El presidente de la cámara de Diputados, Sergio Massa, ya tiene en la mira a jueces de Bahía Blanca, Lomas de Zamora y San Isidro por el presunto otorgamiento irregular de prisiones domiciliarias en el marco de la pandemia de coronavirus en el país. El referente del Frente Renovador había advertido que avanzaría contra los magistrados que otorguen beneficios a reclusos que no cumplan con la Ley de Víctimas.
Luego de una jornada de cacerolazos fogoneada por los medios macristas y dirigentes de la oposición, en contra de las medidas del Poder Judicial para evitar contagios masivos en los penales que pongan en riesgo la salud de toda la población, el titular de la Cámara Baja se reunió con familiares de víctimas de delitos para analizar la situación.Y apuntaron que hay tres departamentos judiciales de la Provincia en donde hubo magistrados con actuaciones irregulares.
En ese sentido, el Observatorio de Víctimas de Delitos (que pasó a la órbita de la Cámara Baja en la nueva gestión) empezará a "monitorear todo proceso de “libertades masivas” fundadas en el marco de la emergencia sanitaria y la situación epidemiológica Corona Virus-COVID 19 y que puedan confrontar o desconocer derechos de orden público contemplados en la ley nacional 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos, en el Código Procesal Penal de la Nación y en la ley 24.660".
Fuentes cercanas al líder del FR apuntaron que en Bahía Blanca, Lomas de Zamora y San Isidro están los jueces apuntados, aunque aun no trascendieron los nombres de los magistrados. Anteriormente, Massa había advertido que habrá juicios políticos para jueces que no respeten la Ley de Víctimas en el marco de la pandemia por Coronavirus. El reclamo del grupo de familiares, deslizaron, es que "se cumpla la Ley de Víctimas, el derecho que tienen a ser notificadas antes, por parte de la Justicia".
Ante el peligro para toda la sociedad que las cárceles e transformen en focos de contagio que pongan en riesgo la vida de los reclusos y trascienda los muros de los lugares de encierro, las cámaras de Casación federales y de la Provincia de Buenos Aires establecieron criterios para que lo jueces inferiores evalúen en qué casos corresponde otorgarle prisión domiciliaria en medio de la pandemia y cuándo no. En ese sentido, se priorizaron los casos de reclusos acusados de delitos leves, quienes estén cerca de cumplir su condena y aquellos que formen parte de los grupos de riesgo.
Sin embargo medios de comunicación macristas utilizaron esto para hablar de una suerte de plan de liberaciones masivas de parte del propio gobierno nacional, que hasta el propio Alberto Fernández salió a desmentir. Y hasta se difundieron casos que poco tenían que ver con el COVID, como el caso de un preso que salió de la cárcel para ser tratado por institutos psiquiátricos por sus problemas mentales, o el de un hombre que había salido en octubre porque había cumplido su condena.
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