"Mi miedo era que los chicos grandes le vinieran a pegar. Yo le decía siempre: no te olvides lo de Fernando. No te olvides de lo que le pasó a él", contó Samanta Ferreyra entre lágrimas minutos antes de despedir los restos de su hijo Tomás Tello, quien fue brutalmente asesinado el 1 de enero en Santa Teresita por un grupo de al menos 9 personas. Fue en la playa, durante la temporada de verano, después de una noche de fiesta, en un "todos contra uno" que quedó grabado en cámaras de seguridad y celulares. El caso de Fernando Báez Sosa resuena como eco mientras los familiares se preparan para el entierro de este joven de 18 años. Sin embargo, bajo la lupa del derecho penal, hay más de una diferencia que podría desembocar en una investigación de resolución más rápida, de acuerdo a los expertos.
Tomás festejaba con sus amigos el Año Nuevo cuando fue perseguido por una decena de personas. Intentó escapar corriendo, pero fue interceptado por una patota que lo golpeó, hasta que uno de ellos le clavó un arma blanca en el tórax. Estaba solo. Fernando, en cambio, fue golpeado en grupo rodeado de sus amigos, después de un altercado que mantuvieron en el boliche. No hubo un arma homicida. Dos puntinazos en su cabeza, cuando estaba en el suelo, fueron mortales. No pudo recibir ayuda de sus amigos porque ellos también estaban siendo golpeados.
Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia.
"Fue una cacería. A tomás lo persiguieron y lo lincharon", definió esta tarde Ariel Rodríguez, abogado de la familia de Tomás. Más temprano, el fiscal de Dolores, Diego Escoda, confirmó que las calificaciones contra los 9 detenidos por el caso, incluidos dos menores, son por "homicidio agravado, con alevosía y concurso premeditado por dos o más personas". La misma carátula que se aplicó en el asesinato de Villa Gesell. La Fiscalía y los abogados de la familia entienden que hubo un plan organizado para matar a Tomás y que también se dividieron los roles entre las personas que participaron del crimen para matar al adolescente.
En total, son nueve los detenidos por el crimen de Tello. Siete de ellos son mayores de edad, entre los que se encuentra Avedis Kopelian (57), papá del principal imputado. También figuran Federico Gonzalo Brandon (22), Carlos Omar Amestoy (29), Roberto Nicolás de Jesús Ochoa (27), Darío Javier Espinosa (33) y Aram Kopelian (27), primo de "El Kope". Los otros dos son menores de edad, tienen 16 y 17 años, por lo que quedaron a cargo del fuero de responsabilidad juvenil.
Cuando llegó el primer parte policial, se habló de "homicidio en riña", aquella figura que el abogado de los rugbiers, Hugo Tomei, repitió hasta el cansancio para intentar morigerar la pena de sus defendidos. Duró apenas unas horas. César Albarracín, especialista en derecho penal de la Universidad de Buenos Aires, explicó a El Destape que está carátula "se aplica cada vez menos y que hasta tiene además problemas de constitucionalidad, en tanto establece que las penas son las mismas para todos cuando no se sabe quién es el autor". En su opinión, sin embargo, en este caso " no es una alternativa real desde lo jurídico. Son coautores funcionales. Lo que importa es el plan común la decisión común y la ejecución con división de roles: si uno da la puñalada, otro sostiene, el otro lo patea y el otro se inmoviliza se estima que son coautores".
Un acusado más complicado y un arma blanca: ¿perpetua para todos?
Juan Pablo Gallego, abogado catedrático y consultor internacional, estimó que "a grandes rasgos, en este comienzo de investigación parecerían ser más claros algunos agravantes en relación al caso Báez Sosa. En ese momento, había estado bajo un intenso debate la cuestión de la alevosía y la premeditación. Para Gallego, con el caso de Tomás "la premeditación está a la vista". "Tenés muy claro que es un grupo contra una persona. Está claro el autor material directo porque es el que apuñaló. Con Báez Sosa se discutió y se sigue discutiendo cuál puede haber sido el golpe mortal", comparó en diálogo con este medio. Como la causa de la muerte está directamente asociada a la puñalada, entonces "es más sencillo establecer la responsabilidad individual".
