El fiscal federal santafesino Walter Rodríguez elevó un pedido a la Justicia solicitando que el Estado indemnice con celeridad a la familia de Natalia Acosta, la joven desaparecida desde el 29 de mayo del 2009, por considerarlo responsable directo en la "demora" de iniciar toda búsqueda para dar con ella. Natalia fue vista por última vez en la esquina de 25 de Mayo y Suipacha de la capital provincial.
A través de la presentación de un escrito, el fiscal argumentó la indemnización de la familia Acosta haciendo pie en la “falta de servicio” por parte del Estado al no actuar tras la denuncia de que Natalia, de 21 años, estaba desaparecida. Dicha denuncia fue radicada por sus padres, Ariel Acosta y María Cristina Balán, a las pocas horas de que se dieron cuenta de que algo no andaba bien.
El pedido de indemnización tras la inacción de la Justicia
“El fiscal me llamó para comunicarnos que la causa iba a ser archivada por el tema de que no había más material del cual poder agarrarse para buscar, y al comentarnos esto, nos dijo que él, por sus propios medios, sin nuestro consentimiento, había solicitado el pedido de resarcimiento económico, porque era algo que nos correspondía", cuenta Carmela Acosta, hermana de Natalia, a El Destape. "Nosotros nunca lo aceptamos (que se solicitara ese resarcimiento). Él decidió hacerlo por su cuenta. Nos dijo que nos correspondía y que era para poder ayudar en la búsqueda, también. Es para que no quede tan en la nada la causa", agrega. El monto no está establecido, aunque será definido por las autoridades actuantes en la causa.
La norma vigente en el 2016 determinaba que las autoridades públicas debían "extremar los recaudos para incorporar todas las evidencias pasibles de ser recogidas en las primeras horas y días posteriores al suceso". Sin embargo, si bien el teléfono de Natalia estuvo en poder de la justicia, no fue peritado hasta que la causa pasó a manos del fuero federal, es decir, ocho años después de haber sido obtenido por los investigadores.
Rodríguez apuntó que las demoras comenzaron desde el mismo día de la desaparición de Natalia, ya que "las autoridades policiales se limitaron" en su accionar al catalogar la causa como "averiguación de paradero", habilitando "un período de espera con la única alternativa de que la persona regrese por sus propios medios".
La investigación y su lodo
Natalia Acosta fue vista por última vez en la madrugada del 29 de mayo del 2009 en la esquina de 25 de Mayo y Suipacha donde ejercía la prostitución. Lo último que se supo de ella es que envió un mensaje de texto a su hermana menor, Carmela, a las 4.17 de la mañana, preguntándole si había ido a la escuela.
La investigación que llevó adelante el fiscal Rodríguez estableció que Osvaldo Cerri habría sido cliente de Natalia y ese día habría estado cerca de la joven de 21 años. Cerri fue convocado a declarar ante el juez Sánchez, el cual determinó que no había motivos para profundizar sus declaraciones.
Rodríguez, al leer los expedientes, no estuvo de acuerdo y observó que Cerri “brindó una versión plagada de inconsistencias y contradicciones, entrecruzadas con un parcial reconocimiento de su participación en el hecho investigado”, por lo que “hubiese merecido un tratamiento procesal distinto al adoptado por la entonces fiscal Cintia Gómez”. En uno de los dictámenes de la causa, enfatizó: “No puedo dejar de mencionar una situación central que pasó misteriosamente inadvertido para quien dirigía la investigación, cual es el expreso reconocimiento de Cerri en punto al traslado de femeninas en su vehículo particular, cuestión que hubiese merecido según mi criterio la modificación del tenor procesal bajo el cual se recibió su testimonio”.
Detrás de todo el proceso judicial, Carmela sí destaca el accionar del fiscal: "Por parte de Walter Rodríguez nosotros tuvimos mucho acompañamiento. Él, en todo momento que nosotros necesitamos, nos abrió la puerta. Fue muy atento, estamos muy contentos con él. Fue el único que trabajó en la causa, realmente". Por el contrario, cree que el comportamiento del juez Darío Sánchez fue "una tomada de pelo. Siempre nos vio la cara. No entiendo cómo nunca hizo nada" y no da lugar a dudas sobre su visión de la labor del magistrado: "A él nunca le interesó buscar a Natalia".
