La Masacre de Napalpí fue una matanza sobre las comunidades originarias, principalmente Qom y Moqoit, que tuvo lugar el 19 de julio de 1924 en el territorio nacional de Chaco (aún no era una provincia). En ella fallecieron cerca de 500 personas. Durante décadas, la mayor matanza de pueblos indígenas en el siglo XX, fue silenciado tanto por parte del Estado como por los medios de comunicación.
En 2014, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal de Resistencia (integrada por los fiscales Federico Carniel, Carlos Amad, Patricio Sabadini y Diego Vigay) inició una investigación preliminar y esta semana solicitó la realización de un juicio oral y público por la verdad. Para los fiscales, la Masacre de Napalpí constituye un crimen de lesa humanidad cometido por el Estado Argentino.
Cómo fue la Masacre de Napalpí
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El episodio histórico se dio en el marco de una protesta que estaban realizando las comunidades originarias debido la violencia y explotación a la que eran sometidos en la producción y cosecha del algodón. En ese entonces, el presidente Marcelo T. de Alvear y el gobernador del territorio nacional de Chaco era el radical Fernando Centeno, un estanciero algodonero.
Para el sociólogo e integrante de la Red de Investigadorxs en Genocidio y Política Indígena en Argentina, Marcelo Musante, la masacre no se puede explicar sin comprender las características de lo que se llamó la Reducción Estatal para Indígenas de Napalpí.
“La masacre se llevó a cabo en un espacio de control social implementado por el estado argentino que formaba parte de un sistema concentracionario de indígenas en las provincias de Chaco y Formosa. Un sistema de explotación basado en el trabajo indígena que funcionó entre 1911 y 1956 y llegó a tener reducidas a más de 7000 personas”.
En la reducción Napalpí las familias de las comunidades Qom y Moqoit vivían encerrados y en una situación de extrema miseria y hambre. En ese momento, Chaco era uno de los principales explotadores del algodón y los pueblos originarios eran prácticamente mano de obra esclava. Las reducciones eran unidades administrativas del Estado donde los miembros de los pueblos originarios eran explotados en jornadas de entre 12 y 14 horas en condiciones infrahumanas. En diálogo con El Destape, Gabriela Moringo, integrante del Equipo Fundación Napalpí, contó que, según una investigación realizada por la Fundación, se trató de un reclamo laboral desde los pueblos indígenas hacia la gobernación del Chaco. En paralelo, comenzó a gestarse una propaganda en los medios chaqueños con la intención de implantar el miedo hacia los indígenas. “Los estancieros comenzaron a temer a que les robaran y entonces se decidió reprimir a los pueblos”, relata.
La represión se llevó a cabo por parte de la Gendarmería de Línea, la policía territorial e incluyó la utilización de un avión que disparó desde el aire. La matanza continuó varios días con las fuerzas policiales persiguiendo y asesinando a los sobrevivientes que habían podido escapar y terminó con muchos cuerpos quemados en fosas comunes.
La cantidad de personas fallecidas aún es tema de investigación. Sin embargo, a partir de los testimonios que se pudieron rescatar, serían más de 500, incluídxs niñxs que también eran explotados en las reducciones.
Para el fiscal general e integrante de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal de Resistencia, Diego Vigay, la Masacre significó “una herida muy profunda” en todo el tejido social de las comunidades Qom y Moqoit. “Debieron migrar de su hábitat histórico y quedaron marcados por el terror de la barbarie hasta la actualidad. Por otro lado, colonos y criollos se apropiaron de tierras y se enriquecieron con las plantaciones de algodón, que era el oro blanco de la época”.
Luego de la matanza, la violencia continuó por otros medios. “En Napalpí el control se profundizó ya que, a pesar de la masacre, la reducción siguió funcionando. También tuvo como objetivo el disciplinamiento a través del terror. Un hecho de violencia pública de este tipo no solo estaba dirigido a la gente que allí vivía, sino que funcionaba como mensaje al resto de las comunidades indígenas de la zona. Dentro de la Colonia Aborigen el terror se trasladó por generaciones. Por ejemplo, hubo ancianos y ancianas que no enseñaron el idioma Qom o Moqoit como una forma de protección a las nuevas generaciones. El castigo había marcado lo peligroso que podía resultar ser indígena”, agrega Musante.