Esto tiene un punto a favor y otro en contra. Por un lado, que el actor principal del crimen esté identificado echa por tierra cualquier posibilidad de aplicar la figura de "homicidio en riña". "Ahora se habla de la autoría funcional, es decir, cuando varios generan un ataque y a consecuencia de ese ataque con una división de roles se comete un homicidio", sumó en ese sentido Albarracín. En el caso de Fernando, se veían videos adentro y fuera del boliche Le Brique donde había dos grupos, pero "acá se ve a una víctima completamente indefensa a la cual atacan con una suerte de venganza", según Gallego.
El problema es que este punto es también el que podrían utilizar los abogados defensores para negar sus roles en el asesinato. El abogado remarcó que "este podría ser un caso más claro de analizar, menos polémico que el de Báez Sosa, aunque hay que ver qué pasa con las participaciones necesarias o secundarias. Estas definirán la pena, que se estiman altas. A diferencia del caso de Fernando, se podrían diferenciar tres grupos para pensar en las penas: el que asesinó, los que se colocaron al par del que apuñala y contribuyen a cercarlo para facilitar el apuñalamiento y los que estaban más atrás. Así, podría haber una o varias prisiones perpetuas, penas de 15 a 25 años y otras menores.
Esa estrategia de la diferenciación ya la activó un grupo de acusados. Carlos Dieguez, abogado defensor de los tres detenidos que son familiares, planteó en Radio 10 que hubo en realidad dos peleas: una en la playa, en la que intervinieron sus defendidos y otra 300 metros más adelante, donde "se congregan entre 8 y 9 personas que nada tenían que ver con este primer grupo y la persona que se ve que le da la puñalada, quien había tenido un encono anterior también con este muchacho".
La "cuarta categoría": los menores de edad
Otro de los grandes interrogantes de la investigación va a estar relacionado con lo que decida la Fiscalía respecto a los dos menores detenidos. En el caso de Fernando Báez Sosa mucho se habló al principio de la investigación sobre el misterioso "undécimo rugbier": Tomás Colazo, que al momento del crimen tenía 17 años. Los fiscales decidieron dejarlo fuera de la investigación porque los videos lo mostraban que estaba con el grupo de agresores pero nunca golpeó.
"Acá con Tomás aparecen dos menores de edad acusados y, muchas veces, en esto tiene que ver más lo procesal que los hechos. Con Fernando, en su momento dejaron afuera al úndecimo rugbier porque esa parte la maneja la Justicia de Menores. Acá la hipótesis aparece duplicada porque hay dos menores pero no son autores materiales", estimó y adelantó que lo que se decida, muy probablemente, "marque cierta temperatura en este momento, cuando desde el Gobierno se vuelve a hablar de debatir la baja de al edad de imputabilidad".
El "odio por el barrio"
Los abogados Fernando Burlando y Fabián Améndola, representantes de la familia de Fernando Báez Sosa, pidieron a la justicia que se sumara un agravante por "odio racial" porque consideraban que detrás del ataque había también un acto discriminatorio. Algunos mensajes intercambiados entre los condenados y testigos habían dado cuenta de que al menos una vez se lo identificó a Fernando como un "negro de M*". Sin embargo, ese pedido no prosperó.
El abogado de los familiares de Tomás está apelando por una estrategia similar. En diálogo con la prensa, Rodríguez aseguró que "hay alevosía por el número de individuos involucrados, por el hecho de que una semana existió una reunión donde hubo un altercado" y también porque hay "evidencia de un plan estructurado por parte de los atacantes". Al referirse a la premeditación, afirmó: "Creemos que es una cuestión de barrio, de territorio. Era un grupo de personas que tenían algún tipo de encono personal con él por este tema". Por eso, intentarán sumar acá también la figura de "odio".
"Las imágenes evidencian una persecución cuando Tomás se escapa, lo persiguen, a partir de ahí la situación es de linchamiento, de participación grupal y funcional de una serie de individuos que tenían la intención de causarle daño y la muerte", enfatizó. La primera vez que prosperó la figura de "odio racial" fue en el crimen de Lucas González, el adolescente que fue perseguido y baleado por la Policía de la Ciudad en el marco de una persecución sin fundamentos.
Cerrar sesión