Tras el operativo de desalojo en Villa Mascardi, Río Negro, siete mujeres de la comunidad mapuche fueron detenidas junto a sus hijos y llevadas a una dependencia de la la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) de Bariloche. Este miércoles por la noche, la jueza federal Silvina Domínguez ordenó el traslado de cuatro de ellas al penal de Ezeiza. Las otras detenidas permanecen alojadas en instalaciones de la PSA por ser lactantes. En tanto que una de ellas, que se encontraba transitando un embarazo de 40 semanas, fue internada en las últimas horas.
Organizaciones sociales denuncian violación a los derechos humanos. El Destape se intentó comunicar con el Ministerio de Justicia, pero no obtuvo respuestas. Más temprano, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, había dicho que el operativo de desalojo se preparó una semana antes para "poder resolver el tema de la usurpación sin armas letales", en tanto que resaltó que las detenciones fueron definidas por la Justicia.
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"Hay una deuda del Estado en general, en primero lugar por la inexistencia de una política integral para atender los reclamos históricos y en muchos casos centenarios de las comunidades indígenas aún cuando muchos de estos reclamos fueron recogidos por la propia constitución nacional y leyes que se dictaron en los últimos 30 años y no vienen siendo cumplidos. Ahí hay un primer problema y es el núcleo porque es el propio Estado que no cumple con las normas que se pone", sostuvo el director de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), Manuel Trufó. Enfatizó que puntualmente la responsabilidad que le compete al ministerio de Seguridad tiene que ver con el abandono de una política de generar mesas de diálogo para resolver estos conflictos con los pueblos indígenas. "Esas mesas habían generado una situación de desescalamiento de la violencia y en cuanto se descontinuó esa política volvió a escalar la violencia", remarcó.
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Según el documento del juzgado federal de Bariloche, el traslado de las últimas horas estuvo a cargo de una comisión conformada por personal de la Policía Federal y alegó que “no existe ningún establecimiento federal de detención de mujeres” en Río Negro. Se trata de Martha Luciana Jaramillo, Andrea Despo, Florencia Melo y Débora Vera. Por una apelación de la defensa, Betiana Ayelén Colhuan y María Celeste Ardaiz Guenumil continuarán en la provincia rionegrina. Dos de ellas son lactantes. Las mujeres se encuentran con sus tres niñes de entre 4 a un mes y un recién nacido.
En tanto, Romina Rosas, la mujer que se encuentra transitando un embarazo de 40 semanas, se encontraba asistida hasta la noche del miércoles en Río Negro. Según supo El Destape, la joven está a punto de dar a luz.
La detención de las mujeres mapuche fue tras el operativo policial, con un despliegue de cuatro fuerzas de seguridad, que se realizó en Villa Mascardi, donde se encuentra instalada la Comunidad Lafken Winkul Mapu.
Presentación de habeas corpus: pedido por la urgente liberación de las mujeres mapuches
En este marco, el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) junto con los abogados defensores de las mujeres mapuche, Andrea Reile y Ezequiel Palavecino, presentaron un habeas corpus para exigir a la jueza la liberación de las detenidas y su traslado. Denunciaron que fueron trasladadas de manera ilegítima, arbitraria y desproporcionada de su territorio en cumplimiento de una orden judicial también ilegítima, arbitraria, desproporcionada y excesiva.
Según el documento, las cuatro mujeres mapuche no tienen conocimiento de las razones de la detención, del trato recibido todo el tiempo que estuvieron detenidas en las dependencias de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, en Bariloche. Tampoco conocen las razones de su traslado a la Cárcel de Ezeiza.
CELS Reili y Palavecino Hab... by Gimeluz Figueroa
Además, denuncian que los abogados defensores tampoco tuvieron acceso a la causa entera. "Tan sólo se nos comunicó alrededor de las 18 horas, aproximadamente, que la decisión del traslado de las cuatro mujeres mapuche ya había sido ordenada por la jueza. Además, la jueza rechazó los pedidos de excarcelación realizados por los abogados defensores", detallaron. Insistieron también en qué las mujeres mapuche detenidas no fueron indagadas.
