Hace más de seis meses que el gobierno de Gustavo Bordet mantiene frenada la Ley de Enfermería en esa provincia. Los gremios del sector hablan de falta de voluntad política. Sin embargo, desde la cartera sanitaria provincial resaltan lo contrario: hay vocación de reglamentar la norma, pero dentro de la responsabilidad propia de quien tiene que administrar recursos de una provincia en una época de crisis.
"De ninguna manera falta voluntad política. Nuestro gobernador fue quien escuchó el reclamo de los enfermeros y tomó la decisión de apuntalar la ley, ya sea desde lo legislativo en una primera instancia como desde lo ejecutivo luego. No hay ninguna excusa y no tenemos intenciones de dilatar la reglamentación. Lo único que solicitamos fue tiempo para que el ministro de Economía pudiera hacer un análisis de la viabilidad de la norma", destacó en comunicación con El Destape, Sonia Velázquez, ministra de Salud de la provincia. La titular de la cartera sanitaria recalcó que "el diálogo jamás se cortó", pero que la gestión de Gustavo Bordet no quiere aventurarse a reglamentar algo que después no se pueda cumplir: "Entendemos la expectativa, pero acá hay que administrar una provincia, con recursos que son limitados, en un contexto de altísima inflación y en una crisis. No podemos prometer algo que después no vamos a cumplir. Jamás lo hicimos y no lo haremos ahora".
Velázquez conoce bien el trabajo de los enfermeros. Ella misma trabajó durante muchos años en servicios de la provincia, especialmente en el Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná, incluso durante la crisis política, económica e institucional de 2001, cuando no había siquiera insumos esenciales. "Desde el Ministerio hemos brindado siempre apoyo y herramientas. No solo respaldamos la ley, sino que además rápidamente nos mostramos a favor de su reglamentación. Lo único que pedimos fue un poco de tiempo para que el ministro de Economía pudiera ver en detalle cómo operativizar la norma, teniendo en cuenta además que ya estamos a mediados de año, con un presupuesto aprobado y una hoja de ruta trazada", explicó.
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"De ninguna manera falta voluntad política", advirtió la ministra de Salud de Entre Ríos, Sonia Velázquez.
El 27 de octubre de 2021 la Legislatura entrerriana aprobó la Ley de Enfermería. La norma, un reclamo de larga data del sector, vino a regular las condiciones de trabajo de los enfermeros de toda la provincia, a la par de reconocer su formación y su capacitación, mejorando su status como empleado sanitario y estableciendo el marco de la carrera de esa disciplina para el personal que realice actividades específicas en el ámbito del Ministerio de Salud. El régimen, además, determina el vínculo laboral entre el Estado y trabajadores, fijando disposiciones de ingreso, permanencia, promoción y egreso.
La ley, que tuvo su primera parada en el Senado y su sanción definitiva en la Cámara de Diputados, fue empujada especialmente por las organizaciones que nuclean a enfermeros, así como trabajadores autoconvocados y sindicatos. Luego de años sin respuestas, encontraron finalmente eco en los pasillos de la Casa Gris y fue celebrada como una victoria para un sector cuya relevancia fue puesta de manifiesto, nuevamente, con la pandemia de coronavirus. La normativa crea una Dirección de Enfermería en el Ministerio de Salud, para organizar y planificar los servicios del sector en los efectores entrerrianos; y fija una escalafón compuesto por cinco tramos: en el A, auxiliares de Enfermería; en el B, enfermeros; en el C, Licenciados en Enfermería; en el D, especialidades de Enfermería reconocidas con título de grado; y E, Magíster o Doctor en Enfermería.
El texto, en su artículo 17, crea una Comisión de Asesoramiento de la carrera, para evaluar los resultados de la ley, velar por su cumplimiento, proponer su reglamentación y asesorar sobre aspectos relacionados. Ese ente está compuesto por integrantes del Ministerio de Salud, de la Asociación de Enfermería y de los gremios. Y fue justamente la que, a fines de 2021, comenzó a reglamentar la norma. Para ello, había 180 días. Sin embargo, en los últimos meses, se registraron trabas en algunos apartados, especialmente en aquellos dedicados a lo económico, puntualmente en lo que hace a lo salarial. Como consecuencia, la Ley de Enfermería aún no se puede aplicar en su totalidad, y desde el sector reclaman mayor celeridad.
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"Yo no hablaría de respuestas, hablaría de excusas. Veníamos trabajando bien, reglamentando punto por punto la ley hasta que llegamos al ítem salarial. Ahí encontramos un escollo y no tenemos respuestas por el momento", apuntó a El Destape, Carina Domínguez, secretaria Gremial de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), uno de los gremios que lleva adelante el trabajo de establecer las condiciones de la ley. Y agregó: "Esta ley es la consecuencia de la una larga lucha, que nos tuvo en las calles, en la Legislatura y en muchos lugares más solicitando nada más ni nada menos que el reconocimiento del trabajo que día a día hacen miles de personas en hospitales y centros de salud. Acá no hay que inventar nada, está la ley, está el articulado y hay que reglamentar".
