Rosario: la ciudad que se debate entre la furia y los pobres corazones

Rosario define a la argentinidad en gran proporción: cuna de la bandera nacional, del Che Guevara, del último campeón del fútbol nacional, del mejor jugador de fútbol del mundo y de uno de los primeros exponentes del rock local como lo es Lito Nebbia. No obstante, la alegría de tener tantos honores se ve opacada por la vertiginosa transición del luto al temor que experimentan los vecinos de las barriadas por el avance del narcotráfico.

Luego del asesinato a balazos de cuatro trabajadores prestadores de servicios -tres de ellos, públicos- entre el martes 5 de marzo y la noche del sábado 9 de marzo, una lúgubre banderola prometiendo más crímenes, varias notas amenazantes contra el gobernador Maximiliano Pullaro y su ministro de Seguridad, Pablo Coccocioni, las calles de la tercera ciudad del país se volvieron nerviosas, se apagaron.

Volver del trabajo después de las 19 es todo un evento para aquellas personas que viven más allá del cuadrante enmarcado por las avenidas Francia y Pellegrini y el río Paraná. Los bares dejaron de sacar sus mesas a la vereda y hasta incluso los comedores populares comenzaron a usar grupos de WhatsApp para comunicarse con sus comensales y que no se expongan a esperar en la puerta.

La pomposidad con la que las autoridades nacionales anunciaron el desembarco de las fuerzas de seguridad federales quedó sólo en los anuncios. En muy económicas cuotas, los efectivos de gendarmería y policía se presentan en esquinas puntuales, si es que se bajan de los pocos patrulleros que se han visto en las “zonas calientes”, como se las ha denominado en las expresiones oficiales. No obstante, hubo diferentes allanamientos en varios puntos de la ciudad que resultaron en la detención de 16 personas. Todo sabe a poco.

Los barrios en soledad

Un viaje de 20 minutos en colectivo alcanza para poder recorrer las escasas cuadras que separan la oxidada elegancia del centro rosarino para llegar a los barrios donde las intensas lluvias -que marcaron de alguna manera el fin de la violencia lesiva en la ciudad- inundaron, enlodaron y llenaron de mosquitos las casas, las plazas y las esquinas.

“Hay mucho temor en toda la ciudad en general. Estamos todos con mucho miedo”, dijo a El Destape Lorena, una de las referentes de Villa Banana, emblemático barrio popular ubicado al oeste que después de las 18 horas se apaga como una vela. Todos los vecinos cierran sus portones y se ocultan en sus casas. En Rosario, el sol protege de las balas, más la noche invita al sacrificio. “Todo el mundo se tiene que ir temprano a dormir. En el jardín donde trabajo se difundió un mensaje que decía que las maestras fuéramos a trabajar sin guardapolvo” porque, contó Lorena, creen que pueden volverse blanco de gatilleros.

“Tenemos todo: inundación, dengue, inseguridad. Hubo mucho miedo, hasta pánico”, sostuvo a El Destape Osvaldo Lalin, presidente de la asociación vecinal de Empalme Graneros, uno de los barrios más castigados por la violencia armada durante los últimos años. Lalin contó con voz quebrada que los vecinos vivieron tres días de inundaciones. Salieron del cobijo antibalas de sus casas para ayudar a sus colindantes, algunos a quienes el agua les llegó por arriba de las rodillas.

Conforme la distancia con el centro de Rosario aumenta, crece la precariedad de la vida en general: no existen las cloacas, los colectivos tienen peores frecuencias - si es que llegan a los barrios-, algunas villas están conectadas de forma irregular al cableado eléctrico por lo que el riesgo de electrocución es alto. “Se vivió una semana con mucha presión y mucho pánico. Los dispensarios de salud estaban cerrados, no había transporte, los pocos negocios que abrieron lo hicieron con la puerta entreabierta como en pandemia y aparte el pánico invadió el barrio”, contó el vecinalista. Los rumores corrieron como reguero de pólvora entre los grupos de WhatsApp y los nerviosos cuchicheos de los pocos vecinos que se encontraban en las veredas mientras hacían un veloz mandado.

