Más de 200 organizaciones enviaron a la Cámara de Diputados y al Senado una nota en defensa de la Ley de Salud Mental, en la que advirtieron que una eventual reforma de la norma "podría significar un grave retroceso en la protección y promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad psicosocial" y "comprometería la responsabilidad internacional del Estado por violación de los compromisos asumidos”.
La carta que además reclama acciones que garanticen su plena implementación está firmada por asociaciones de derechos humanos, de usuarios y usuarias del sistema, familiares, colegios profesionales, cátedras universitarias, dispositivos de salud e inclusión comunitaria, entre otras.
Entre quienes suscriben se encuentran organizaciones que vienen realizando una campaña por la plena implementación de la ley N° 26.657, como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI).
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“La Ley Nacional de Salud Mental fue sancionada en el año 2010 y constituyó un hito en la materia para nuestro país. Su tratamiento parlamentario implicó un amplio debate intersectorial e interdisciplinario que tuvo como resultado un extendido consenso entre las diferentes fuerzas políticas, que se reflejó en su aprobación por unanimidad en ambas cámaras”, indicó el texto.
También señaló que las disposiciones de la norma “se encuentran reforzadas por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, tratado internacional con jerarquía constitucional en Argentina desde 2014”. Su aprobación dejó atrás el modelo manicomial, marcado por violaciones flagrantes de derechos, para sustituirlo por uno que asegure la atención de la salud mental de acuerdo a los avances científicos en la materia, promueva la inclusión comunitaria y garantice los derechos humanos de las personas con discapacidad psicosocial.
Los cuestionamientos a la Ley de Salud Mental se reavivaron durante las últimas semanas a partir del gran despliegue mediático en torno de la internación psiquiátrica del hijo de Roberto Pettinatto, Felipe (29), tras sobrevivir al incendio del departamento donde se encontraba presuntamente transitando una crisis en presencia de su neurólogo, quien falleció en el siniestro.
En este contexto, la madre del cantante Santiago "Chano" Charpentier (40), Marina, se sumó al reclamo de la familia Petinatto por la reforma de la ley alegando su supuesta ineficacia e impracticabilidad, a partir de la experiencia con su hijo que en 2021 perdió un riñón y el bazo por una bala policial durante un brote y hace unas semanas fue nuevamente internado por una recaída en el consumo problemático de sustancias.
"Resulta fundamental que se avance en la plena implementación de la ley 26.657. Para lograrlo es fundamental que el Congreso Nacional, al momento de discutir la ley de presupuesto, garantice un aumento de los recursos financieros dirigidos a las políticas de salud mental y adicciones a los fines de cumplir con lo estipulado por la ley, que establece que, como mínimo, el 10% del presupuesto total de salud debe asignarse a las partidas destinadas a salud mental”, afirmaron.
“En definitiva, frente a una realidad que demanda acciones y soluciones concretas por parte del Estado nacional y los estados provinciales, consideramos que las respuestas deben orientarse a fortalecer la implementación de la Ley y la adopción de normativas más protectoras de los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud mental", concluyeron.
Con información de Télam
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