La Iglesia Católica de San Juan prepara el pedido de expulsión que será elevado al Vaticano para que se concrete el pedido de dimisión clerical del sacerdote Walter Bustos, un sanjuanino que fue recientemente condenado por un caso de abuso sexual y que ahora enfrenta una nueva denuncia. Estuvo libre hasta la sentencia, aunque estaba siendo investigado por al menos tres casos de violencia sexual. La Iglesia no se había expedido al respecto, pero emitió un comunicado de repudio una vez conocida la primera sentencia condenatoria del sacerdote. La justicia busca esclarecer si se abrieron legajos administrativos.
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"Ante el fallo del Sr. Juez Dr. Víctor Muñoz Carpino, donde se condena al Padre Walter Bustos a una pena de un año y ocho meses de prisión condicional, este Arzobispado manifiesta su profundo dolor y solidaridad para con la víctima y su familia. Nos causa profundo pesar como Iglesia los hechos acontecidos, y que un hermano nuestro haya sido condenado por la comisión de un delito, con el consecuente escándalo que afecta a la comunidad sanjuanina", arranca el escrito.
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Además, destacaron que "se inició oportunamente un procedimiento penal canónico, el que se encuentra a la espera de la culminación de los procesos penales en curso ante los tribunales de la provincia, tanto esta causa, como la que se sustancia por la denuncia presentada ante la Justicia semanas atrás. Mientras tanto el sacerdote continúa suspendido en el ejercicio de su ministerio pastoral".
Por último, remarcaron: "Alentamos a tantos laicos, laicas, vida consagrada, diáconos y sacerdotes a seguir trabajando en la defensa y el cuidado de cada persona, particularmente los más vulnerables, acompañando al pueblo de Dios que peregrina en San Juan", de esta manera, la Iglesia dejó sentado, como lo establece el Derecho Canónico, que se inició el expediente para la destitución del sacerdote. Fue el obispo auxiliar, quién tomó las riendas y emitió la posición del Arzobispado".
Lo que ocurrió una semana después de conocida la sentencia sorprendió bastante. Un inesperado cruce entre el Arzobispado y el Ministerio Público Fiscal llegaría luego de un sorpresivo allanamiento en la iglesia.
Allanamiento y enojo en el Arzobispado
Pese a la respuesta del Arzobispado de anunciar el inicio de proceso de expulsión del sacerdote, los fiscales a cargo de la investigación por el presunto abuso sexual que realizó el sacerdote pidieron un allanamiento en el Arzobispado, el viernes último. Así fue como un grupo de investigadores llegó a la Casa de los Obispos en busca del legajo del sacerdote y de documentación que pudiera servir a la investigación.
Lo que la Justicia quiere saber es si existió un legajo administrativo contra el sacerdote cuando se conoció la primera denuncia en su contra hace años atrás.
El arzobispo de San Juan, Jorge Lozano, cuestionó la actitud de la Justicia por no haber solicitado antes la información. “Lamentamos que no se haya pedido la información previamente, sino que se determinara esta medida”, remarcó Lozano y aseguró: “alentamos a continuar trabajando en la defensa y cuidado de cada persona, especialmente de los más vulnerable”.
Ante el enojo de monseñor Lozano, hubo una respuesta inmediata por parte del Ministerio Público Fiscal. “Que el disgusto que expresa la autoridad religiosa por el procedimiento, seguramente se hubiese evitado poniendo, espontáneamente, a disposición de la investigación, la documental en cuestión, así como el testimonio de quienes tuvieron conocimiento de la ocurrencia de hechos relevantes. Creemos firmemente en la igualdad ante la Ley y en la necesidad de proteger a los vulnerables de un modo efectivo”, fue la respuesta contundente por parte de Eduardo Quattropani, el Fiscal General de la Justicia sanjuanina.
Cuál es el proceso de la Iglesia cuando un sacerdote es acusado de abuso
El rol de los obispos en el primer paso de la “situación administrativa” es clave en este caso del sacerdote Walter Bustos. Es por ello que Gustavo Larrazábal, el obispo auxiliar, emitió el comunicado sobre los pasos a seguir y no así el arzobispo Jorge Lozano.
En el llamado “dimisión del estado clerical” comienza el proceso de exoneración del sacerdote como ministro activo de la Iglesia. En este caso, cuando se conoce la primera noticia del presunto abuso, el obispo a cargo tiene la obligatoriedad de intervenir.
