Apps de Delivery: El Frente de Todos pidió que se archive el proyecto precarizador del PRO

El oficialismo porteño quiere avanzar con un proyecto de ley que permite la explotación laboral de los trabajadores precarizados de las aplicaciones de delivery que, en cuarentena, se convirtieron en un eslabón fundamental de la economía y la sociedad. Desde el Frente de Todos cuestionaron el intento PRO de tratar la modificación de la normativa vigente en forma express, adelantaron que no pueden acompañar tal iniciativa y solicitaron que se la archive. En paralelo, destacaron que la obligación del Ejecutivo es exigir el cumplimiento de las reglas vigentes.

Tras la reunión de comisión de Justicia, Transporte y Asuntos Constitucionales de esta tarde, en la que el oficialismo firmó el despacho para tratar el proyecto en el recinto, el Frente de Todos presentó un dictamen de minoría en el que denunciaron que la iniciativa  "permite la explotación laboral de trabajadores ya precarizados a la vez que le impone mayores cargas a los mismos, como ser la exigencia de constituir un domicilio, acreditar la contratación de seguros que representan una erogación de dinero personal, cuando de estar bajo relación de dependencia eso quedaría cubierto con la ART, o acreditar no poseer infracciones de tránsito".

En su dictamen, los legisladores Santiago Roberto, Lucia Campora, Cecilia Segura y Manuel Socias consideraron que las tecnologías cambiaron las relaciones entre los consumidores, comerciantes y los trabajadores que realizan los repartos pero sostuvieron que "el abordaje que se le está dando a la problemática no soluciona ninguna de las complejidades que esta innovación introdujo" y que "abordar el proyecto solamente desde la perspectiva del transporte es un grave y perjudicial error". 

Con la iniciativa PRO, sostuvieron, "el Estado se convierte en cómplice de la explotación laboral dejando a los trabajadores a merced de las reglas de juego propias de cada empresa, las que incluyen mecanismos de premios o castigos para los repartidores, los que se ven reflejados en la asignación o no de pedidos, de acuerdo a un ranking de horas de permanencia de conexión a la aplicación y efectividad, lo que trae como consecuencia jornadas laborales que superan las 8 o 9 horas diarias, la prisa por cumplir con los objetivos de entrega, la exposición a una calificación positiva o negativa del cliente" entre otros puntos.

Toda esa situación genera desgaste y la necesidad de violar normas de tránsito para poder cumplir con los objetivos, lo cual también pone en riesgo su vida. Por eso, argumentaron que "el proyecto en consideración poco viene a solucionar al quitarles la estabilidad laboral y la relación de dependencia, aunque en lo discursivo pretendan manifestar otra voluntad".

En ese sentido, destacaron también la falta de protección ante el COVID-19, algo que debería garantizar las empresas. Lejos de ésto, sostuvieron que no les proporcionan mascarillas, guantes ni alcohol en gel, pese a que ésto se presentó como proyecto de ley.

Entre los puntos más controvertidos, el texto oficialista plantea definir el servicio de las aplicaciones como “operador de plataforma digital de oferta y demanda por terceros del servicio de Mensajería Urbana y/o reparto a domicilio de sustancias alimenticias: persona humana o jurídica que opera y/o administra una plataforma digital a través de la cual terceros ofertan y demandan el servicio de Mensajería Urbana y/o Reparto a Domicilio de Sustancias Alimenticias”. Se trata de una definición muy similar a la que tienen las empresas sobre sí mismas: la de meros intermediarios.

Lejos de ésto, la oposición recordó una medida de amparo tramitada ante el Juzgado de 1ª Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario nº 2 en la que se obtuvo sentencia definitiva de primera instancia. En ella se afirma que la relación que une a las operadoras de aplicaciones con los repartidores es claramente de índole laboral. Ésto implica que las compañías deben tramitar la habilitación correspondiente a las “Prestadoras del Servicio” y que por lo tanto no hay razón para avanzar con una "modificación normativa, salvo que se pretenda únicamente liberar de responsabilidad y cargas patronales a dichas empresas, en detrimento de las y los trabajadores".

De avanzar con los cambios, los "fraudes laborales y previsionales" en los que incurren las empresas serían avalados por la nueva normativa, algo que no se puede aceptar.

Además, destacaron que los trabajadores reciben una remuneración completamente arbitraria por sus servicios, con comisiones que van del 15 al 35% sin ninguna justificación o la existencia de un servicio de posicionamiento pago al que no pueden acceder todos los comerciantes, lo que los hacen "desaparecer del mapa". Esta situación obliga a sobrefacturar los productos por parte de los comercios para compensar las comisiones que pagan los operadores, mediante los cuales ofrecen los productos.

Por esto, consideraron que el proyecto oficialista debe archivarse para continuar debatiendo mejores normativas que garanticen los derechos de los trabajadores, que no exijan de más a los comerciantes y que también, en definitiva, no deriven en costos altos para los clientes.