Empalme dejó de preocuparse por las balaceras y los sicarios para enfocarse en el agua que no dejó de caer desde el domingo que finalmente murió Marcos Daiola, el colectivero de 39 años atacado en una de las paradas del trolebús K la tarde del jueves anterior. En todos esos días, el anuncio de la llegada de las fuerzas federales no dejó de ser eso para los vecinos: sólo anuncios. “Este domingo aparecieron los primeros patrulleros. Estoy viendo pasar camionetas de la policía de Buenos Aires, que no veía patrullajes desde hace un año, con la muerte del chico ese en la puerta de un búnker”, dijo Osvaldo en referencia a Máximo Jerez, un niño de doce años asesinado a tiros en una balacera en el barrio Los Pumitas hace 13 meses, un 5 de marzo del 2023.

“Antes las personas iban a las dos de la tarde para esperar a retirar la comida. Ahora no, les avisamos por un grupo de WhatsApp con los vecinos que van a buscar la ración, tienen miedo”, describió a El Destape Sole Aseguín, una de las mujeres militantes de La Poderosa que llevan adelante un comedor popular en el barrio Los Pumitas, en el noroeste de la ciudad. Importantes yuyales engalanan muchas de las esquinas de Los Pumitas, mientras que de noche se funden en las sombras de los árboles, de los autos, de las casas, de los zanjones y de todo, porque las calles, muchas sin cordón cuneta, están mal iluminadas. Las compañeras de Aseguín coinciden con ella en que “gendarmería no está apareciendo mucho (en Los Pumitas)”.

“Se está creando en todos lados una psicosis que no existía antes. Es una cosa que no se vivió nunca. Tengo mucho miedo, la gente que nos rodea tiene mucho miedo”, sostuvo Lorena desde el comedor que ella también dirige y que a duras penas logran parar la olla. Ella tiene un convenio con el Estado nacional con el que puede dar la copa de leche “una o dos veces por semana”, pero los demás comedores de la zona oeste no tienen la misma suerte y no han visto grandes muestras de humanidad desde noviembre: “Comida ya casi no dan”, afirmó la militante del Movimiento Evita.

Uno, dos, ultraviolento

Desde el 26 de mayo de 2013, día que marcó un parteaguas en la historia de la criminalidad de Rosario con el asesinato de Claudio “El Pájaro” Cantero, hasta el miércoles 13 de marzo de 2024, se contabilizan once arribos de fuerzas de seguridad federales al territorio de la ciudad. Spoiler: no ha demostrado funcionar en el pasado, ni es acompañado con elementos que permitan pensar lo contrario en esta oportunidad.

El desfinanciamiento integral de los niveles del nacional y provincial del Estado por parte del gobierno de Javier Milei resulta en la falta de recursos para la programas de renovación y equipamiento de la policía provincial. A esto se le suma la desintegración paulatina de programas de asistencia social y médica en los barrios, que van desde la culminación de contratos de personal precarizado históricamente por la Nación en la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación (Sedronar) hasta la desaparición de programas provinciales de acompañamiento a jóvenes para lograr constituir un horizonte de futuro.

Respecto a la ola de asesinatos con la que comenzó el mes de marzo, todos opinan diferente sobre su comienzo. Los exponentes de la criminología local apuntan a las imágenes a lo Nayib Bukele que el gobierno de la provincia imposta desde el comienzo de la gestión de Unidos para Cambiar Santa Fe, con varones presos semidesnudos, sentados en el suelo cabizbajos, como nunca se los había mostrado jamás, todo en el marco de denuncias de maltratos y torturas en los penales. El gobernador Pullaro señala que la escalada comenzó no con los asesinatos, sino con el ataque a un camión que transportaba a personal del Servicio Penitenciario el pasado sábado 2 de marzo. Gabriel Ganón tiene otra idea.