"Lo que nos moviliza sobre todo a esta presentación es la decisión del traslado a la zona del AMBA, a la Cárcel de Ezeiza de las cuatro mujeres. Las razones brindadas por la jueza son inadmisibles, no están previstas en el código de procedimiento penal, y constituyen una mortificación, una pena adicional a la detención, entre otras cuestiones", apuntaron.
Trufó exigió que la justicia revierta las medidas que tomó que "son irregulares y graves". En principio, el integrante del Cels remarcó que a estas mujeres "se le negó el acceso a la justicia" ya que "todavía no saben porqué están detenidas y cuál es el delito por el que se las imputa". Y además, "se toma una medida de extrema gravedad que es el traslado de una dependencia del sur a una prisión federal en la provincia de Buenos Aires". Para Trufó se trata de un castigo agravado.
Por último, denunciaron que las detenidas se encuentran incomunicadas desde el mismo momento de sus detenciones. En este marco, solicitaron que "se convoque a una audiencia además de las mujeres mapuche trasladadas, a la Sra. Defensora Oficial de Turno, en tanto la existencia de familia de todas las mujeres trasladadas, y algunas hijes que tienen que estar representadas en la audiencia, además de las competencias de la Defensoría General de la Nación para intervenir. También, la presencia del Comité de Prevención de la Tortura, al que se le deberá solicitar también toda la información que pueda relacionarse con el caso.
Recordaron que la CIDH insta que las personas indígenas privadas de libertad tienen necesidades específicas en razón de su origen étnico, cultura, tradiciones, religión e idioma, y requieren de un trato diferenciado sensible a sus culturas. Además, la Comisión recomendó a los Estados a extremar las medidas de protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas en el marco de la pandemia y que se tome en consideración el derecho de estos colectivos a recibir una atención de salud con pertinencia cultural, los cuidados preventivos, las prácticas curativas y las medicinas tradicionales.
Por otro lado, según el documento y en relación a la Argentina, la Corte IDH ha dicho que el vínculo familiar y con el mundo exterior es un principio fundamental de la resocialización. En este sentido, el traslado a un establecimiento penitenciario alejado del lugar de residencia puede tener efectos sobre la integridad no solo de la persona detenida sino también de sus familias. "La presentación entonces se formula en favor de cuatro mujeres del pueblo mapuche. Y como miembros de un pueblo originario se le reconoce, y desde la perspectiva del derecho de reconocimiento que como Estado debe respetar y garantizar en el marco de relación con integrantes de los pueblos originarios", enfatizaron.
Gómez Alcorta advirtió por violaciones a los DDHH
La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, contó que junto a su equipo sigue "activamente para garantizar el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres indígenas detenidas ante el incumplimiento por parte del poder judicial de la legislación vigente y los pactos internacionales de los que la República Argentina forma parte".
La cartera que conduce presentó hoy un nuevo escrito judicial en el que se manifestó la preocupación por las violaciones a los derechos humanos de las mujeres trasladadas a Ezeiza y de sus familiares. En diálogo con la AM750, dijo: "La situación es sumamente preocupante. Desde hace más de 48 horas detuvieron a siete mujeres indígenas, una de ellas una líder espiritual de la comunidad. De las siete mujeres, dos de ellas estaban con sus niñes muy chiquitos, de 1 mes y de 4, otra de las mujeres está embarazada de 40 semanas y con algunos temas de presión alta".
Por último, expresó: "Nosotras como Ministerio no somos parte del expediente judicial, está claro que nosotrxs no somos parte del proceso. Nuestro rol es resguardar a todas las mujeres, y en este marco, nos preocupamos particularmente por las mujeres que viven en nuestro país y que padecen violaciones a sus derechos humanos, y estamos ante un caso de esas características".
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