El relator especial de las Naciones Unidas (ONU) para el derecho a la libertad de expresión y de asociación, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y Madres de Plaza de Mayo emitieron fuertes comunicados y documentos contra el protocolo "antipiquetes" que presentó presentó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Denunciaron criminalización de la protesta, alertaron que desconoce artículos fundamentales de la Constitución Nacional y que avanza sobre facultades del Poder Legislativo y Judicial. Además, el Comité junto al Consejo Federal de Mecanismos Locales para la Prevención de la Tortura se pusieron a disposición para trabajar con el ministerio en pos de la adopción de "directrices para el uso racional de la fuerza".
"Estoy recibiendo informes muy preocupantes sobre un anuncio presidencial que criminaliza la protesta pacífica y otorga poder ilimitado a las fuerzas del orden para el uso de la fuerza", alertó el relator especial de la ONU, Clement Voule, en sus redes sociales. En ese sentido, el diplomático destacó que "silenciar voces disidentes no es la respuesta para resolver las crisis sociales" y advirtió que la función del Estado y de las autoridades es "garantizar y proteger el derecho de reunión pacífica".
Por su parte, la Asociación Madres de Plaza de Mayo emitió un comunicado bajo el título "Pará la mano Milei" en el que catalogan el protocolo presentado para lo que Bullrich llamó “mantenimiento del orden público” como "violento, inconstitucional y fascista". En ese sentido, la histórica organización de derechos humanos señaló que les recuerda al comunicado N°1 de la Junta Militar de 1976, que instauró una de las más duras dictaduras latinoamericanas de esos tiempos -que dejó más de 30 mil personas desaparecidas- hasta 1983.
También explicaron que con el protocolo, que derogó el establecido desde 2011, "asume facultades que son propias del Poder Judicial, violando las garantías mínimas que distinguen a un sistema democrático de una dictadura". También, alertaron que consagra el espionaje contra las organizaciones y sus líderes y lideresas. "Las Madres llevamos 2383 marcas pacíficas, pero profundamente políticas, en la Plaza de Mayo de cada jueves. Seguiremos allí hasta que el pueblo sea feliz como querían nuestros hijos", cerraron.
Por su parte, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura emitió un informe y entre los puntos que marcaron como críticos del protocolo señalaron que el Ministerio de Seguridad desconoció el derecho a la protesta que no solo está en el artículo 14 de la Constitución, sino también en los tratados internacionales de derechos humanos que el país suscribió. Agregaron que el protocolo avanza sobre facultades del Poder Legislativo y Judicial al interpretar el "alcance del tipo penal del artículo 194" del código al autorizar la detención de personas sin orden judicial previa.
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Por otro lado, alertaron no atiende a las competencias de las autoridades provinciales al no reconocer lo que dispone la Ley de Seguridad Interior que regula la intervención de las fuerzas federales en esos territorios. Y agregaron: "Corresponde resaltar que cualquier directiva a las fuerzas de seguridad que intervienen en situaciones de protesta social debe prohibir taxativamente la portación de armas letales y munición de plomo".
Por último, también señalaron que las disposiciones en el protocolo sobre la identificación y registro de personas en las manifestaciones "colisionan con las prohibiciones establecidas en la Ley de Inteligencia Nacional".
Qué dice el comunicado
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