El abogado, docente y exdefensor general de la provincia de Santa Fe Gabriel Ganón sostuvo que todo comenzó en un episodio peculiar, donde cinco policías fueron detenidos por plantar tres pistolas usadas en seis ataques intimidatorios, donde se encontraron mensajes amenazantes contra el gobierno provincial, entre mediados de diciembre pasado y finales de enero de este año. El fiscal de la Unidad de Balaceras, Franco Carbone apuntó el pasado 28 de febrero que estos policías quisieron involucrar a una persona relacionada a un narcotraficante asesinado la semana del 20 de febrero, a hechos delictivos, a cambio de una suma de 5 millones de pesos: “Otra vez la estrategia de trabajar con una banda en perjuicio de otra”, afirmó Ganón.

La participación de policías en las bandas delictivas no es algo nuevo: la conocida como “megacausa” que llevó a Los Monos al estrado sentó en el banquillo a más policías que a bandidos. De la misma manera, el tiempo llevó a que los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra lograran que Esteban Lindor Alvarado, némesis de “Guille” Cantero, fuera encerrado junto a otra cuadrilla de policías que estaban involucrados en el negocio criminal.

“El gobierno santafesino, mal asesorado, tomaba partido por una banda para pactar con ella desde la policía, para ir contra la otra. Eso fue lo que pasó con Los Monos. Una de las consecuencias fue abortar las investigaciones que se estaban llevando desde la fiscalía. El juez (de Instrucción Juan Carlos) Vienna desactivó esas investigaciones. En aquellas épocas Vienna viajó a Las Vegas junto con el padre de Martín ‘el Fantasma’ Paz -un narco asesinado por Los Monos- en el mismo avión y se sentaron juntos en el estadio a ver una pelea de boxeo”, recordó Ganón a El Destape.

El exfuncionario destacó que al mal funcionamiento de la policía y del servicio penitenciario -por sus deplorables condiciones de formación y de trabajo, la falta de verticalidad y de control del territorio- se le suma “el pésimo funcionamiento, ya sea malicioso o negligente, del ámbito judicial con el no esclarecimiento de los homicidios. En la provincia de Santa Fe se castigan 2 de cada 10 delitos que se cometen. Si tenes un Estado cuyo aparato represivo no es efectivo para solucionar los conflictos sangrientos, va a terminar proliferando la venganza”, apuntó Ganón, quien se pregunta “¿Por qué los fiscales no son efectivos a la hora de investigar para que matar a una persona no sólo no termine siendo gratuito en lo penal sino que muy rentable en lo económico?”.

La proliferación del mercado negro de armas de fuego, las disputas territoriales por el espacio de las ciudades y la falta de efectividad en la justicia hacen de la actividad delictiva algo aceitado y preferente. Fuentes del Ministerio Público de la Acusación (MPA) destacaron que los bajos índices de resolución tienen que ver con la inmensa cantidad de casos que llegan a las manos de los pocos investigadores, quienes tampoco tienen recursos para afrontar estructuras, muchas veces, complejas del crimen organizado.

“El mercado negro de armas de fuego lo maneja la policía”, afirmó sin vaguedades el profesor de la Universidad Nacional de Rosario: “En 2015, el procurador (general de la Corte Suprema provincial Jorge) Barraguirre pidió información respecto de la cantidad de denuncias de extravíos de armas de fuego reglamentarias de la policía provincial, que proporcionalmente marcaba que una pistola por día desaparecía en Santa Fe. Y después hubo otro problema que fue la desaparición de armas secuestradas que estaban bajo custodio de la policía. Es alevoso”.

Ganón explicó a El Destape que las bandas criminales no tienen nada que ver con las organizaciones piramidales de los cárteles mexicanos o colombianos: “Son bandas pequeñas y rústicas que no tienen una estructura empresarial, verticalizada que les permita organizar el negocio. Pero eso no quiere decir que con el tiempo ellos no puedan pulir su accionar y hacerlo”, aseveró con preocupación.

Un detalle abruma a los cronistas de Policiales de la ciudad: las últimas notas amenazantes que eran dejadas en las escenas de los homicidios pasaron de ser mensajes entre las mismas bandas a ser amenazas prolijamente escritas contra el gobierno, sumado a un descenso importante de las balaceras durante la última parte del año. Mientras tanto, el tiempo no para.