probatoria y sin la víctima, que con todo su derecho dio por finalizada su cuestión, no hay camino que no lleve a una absolución... Probablemente la Cámara de Apelaciones termine con este tema", dijo a este medio De Mare de cara al futuro.

Todavía no se sabe que ocurrirá, y la Cámara puede demorarse varios meses en tomar una decisión al respecto. Si bien se llevó adelante un acuerdo patrimonial en vía civil entre las partes, el fiscal Carrión dialogó con El Destape y sostuvo que "es deber del Estado argentino llevar adelante todos los casos de violencia de género", asegurando que "no hay forma de reparación en esto, porque cualquier vía alternativa que extinga la acción penal y que no sea efectivamente llevar a juicio, implica una violación del compromiso internacional de la República Argentina" en el objetivo de prevenir y erradicar la violencia contra la mujer.

La querella acusó al fiscal de "revictimizar de manera constante" a la denunciante y a su vez, cuestionó a la Justicia por no mostrar interés por la vida de las víctimas. Como respuesta, el fiscal aseguró que no revictimizó a la joven y tampoco la obligaron a asistir al proceso. Doldán sostuvo que no será parte del juicio y desde el Ministerio Público Fiscal señalaron que tampoco la perseguirán "si su voluntad es no estar presentar y no declarar"; razón por la cual deberán rever las pruebas para mantener la hipótesis del caso.

"Mi postura es respetar el compromiso internacional de las víctimas de violencia de género y violencia sexual. Es una postura jurídica, que tiene el aval desde el punto de vista constitucional, de la Fiscalía General y de la Procuración de la provincia de Buenos Aires", agregó Carrión la semana pasada. Al mismo tiempo se mostró sorprendido por las críticas realizadas por las partes y marcó que, a partir de ahora, será la cámara quien resuelva y defina finalmente la cuestión.

En diálogo con El Destape, la abogada Natalia Volosin se refirió al tema y manifestó que "es importante la no-revictimización" si la joven no quiere continuar con el proceso. De todas maneras, desde el punto de vista jurídico, marcó que "el abuso sexual es un delito dependiente de instancia privada pero no de acción privada, lo que quiere decir que el Estado no puede instarlo si no hay una instancia de la damnificada".

En este caso, la propia denunciante instó el delito, por lo que es "irrenunciable" y la víctima ya no dispone de ello debido a que se elevó la causa a juicio. "Una vez que la iniciaste, estás otorgando al Estado la potestad para que retome la misma postestad que posee en delitos de acción pública. Si el fiscal considera que el acuerdo de partes no es suficiente y no lo acepta, el juicio se tiene que hacer igual", a pesar de que no participe la particular damnificada o la querella.

De todas formas, puso especial énfasis en "atender la voluntad de la víctima" y si decide renunciar a su parte, subrayó que no debe participar. "No pueden obligarla a presentarse a declarar, como sí puede forzarse a un testigo. A la víctima no se la puede forzar, sería violar la ley y la Constitución. Eso no quiere decir que la víctima pueda disponer libremente de la acción pública, que es en lo que hoy se transformó este proceso", sentenció Volosin.