Del mismo modo, es contundente respecto al accionar de la institución policial: "En el día de la fecha, si yo me acerco a una comisaría y pregunto quién es la desaparecida Natalia Acosta, ellos no tienen ni idea. Lo mismo pasó el mismo 29 de mayo de aquel 2009, nunca nadie nos dio bola, muy poquitas personas", cuenta. Y aclara: "Las muy poquitas personas con las que estamos conformes fue con el trabajo de la concejalía federal. Anteriormente, la policía, el Juez Darío Sánchez, no trabajaron porque no quisieron. Algo pasó, algo había".
El teléfono
En aquel entonces, la policía provincial pidió un detalle de las llamadas entrantes y salientes del celular de Cerri. Si bien esa información fue entregada a las autoridades judiciales, ni el juez ni la fiscal entrecruzaron esos datos con los del celular de Natalia. De haberlo hecho, se habrían encontrado con que ambos aparatos estuvieron en la misma zona geográfica y en el mismo horario la madrugada del 29 de mayo del 2009.
Las pesquisas arrojan que Natalia hizo una llamada desde su teléfono a las 3:08 AM del 29 de mayo de 2009, que fue captada por la antena ubicada en Santiago del Estero 2645 de la ciudad de Santa Fe. Cerri recibió una llamada a las 3:20 que abrió la antena situada en calle Crespo 3346, es decir, a diez cuadras de Acosta. El empresario había declarado que durante ese día había viajado a la localidad de Angélica para visitar a su madre, pero su registro telefónico dice que estuvo en la ciudad de Santa Fe. Así y todo, el juez y la fiscal no volvieron a citar a Cerri para profundizar sus contradictorias declaraciones.
Según el fiscal Rodríguez, la no intervención del teléfono durante los años en los que estuvo a disposición del Poder Judicial, la falta de comprobación de los usos de la línea que contenía el teléfono o la triangulación vía entrecruzamiento de antenas o geolocalización, constituyen una falta grave en tanto a medidas que podrían haber sido tomadas y que sin embargo no se implementaron por las autoridades del fuero local que tenían a su cargo la causa: el juez Darío Sánchez y la fiscal Cintia Gómez. "Con un solo impacto de antena hubiese sido suficiente para disponer rastrillajes", dijo el letrado a medios de comunicación locales, a lo cual agregó el cuestionamiento de por qué no se hizo ninguna campaña mediática de porte para dar con el paradero de la chica.
El vínculo entre Acosta y Cerri se establece a partir de un ofrecimiento que este último le hace a Natalia para trabajar los días domingos en el bar Místico, un cabaret propiedad de Marcelo Boscarol, hermano del diputado provincial Alejandro Boscarol y del exlegislador ucerreista Darío Boscarol, quien por su paso por la diputación votó en contra de un proyecto de ley que buscaba la erradicación de cabarets y whiskerías en Santa Fe.
Osvaldo Cerri estaba en prisión preventiva desde 2017 y fue procesado por el juez federal Nº 2, Francisco Miño, por el delito de "captación" contemplado en trata de personas tras considerar que el acusado perpetró "actos persuasivos mediante el abuso de su situación de vulnerabilidad, engaño y coerción física con fines de explotación sexual". El hombre estuvo en prisión preventiva hasta el día de su fallecimiento casi dos años después, el 15 de abril de 2019, cuando en el anexo Nº 1 de la cárcel de Las Flores, falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio, siendo el único imputado de la causa. Tenía 58 años. Natalía habría tenido 34.
La familia entiende perfectamente, según le aseguraron a este medio, que carecen de elementos desde los cuales poder continuar con la investigación sobre el paradero de Natalia Acosta: "Estamos de acuerdo con que el fiscal tiene otros muchos trabajos y temas de los que encargarse. Nos cae mal por el hecho de que está todo parado, pero se sabe perfectamente de que la siguen buscando. Dentro de todo, lo tomamos bien", dice la joven, aunque saben que de aparecer cualquier pista, la investigación se reactivará "instantáneamente". Por su lado, la familia continúa con su búsqueda, aunque con escasos recursos y el acompañamiento de las organizaciones de derechos humanos.
Sus familiares planifican usar el resarcimiento que la justicia les brindará para poder ampliar el rango y los recursos de la búsqueda. La indemnización, según detallan, "en algún punto nos molesta, porque son 13 años (desde la última vez que se vio con vida a Natalia Acosta). Todo el mundo va a pensar que nosotros queremos plata y no es así. Lo único que queremos es a mi hermana y nada más". Por ende, han decidido destinar el monto a recibir en una campaña de visibilidad de la lucha por la aparición con vida de Natalia, a la cual se la ha calificado como una víctima del sistema de trata de personas.
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