El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que preside la rionegrina Magdalena Odarda, impulsa una nueva prórroga de la ley de emergencia territorial indígena. La misma tiene como función principal el relevamiento de tierras en las que se emplazan las comunidades de pueblos originarios.
La Ley 26.160 fue sancionada por primera vez en el 2006 y tuvo tres prórrogas. La última fue aprobada en 2017, con un plazo de 4 años que caduca en noviembre. Por esa razón, el INAI impulsa una ronda de reuniones con comunidades, dirigentes políticos y sociales, en busca de apoyos para que nuevamente se prorrogue la ley, hasta 2025, que tiene una deuda pendiente con el relevamiento de tierras.
Amparados en esta ley, la semana pasada el gobierno de Neuquén acordó impulsar el relevamiento de tierras en el lago Mari Menuco, donde existe una disputa entre la comunidad Kaxipayiñ y un barrio privado. Meses atrás, también se otorgó reconocimiento de posesión ancestral a la comunidad mapuche Buenuleo, en la zona sur de Bariloche, al pie del cerro Ventana.
Con la prórroga de esta normativa, también se extiende la suspensión de los desalojos de comunidades indígenas, una herramienta a la que el INAI apeló para detener el desalojo de la comunidad Quintriqueo en diciembre pasado, en Villa La Angostura.
“Resulta fundamental que la ley continúe vigente hasta que se puedan relevar completamente la totalidad de los territorios de las comunidades, atento a que la iniciativa atiende la emergencia territorial de los diferentes pueblos originarios de le República Argentina”, señaló Odarda tras reunirse días atrás con el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, las senadoras nacionales María de los Ángeles Sacnun y Nora del Valle Giménez, y las diputadas Alcira Elsa Figueroa y Verónica Caliva, que impulsan la iniciativa. De acuerdo a un informe del INAI, en el censo de 2010 casi un millón de personas se reconocieron descendientes de pueblos indígenas en Argentina.
Pérez Esquivel acompañó el pedido de prórroga de la ley y además planteó la necesidad de sancionar otra normativa de tierras comunitarias, cuyo proyecto está en el Congreso.
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