La Ley Nacional de Salud Mental (LNSM) volvió a estar en el centro de las discusiones luego de un hecho ocurrido la semana pasada en el departamento de Felipe Pettinato, hijo del conocido conductor Roberto Pettinato. Allí, un incendio produjo la muerte de Melchor Rodrigo, íntimo amigo de Felipe. El hecho está caratulado como “averiguación de causa de muerte e incendio”, y lo poco que se sabe hasta el momento es que el siniestro no fue ocasionado por un desperfecto técnico ni por un cortocircuito. Desde ese momento, Felipe Pettinato permanece internado en una clínica psiquiátrica.
Su hermana, la periodista Tamara Pettinato, se refirió a este episodio en su programa de radio y criticó duramente a la Ley de Salud Mental ya que, según señaló, “si fuera de otra manera, se podría haber evitado”.
Algo similar ocurrió el año pasado, cuando el músico Chano Carpentier, en medio de una crisis agredió a su madre y atacó con un cuchillo a un efectivo de la Policía Bonaerense que había sido enviado al lugar. Como resultado de este episodio, el músico terminó internado con un disparo en el abdomen.
¿El problema es de la ley o de su aplicación?
En diálogo con El Destape, el médico psiquiatra y expresidente de la Asociación de Psiquiatras Argentinos (APSA), Santiago Levin aclaró que —contrariamente a lo que dicen algunos profesionales de la salud y repiten muchos medios de comunicación— con esta ley es posible internar a una persona en contra de su voluntad. “Se hace y luego se informa al juez. Lo que sucede es que allí entramos en una zona en la que no todo funciona como debería. Las fuerzas de seguridad pueden cooperar o no, la ambulancia puede cooperar o no, el juzgado de turno puede atender o no. En el caso ideal, se puede acceder a realizar una internación involuntaria”. El especialista aseguró que el problema es el desfinanciamiento que existe en el sistema y un Estado que no termina de estar presente de los modos que la sociedad requiere para una atención cabal de la salud mental. Por eso, considera que se incurre en “una enorme simplificación y equivocación” cuando se cuestiona la ley luego de que tome relevancia una desgracia protagonizada por algún personaje famoso.
“Si tuviéramos que pedir modificaciones, serían en el sistema de salud, especialmente dentro del terreno de la salud pública. Desde su sanción, la LNSM indicó un camino a seguir, que es el de la construcción de una red de instrumentos intermedios entre la internación y la externación que no se ha terminado de construir. Estamos muy atrasados en ese camino. Si existieran residencias asistidas, casas de medio camino, acompañamiento terapéutico, equipos interdisciplinarios en todos los hospitales generales, equipos de intervención de urgencia, una capacitación de las fuerzas de seguridad, una contundente política sanitaria de prevención de los padecimientos mentales, de las adicciones, etc., se podrían prevenir muchas situaciones desgraciadas. El problema es que cuando el sistema está mal organizado y desfinanciado, estos asuntos terminan estallando cuando ya es demasiado tarde”.
En esa línea, la psicóloga especializada en Salud Pública con orientación en Salud Mental, Alicia Stolkiner, resaltó que si el sistema funciona mal es porque no se termina de implementar la ley. La responsabilidad va “desde profesionales de la salud que dicen, inclusive en los medios, que la ley no permite internaciones involuntarias hasta entidades gubernamentales que no le han dedicado a la ejecución de la ley los recursos que la misma reglamentación de la norma planteaba”, cuestionó Stolkiner.
Y agregó que hay muchos intereses corporativos y políticos que buscan dar de baja la ley. “Esto implicaría volver a generar una situación de discriminación contra personas con problemas psíquicos y está ligado con los movimientos que buscan volver para atrás sobre derechos adquiridos. Volver al modelo manicomial, que permite pensar que un sector de la sociedad, por su diversidad, debería estar encerrado”
¿Qué dice la Ley Nacional de Salud Mental?
La ley establece dos tipos de internaciones, la voluntaria y la involuntaria. “La internación es considerada como un recurso terapéutico de carácter restrictivo, y solo puede llevarse a cabo cuando aporte mayores beneficios terapéuticos que el resto de las intervenciones realizables en su entorno familiar, comunitario o social. Debe promoverse el mantenimiento de vínculos, contactos y comunicación de las personas internadas con sus familiares, allegados y con el entorno laboral y social, salvo en aquellas excepciones que por razones terapéuticas debidamente fundadas establezca el equipo de salud interviniente".
La internación debe ser lo más breve posible, en función de criterios terapéuticos interdisciplinarios. Tanto la evolución del paciente como cada una de las intervenciones del equipo interdisciplinario deben registrarse a diario en la historia clínica. En ningún caso la internación puede ser indicada o prolongada para resolver problemáticas sociales o de vivienda, para lo cual el Estado debe proveer los recursos adecuados a través de los organismos públicos competentes.
Para las internaciones involuntarias, la norma establece que “debe concebirse como ‘recurso terapéutico excepcional’ en caso de que no sean posibles los abordajes ambulatorios, y sólo podrá realizarse cuando, a criterio del equipo de salud, mediare situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros.
La LNSM se enmarca en un nuevo paradigma mundial emanado de Naciones Unidas que es el de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, del año 2006. Por otra parte, este paradigma también está plasmado en el Código Civil y Comercial, sancionado en el 2015. Levin detalló que “ese nuevo paradigma nos pide que intervengamos lo menos posible en los casos de descompensación porque se considera que la persona, aunque tenga una discapacidad aguda transitoria, debe tener la mayor autonomía posible. Pero las dificultades en la atención de la urgencia en salud mental no son un problema de la ley en sí, sino del acuerdo general necesario en el terreno de la salud pública sobre cómo se tratan estas urgencias”.
“Por otra parte, es necesario decir que en este contexto, el o la psiquiatra que interviene en estas urgencias queda desprotegido o desprotegida porque en el terreno civil se le pide que intervenga lo menos posible para no afectar la autonomía de la persona con una discapacidad y en el terreno penal se le reprocha no haber hecho más para evitar un daño. Entonces muchas veces queda encajado entre dos océanos y tradiciones diferentes que les piden cosas diferentes”, añadió.
Con el foco en la prevención
Para Levin, el foco no debe estar tanto en la LNSM sino en el funcionamiento del sistema y en la prevención. “Necesitamos volvernos a preguntar qué es lo que está haciendo falta para que las situaciones de mayor urgencia sean atendidas como corresponde y para evitar que gran parte de estas situaciones que llegan a estos límites puedan ser atajadas antes”.
“Más que volver a mirar la ley, necesitamos llegar a un nuevo acuerdo con jueces y juezas de los distintos fueros, con los creadores, creadoras, financiadores y financiadoras de políticas sanitarias y de planes de salud para volver a discutir cómo se atienden los casos de urgencia, cómo se hace prevención y dónde se tiene que hacer la atención de los cuadros de descompensación mental. Además, se necesitan institutos especializados porque muchas veces los casos urgentes más complejos son rechazados en los hospitales generales”, sintetizó.
Por último, Levin sostiene que en el campo de la salud mental en Argentina falta muchísimo camino por recorrer: “Por más de que se estén haciendo cosas en las 24 jurisdicciones sanitarias que existen en el país, que funcionan de manera independiente, el sistema en su conjunto es insuficiente, hace agua por todos lados y está atrasado”.
Cerrar sesión