Este martes 7 de diciembre, comunidades de pueblos indígenas y organizaciones sociales con apoyo de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) movilizan al Congreso Nacional para exigir la prórroga de la Ley 26.160 de emergencia territorial indígena. La marcha comenzó a las 11 desde 9 de Julio y Avenida de Mayo y se trasladó la Parlamento donde se lleva adelante el acto de juramento para reclamar a los legisladores. Las comunidades llevan adelante un acampe hace más de 50 días.
Es que, según detallaron por medio de un comunicado, el 28 de octubre pasado, el Senado aprobó un nuevo proyecto de ley disponiendo la prórroga de los plazos de la 26.160, pero aún fue tratado en Diputados. “Si esta ley no se llegara a aprobar se viene la noche oscura para los pueblos indígenas. Nuestros hermanos ya vienen siendo amenazados. Nosotros somos militantes, que permanentemente reclamamos derechos que no se cumplen”, expresaba Luna Rosa, del pueblo coya y Coordinadora del Movimiento Plurinacional Madre Tierra cuando en Diputados no hubo quórum para tratar este proyecto.
En tanto, el 23 de noviembre de este año venció la prórroga de la 26160, pero el presidente Alberto Fernández firmó el DNU 805/2021 extendiéndola hasta noviembre de 2025, sin embargo, los representes de los pueblos originarios insisten que la prórroga se sancione con fuerza de ley en el Congreso de la Nación, y no a través del DNU ya que este con el paso del tiempo pues considerarse inconstitucional y no tener efectividad. “La Ley 26160, es la única herramienta jurídica para frenar los intentos de desalojo en las comunidades originarias", remarcaron desde las Organizaciones de Pueblos Indígenas del Nor Oeste Argentino (OPINOA).
La ley 26160 fue sancionada a fines del año 2006 por un plazo de vigencia de cuatro años, con el fin de dar respuesta a la situación de emergencia territorial de las Comunidades Indígenas del país, en consonancia con el Artículo 75, Inciso 17, de la Constitución Nacional y dar cumplimiento parcial al Artículo 14 inc. 2 del Convenio 169 de la OIT”.
Lo cierto es que dicha normativa ya fue prorrogada en tres oportunidades: en el año 2009 mediante la Ley 26.554; en el 2013 a través de la Ley 26.894, y en el 2017 mediante la Ley 27.400, por la cual se extiende su vigencia hasta noviembre de 2021. "Su nueva prórroga es fundamental para relevar el mas del 50% de los territorios indígenas que aun falta, para así avanzar hacia una definitiva Ley de Propiedad Comunitaria Indígena”, remarcaron.
Según denunciaron desde las comunidades originarias, "viven en constante amenaza de desalojos en todo el país por parte de terratenientes con intenciones de explotar los territorios para proyectos extractivos". Además, indicaron que las comunidades habitan los territorios desde el “paradigma a favor de la vida basado en el buen vivir de los pueblos milenarios, siendo guardianes naturales y protectores ancestrales de la biodiversidad”. “Basta de violencia, racismo y muerte; urgente esclarecimiento del asesinato de Elías Garay, Rafael Nahuel, Santiago Maldonado y Javier Chocobar", cerraron.
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