Ley de Cuidados: el temor a que quede en una declaración de intenciones

Una de las iniciativas más ambiciosas presentadas por el Gobierno de Alberto Fernández para potenciar su agenda de género duerme en el Congreso hace cinco meses. Se trata del proyecto que establece la creación de un Sistema Integral de Políticas de Cuidados de Argentina (SINCA), que había sido impulsado particularmente por la ex ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y que había sido enviado a la Cámara baja con la firma del mandatario. La falta de precisiones respecto a su financiamiento, en el marco de la estricta disciplina fiscal actual, y las discusiones respecto a ciertas definiciones conceptuales de la letra chica están trabando su tratamiento, además de la propia dinámica del Congreso, donde se están priorizando otros temas legislativos.

Las organizaciones que luchan desde hace años por políticas públicas que combatan la inequidad de género enviaron hace pocos días una carta a la Presidenta de la Cámara de Diputados, a los jefes y jefas de cada uno de los bloques y a las presidentas y presidentes de las Comisiones adonde se giró el proyecto (Presupuesto y Hacienda, Legislación del Trabajo y Mujeres y Diversidad) para reclamar su tratamiento. Según pudo saber El Destape, contestaron cinco diputados de distintas fuerzas pero sólo dos de ellos transmitieron preocupación por el poco avance de la discusión.

“El debate para la creación del sistema de cuidados como el de la reforma integral del esquema de licencias laborales es fundamental a los fines de garantizar los derechos de niños y adolescentes de recibir cuidados de ambos progenitores, así como también contribuye a la reducción de las brechas de género”, reclamaron desde el colectivo Infancia en Deuda, que reúne organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Al contexto de su paralización se suma también la salida Gómez Alcorta y la llegada al Ministerio de Mujeres Género y Diversidad de Ayelén Mazzina, quien asumió en su cargo hace menos de una semana.

Los colectivos entienden que el trabajo desde el Poder Ejecutivo, con el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad a la cabeza, está hecho. Si bien consideran que el proyecto instala un buen punto de partida para dar la discusión, creen el Congreso debe mejorarlo y nutrirlo. Pero no lo está haciendo. “Este proyecto no sólo es indispensable para avanzar con una agenda de género e igualdad, sino que es clave para favorecer el desarrollo infantil y bajar los niveles de pobreza que superan el 50% en el caso de la infancia”, enfatizaron.

La distribución de las tareas de cuidado con equidad es un tema que suena cada vez más presente en las discusiones que se están dando en América Latina. Sin ir más lejos, Buenos Aires será sede la primera semana de noviembre de la XV Conferencia Regional sobre la Mujer de CEPAL, cuyo tema central será la sociedad del cuidado.

A nivel local, el último informe sobre el uso del tiempo del INDEC, publicado hace apenas tres semanas, da cuenta de la importancia de que esta iniciativa avance. En el país, la brecha entre hombres y mujeres en lo que respecta a los trabajos de cuidado sigue siendo de casi el doble.

Según el ente estadístico, cuando se analiza por sexo, la participación de las mujeres en las distintas formas de trabajo no remunerado es siempre mayor que la de los varones, tanto en el trabajo doméstico (90,0% frente a 69,1%), como en el de cuidado a miembros del hogar (31,4% frente a 20,3%) y el de apoyo a otros hogares, a la comunidad y voluntario (9,3% frente a 6,1%). Sin embargo, en lo que respecta a la carga horaria, la mayor diferencia entre varones y mujeres se observa en el trabajo de cuidado: mientras que los varones destinan 3:30 horas por día, las mujeres casi duplican dicho tiempo (6:07 horas).

El desafío del oficialismo: la implementación

El proyecto "Cuidar en Igualdad" busca saldar esta desigualdad, que impacta en el día a día de las mujeres y diversidades e incide en su participación en la economía, el mundo del trabajo y la política. Para ello, propone implementar un conjunto de políticas que aseguren la socialización, el reconocimiento y la redistribución de esas tareas de cuidado, entre todas las partes de la sociedad y entre todas las identidades de género.

Entre sus puntos más destacados, establece la ampliación de las licencias parentales (para personas gestantes la licencia pasa de 90 a 126 días y para para no gestantes pasa de 2 días a 90), promueve la ampliación de la oferta de servicios e infraestructura de los cuidados y el trabajo de cuidados remunerado. Por otro lado, reconoce el derecho a cuidar a monotributistas, monotributistas sociales y autónomos, a través de la creación de una asignación que implique el pago mensual del Salario Mínimo Vital y Móvil para personas gestantes, personas no gestantes y por adopción.

El desafío que tiene el oficialismo por delante es lograr que la iniciativa no quede en una simple declaración de derechos ni en una lista de buenas intenciones. Lo que no está quedando claro es cómo. Fuentes parlamentarias contaron a El Destape que su implementación está generando unos cuantos dolores de cabeza a los diputados que tienen la voluntad política de aprobarlo en el Congreso. Todavía tiene que quedar más claro cuáles son las partidas presupuestarias previstas para llevarlo adelante.