Cuando el estado nacional decidió hacer una investigación sobre el hecho, el expediente que había en la causa desapareció. Luego, gracias a investigaciones que se realizaron, en su mayoría por parte de del investigador Qom Juan Chico (fallecido hace pocos meses por Covid), pudieron contactar a tres sobrevivientes. “Dos de ellos ya fallecieron, pero la tercera es Rosa grilo, una mujer de 107 años”, describe Moringo.
El silenciamiento de la Masacre
A pesar de la crueldad y virulencia que tuvo este ataque, el hecho sufrió un fuerte silenciamiento, tanto por parte del Estado como de la prensa. Los medios se encargaron de contarlo como “un enfrentamiento entre indígenas” en el que habían fallecido dos personas.
“En septiembre de 1924, el Congreso de la Nación debatió en cuatro sesiones lo ocurrido, incluso se pidió la conformación de una comisión investigadora, pero finalmente nunca se implementó. Al mismo tiempo, un parte policial de ese mismo año, elaborado por la propia policía territoriana que reprimió, clausuró la investigación”, asegura Musante.
Por qué es importante hablar de Napalpí
En 2008, el gobierno provincial pidió perdón formalmente hacia las comunidades indígenas. Actualmente, se está llevando adelante una segunda etapa de un memorial en la Colonia Aborigen (lo que antes era Napalpí) donde descansan restos de nueve caciques que anteriormente estaban exhibidos en el Museo de La Plata como trofeo.
Tanto Moringo como Musante, coinciden en que es muy importante que el hecho histórico trascienda lo provincial, pueda ser estudiada en escuelas (algo que en Chaco comenzó a ocurrir) y que su fecha sea recordada como un hecho trágico en todo el país.
“Es fundamental conocer la masacre de Napalpí, como también la de La Bomba en 1947 en Formosa, porque son masacres masivas de personas llevadas a cabo por el Estado nacional en las que hubo centenares de personas muertas y cuyo silencio e invisibilización se debe a que fueron hechos de violencia estatal perpetrados sobre pueblos originarios sobre los cuales las lógicas negacionistas siguen siendo muy fuertes. En el caso de estas dos masacres es importante resaltar que se dieron cuando el Estado, discursivamente, había dado por finalizadas las campañas al desierto y que fueron llevadas a cabo durante dos gobiernos democráticos. En este sentido son muy importantes para comprender la extensión en el tiempo del proceso de genocidio indígena en argentina”, explica Musante.
Por su parte, Vigay señala la importancia de reconstruir cómo se conformó el Estado Nacional "blanco" sobre la base de un genocidio de los pueblos indígenas. “De alguna manera nos permite comprender nuestra realidad actual, donde existe el racismo, la discriminación y la exclusión de la población indígena. Me animo a decir que es una de las grandes deudas de nuestra democracia”.
Un falló histórico
En septiembre del año pasado, la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia dictó un fallo en el que consigna el resarcimiento económico del Estado nacional al pueblo Qom. Se trató de un fallo histórico ya que, por primera vez en nuestro país, se consideró responsable al Estado del delito de genocidio sobre comunidades indígenas, un concepto que solo se había utilizado en los fallos sobre la última dictadura cívico-militar.
Cómo se vincula la Masacre de Napalpí con hechos de la actualidad
Para el sociólogo, estos mismos discursos son los mismos que se pueden identificar en las asociaciones del Pueblo Mapuche con supuestos grupos terroristas al marcarlos constantemente como “usurpadores de la propiedad privada”.
“Van construyendo definiciones de ‘enemigos internos’ que luego terminan, por ejemplo, con el asesinato de Rafael Nahuel en 2017 y la represión en el Lof en Resistencia Cushamen que finalizó con la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado. Como en Napalpí, hay una asociación entre los dueños de la tierra y los medios de comunicación en que la represión se termina asociando a una ‘necesidad de pacificación’. Lo mismo pasó el año pasado cuando en Chaco comenzaron a circular discursos sobre ‘indios infectados’ en el Barrio Toba de
Resistencia que los marcaban como los culpables de poner en riesgo al resto de la población. Esa idea fue la que utilizó la policía chaqueña cuando entró violentamente a una casa en Fontana para para golpear y abusar de una familia Qom”, puntualizó.
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