Según lo establece el protocolo, lo primero que debe hacer la Iglesia es dirigir su apoyo y su mirada de contención a las víctimas y solicitar a la Justicia que blanquee la situación. La investigación canónica acompaña, así, el paso clave de la justicia al respecto del fallo contra el acusado. En este caso, que hubo condena y pena deberá esperar a que esa sentencia quede firme para solicitar su exoneración definitiva al Vaticano.
“El sacerdote no ha recibido ninguna notificación sobre su situación. Sí está suspendido, así continuará. No se puede esperar una resolución oficial de la Iglesia hasta tanto la condena no quede firme en el fuero penal”, explicó la abogada que representa a Walter Bustos, Sandra Leveque, a El Destape.
Las denuncias que acumula Bustos
El 28 de agosto de 2017 una denuncia llegó a la Fiscalía y quedó a cargo de la doctora Marcela Torres. La denuncia aseguraba que un menor de edad había sido víctima de abusos sexuales reiterados propiciados por el sacerdote Walter Bustos.
La detención del sacerdote llegaría un año después, en septiembre de 2018, cuando el cura párroco estaba en la parroquia de Angaco, una localidad ubicada a 23 kilómetros al Este de San Juan.
Los pobladores no tardaron en hacer sentir su condición y, en gran medida, apoyaron al sacerdote. Sin embargo, las pruebas que en algún momento fueron presentadas por la querella eran sólidas para el juez que impulsaba la investigación, en aquel entonces.
Lo que se conoció en ese momento, tenía que ver con una denuncia realizada por un familiar directo. La víctima sería un sobrino y ahijado, de 15 años. El chico sostuvo en su declaración que lo había abusado durante 4 años.
La defensa del sacerdote fue concreta y apuntó contra la familia. Lo que sostuvo, y sostiene hasta ahora, es que el sacerdote tuvo problemas con allegados por cuestiones personales y que, por venganza, impulsaron una denuncia en su contra.
Con el correr de los días, el juez Guillermo Adárvez sentó su postura y procesó al sacerdote por abuso sexual, pero a la primera denuncia le sumaron otras dos, que fueron impulsadas por la misma parte querellante.
El procesamiento fue por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante, una calificación que, pasados los años, no pudo sostenerse. Aunque Bustos había quedado detenido el 31 de agosto de 2018 terminó por recuperar su libertad. Lo que ocurrió fue que, aquella demanda contra el ministro eucarístico terminó por bajar sus agravantes y su naturaleza en primera instancia.
El sacerdote fue llevado a juicio por sólo dos causas, ya que una no fue sólida para los investigadores y se cayó en el camino. Sobre esas dos causas, el cura se sentó por primera vez en el banquillo de los acusados, en abril de 2023. Pese a que había prometido romper el silencio en aquel momento, no prosperó porque se quebró en medio de su declaración.
Al sacerdote se lo estaba acusando de abuso sexual simple agravado por el daño a la salud mental y física de la víctima. Sobre este punto, versó el pedido de 9 años por parte de la Fiscalía, por los traumas y el daño mora. En una de esas causas el sacerdote quedó absuelto por el beneficio de la duda.
Sobre la otra denuncia el cura recibió un fallo contundente: un año y 8 meses de prisión condicional. Con esta premisa el sacerdote debería seguir en libertad. Lo que no vio venir Bustos fue que, antes de esa resolución, una nueva denuncia caería en su contra. El 17 de mayo, el cura fue nuevamente detenido por un testimonio que llegaría de un feligrés en la ciudad de Jáchal.
Para la defensa se trata de una nueva "peripecia" contra el sacerdote, incluso sostienen que hubo intención de dañar su reputación con dinero. Esto quiere decir que "alguien" le pagó a la víctima para que invente su testimonio.
El miércoles último, se realizó una nueva audiencia clave para el cura ya que su representante Leveque pidió su libertad, pero no lo consiguió. El juez Diego Saenz consideró que no existen elementos nuevos que quiten la sospecha sobre el sacerdote y continuará la investigación. “Le pedí al fiscal de la causa (el doctor Panetta Sopelsa) que permitiera la diligencia de dos testigos, pero dijo que no porque no es el momento”, explicó la defensa, pero el juez hizo lugar a uno de esos pedidos.
Esta última causa tendrá mayor celeridad en su conclusión ya que ingresó a través del Sistema Acusatorio Oral, por lo cual – tal como lo indica el Código de Procedimiento Penal – el tiempo de investigación es menor al año.
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