Domínguez apuntó que, llegado el momento de discutir lo relacionado con lo salarial, desde el Ministerio de Salud les indicaron que todo dependía del Ministerio de Economía, en tanto cartera que administra los recursos de la provincia. "Nosotros pedimos que haya más celeridad, que la ministra de Salud hable con el titular de Economía y den una respuesta. Por la positiva o por la negativa, pero una respuesta al fin", describió. Asimismo, agregó que el tiempo para la reglamentación ya expiró: "Eran seis mes, pero en cualquier momento la ley va a cumplir un año y seguimos sin que los enfermeros cuenten con un respaldo legal que les asegure estabilidad, tranquilidad, reconocimiento y un sueldo digno y acorde a su trabajo". Para finalizar, Domínguez apuntó: "Nosotros tenemos vocación de diálogo, siempre la tuvimos. Pero acá lo que está faltando es voluntad política para avanzar en su aplicación. Todos sabemos que, sin eso, una ley, por más aprobada que esté, es letra muerta".
El artículo de la discordia es el 21. Allí, la norma establece los conceptos salariales, que son cuatro: asignación de la categoría; complemento mayor horario de enfermería; bonificaciones y compensaciones. Dentro del tercer punto se dispone el reconocimiento de antigüedad, función jerárquica, riesgo, horario atípico, zona desfavorable, full time, tipo de título -licenciado, especialista, magíster o doctor-, prolongación de jornada, guardia pasiva y responsabilidad profesional. Dentro del cuatro item, se compensa el traslado del agente; el traslado afuera de la provincia y el desarraigo en caso de función jerárquica. En otras palabras, se establece aquello que debe percibir un profesional sanitario por el trabajo realizado en sus diversas formas, dentro de un rubro dinámico y, en ocasiones, agotador.
La norma, en total, cuenta con 68 artículos y uno de forma. Abarca no sólo el escalafón y lo salarial -demandas históricas- sino que también concursos, un régimen disciplinario y un régimen jubilatorio. Es una ley integral, que hoy aguarda su reglamentación definitiva para entrar en vigencia de forma completa.
Mabel Varisco es la jefa del Área de Cirugía de Tórax y Vascular del Hospital San Martín de Paraná, el más grande de la provincia. Durante la pandemia fue jefa del Área Covid, una de las que más actividad, naturalmente, tuvo en los últimos dos años. Pese a que hace siete años ocupa un cargo jerárquico, no cobra por su función. Integra la comisión que reglamenta la ley, en representación de la Asociación de Trabajadores del Estado -ATE- y dialogó con El Destape, luego de una reunión clave que mantuvo el espacio con el Ministerio de Salud en las últimas horas. "Venimos trabajando desde diciembre. Hicimos una reevaluación de todo para hacer una presentación final. Pero sigue sin resolverse el tema de los tramos, que es competencia del Ministerio de Economía", indicó Varisco. Y apuntó: "Nosotros presentamos un bosquejo por tramos, respetando lo que se está pagando ahora a auxiliares, enfermeros y licenciados. Hay un promedio de 33% del básico por título, que buscamos ampliar a especialistas, magísters y doctores, respetando el porcentaje. Y dentro de cada tramo, las categorías. Para el Estado no significa una gran suma. Es un 30% de 20 mil pesos, a pagar en 10 tramos. No son números desorbitantes".
La enfermera señaló que otro pedido clave es el reconocimiento de funciones: "Lo se está abonando es irrisorio. Yo hace siete años cumplo una y no cobro un centavo. También la responsabilidad profesional y otros items que ya le pagan a los demás empleados estatales, pero al personal de salud no. Junto a ello, hacer un reordenamiento de la carrera, porque la norma vigente es de 2004, pero que ya ha quedado obsoleta. Ha habido un avance en la profesión". Varisco subrayó que lo salarial es sólo uno de los temas a discutir: "Buscamos una mejor organización, que se pueda concursar en centros de salud, que se reconozca a quienes trabajan full time y el desarraigo. Son muchas pequeñas cosas que, puestas una al lado de la otra, hacen una gran suma".
Pese a que la profesional reconoció que el Ministerio de Salud "hizo lo que correspondía", se mostró decepcionada por la falta de respuestas desde la cartera económica. "No sabemos si no hay voluntad o si están especulando con los tiempos políticos, pero sí estamos seguros de que no estamos pidiendo nada que el Estado no esté en condiciones de abonar", cerró.