Una familia salteña estaba considerando inscribir a un niño en el Instituto Timoteo en Cerrillos, Salta, que "trata a sus alumnos de acuerdo con su sexo al nacer". En esta línea, acudieron al Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) tras considerar que "se están vulnerando los derechos de las personas", según Verónica Geipel, tía del niño.
"¿Usted acepta que traten a su hijo o hija de esta manera? Si en el futuro usted o su hijo o hija decide que quiere ser tratado de una manera distinta, no de acuerdo con su sexo al nacer, ¿se compromete a trabajar con la institución para buscar un pase?", plantea la solicitud de consideración de nuevos alumnos para 2022 del colegio cristiano evangélico ubicado en el barrio 2 de Abril.
A las claras, el documento emitido por la institución generó malestar e indignación en una familia que estaba analizando inscribir a un niño. "Cuando leímos el formulario de inscripción nos llamó mucho la atención que se enfoque sobre cambiar de institución a una persona que se autopercibe diferente de su sexo biológico", relató a El Tribuno Verónica Geipel, tía del niño.
A partir de esto, decidieron acercar su reclamo al Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) ya que, como sostuvo la mujer "se están vulnerando los derechos de las personas, especialmente de los niños y niñas".
Pero eso no fue todo ya que el formulario además indaga, innecesariamente, sobre la composición de la familia de los niños o niñas, solicitando, por ejemplo, el nombre de "padre y madre" e incluye un casillero en el que se debe informar si están casados, si conviven sin estar casados o si están separados.
Desde el Inadi de Salta, el delegado Gustavo Farquharson confirmó que recibieron la denuncia que fue emitida al ministerio de Educación salteño. Al momento, ni la cartera ni el colegio dieron ningún tipo de respuesta. "A la familia le pareció muy molesto y chocante encontrar estas preguntas. Eso significó la decisión de no inscribirlo. Nos consultaron, denunciaron y nosotros intervenimos para hacer el trámite administrativo", explicó Farquharson.
"Se hizo el traslado a la institución denunciada pero además al Ministerio de Educación de Salta para que arbitre los medios para la efectiva aplicación tanto de la ley 26.743 de identidad de género, que data de 2012, como de la ley 26.150 de Educación Sexual Integral, que data de 2006, en todos los establecimientos educativos tanto públicos como privados", detalló.
Pareciera que, aún, hay que repetir que las instituciones privadas deben adaptarse a las leyes vigentes así como que que no pueden utilizar el "derecho de admisión" para discriminar. "Nadie puede sufrir ningún tipo de discriminación por su color de piel, su aspecto físico, orientación sexual o identidad de género, justamente la ley 26.743 reconoce y garantiza este derecho. Quien tiene la responsabilidad de hacerla cumplir es el Ministerio de Educación, que no lo está haciendo", recalcó el funcionario.
Sucede que en Salta no es la primera vez que se hace patente la discriminación por cuestiones de género dado que, en julio pasado, el Inadi dictaminó que hubo discriminación en un secundario privado de Salta donde primero le llamaron la atención a un alumno por usar una pulsera con los colores que representan la lucha por la diversidad sexual y luego sancionaron a compañeros que hicieron publicaciones en las redes sociales para apoyarlo.