La CIDH al Gobierno: "El Estado debe garantizar el derecho a la libertad de expresión"

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos insistió con la defensa al derecho a la protesta ante la represión y las detenciones arbitrarias que se vieron en los últimos días en el marco de las movilizaciones contra la ley ómnibus.

02 de febrero, 2024 | 19.02

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) insisitó con su defensa al derecho a la protesta, que se ve restringido en función del protocolo antipiquetes para lo que llamó el “mantenimiento del orden público”. "La protesta social es un elemento esencial en las sociedades democráticas y que el Estado debe respetar, proteger, facilitar y garantizar el derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica, conforme estándares interamericanos de derechos humanos", escribió el organismo en un comunicado que difundió en las redes sociales. 

"En contexto de protestas, el uso de la fuerza es excepcional y se limita a circunstancias en las que se acredite la legalidad, necesidad y proporcionalidad de la misma", aclararon desde el organismo internacional. Además, remarcaron que "el actuar de las fuerzas civiles y policiales debe orientarse con estricta observación al respeto de derechos humanos". 

En la jornada de este jueves, hubo unas cien personas que resultaron heridas por los gases lacrimógenos y las balas de goma que dispararon indiscriminadamente, otras tantas que fueron detenidas de manera arbitraria. Allí, además, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa) denunció que unos 25 trabajadores de prensa también fueron víctimas de la represión de la Policía de la Ciudad, la Gendarmería y la Policía de la Ciudad. 

La semana pasada, además, tres relatores de las Naciones Unidas, solicitaron al Gobierno revisar el protocolo como las disposiciones en la ley ómnibus. En sus observaciones hicieron un repaso sobre la normativa internacional en materia de derechos humanos que tiene orden constitucional en Argentina que, por lo tanto, debe cumplirse y alertaron sobre la "criminalización" y el "amedrentamiento" de las iniciativas del Ejecutivo comandado por Javier Milei

Entre sus conclusiones más relevantes se destacaron: que no se debe exigir autorización para movilizarse y que la interrupción del tránsito “no constituye violencia”al tiempo que quienes se movilicen deben “gozar de protección”. 

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