Tal como está redactado, el proyecto obliga al Ministerio de Obras Públicas de la Nación a destinar anualmente al menos el 8,5% de su presupuesto a la ampliación de la infraestructura pública de cuidados del país. Estas partidas dependen directamente de la sanción del Presupuesto 2023, que estipula los gastos y los recursos con los que cuenta el Gobierno para todo el año próximo.

Pero resta saber también cómo se financiará ese “bono para monotributistas”, además de la creación del registro nacional de trabajadoras y trabajadoras del cuidado remunerado. Tampoco se sabe de dónde saldrán los fondos para su capacitación. Estos son los aspectos de la iniciativa que más debate están generando.

El registro nacional establece la unificación de datos sobre los espacios de cuidado, información clave para el diseño de políticas. Por otro lado, el proyecto también propone que se realicen convenios con espacios de cuidado comunitario, donde el Estado proveería los recursos para solventar los gastos de las personas trabajadoras.

Delfina Schenone Sienra, socióloga y responsable del área de políticas del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género explicó a El Destape que este es un apartado clave de la iniciativa, porque las personas que trabajan en espacios comunitarios “muchas veces no reciben ningún tipo de remuneración a cambio, a veces reciben ingresos por medio de planes como el Potenciar Trabajo, pero que son ingresos por debajo de la línea de pobreza, que no llegan a un salario mínimo”.

Detrás hay también una discusión conceptual, definiciones que todavía se tienen que dejar en claro, sobre todo, ¿qué se va a considerar como trabajo de cuidado comunitario? “El cuidado abarca múltiples dimensiones del sostenimiento de la vida y es importante que desde el Estado se establezca qué va a considerarse como parte del trabajo de cuidado comunitario para entender el universo de personas del que hablamos y al que afectaría una política de este tipo”, remarcó Schenone Sienra.

Cómo se podría financiar

La semana pasada, se llevó adelante el evento “Los cuidados en diálogo”, organizado con ELA junto a Unicef Argentina, el Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas (CIEPP), el Grupo de Trabajo Interdisciplinario Derechos Sociales y Políticas Públicas y la Alianza Global de Cuidados. Allí. Adelantaron investigaciones llevadas adelante con ONU Mujeres y la Organización Internacional del Trabajo para evidenciar que “existen muchos argumentos y evidencia que sustentan que invertir en un sistema integral de cuidados en Argentina es una de las claves para su desarrollo”.

"Hay una obstrucción política del proyecto por la propia dinámica de funcionamiento del Parlamento, donde se ha decidido priorizar el acuerdo por la deuda y otras cuestiones económicas. También están las detracciones relacionadas con lo presupuestario. Por eso, nosotros intentamos demostrar que las políticas tienen un costo pero también generan beneficios económicos. No tenerlas implica un costo socioeconómico del que en algún momento el Estado tiene que hacerse cargo. Se refleja en una pérdida en la utilización de la fuerza de trabajo de las mujeres, porque ellas pierden la posibilidad de trabajar a tiempo completo, se dan también arreglos frágiles en lo que respecta a las tareas de cuidado y hay niños desatendidos con mayores problemas de salud", explicó a El Destape Corina Rodríguez Enrique, economista feminista e integrante de CIEPP. 

La CIEPP presentó el año pasado dos informes en los que señaló los beneficios de crear un fondo de cuidado, donde se canalicen recursos para costear estas políticas, a partir de un financiamiento federal. En ese sentido, proponen también cambiar el destino de algunos instrumentos tributarios existentes y crear otros para priorizar el gasto en el SINC.

"Parte de ese costo se puede autofinanciar, se puede recuperar por los propios encadenamientos o beneficios económicos: los servicios de cuidado son de trabajo intensivo y requieren mucha fuerza de trabajo para poder desarrollarse. Entonces, hay generación de empleo, que se traduce en generación de ingreso. También mejoran los ingresos de los hogares y se transforma en un aumento de la demanda. El aumento en la actividad económica también genera mayores posibilidades de recaudación impositiva", amplió Rodríguez Enrique.

Desde CIEPP entienden que la financiación de estos fondos debería ser consensuada con las provincias. En el informe "Alternativas de financiamiento de un Sistema Nacional Integrado de Cuidados en Argentina", el organismo planteó la necesidad de crear un Pacto Fiscal por los Cuidados, "que enmarque un esfuerzo compartido para lograr una imposición más progresiva y orientada a dotar de recursos suficientes y estables a las políticas públicas necesarias para el cuidado de la vida”. Rodríguez Enrique explicó que la lógica detrás de este pedido tiene que ver con que estas políticas "generan beneficios para la sociedad en general y para los gobiernos en los distintos niveles". 

En esa línea, proponen también que una parte del Impuesto al Valor Agregado (IVA) sea destinada a este Fondo de Cuidados “ya que es un gasto que apunta a la reducción de la desigualdad y matizaría así la falta de progresividad de este tributo”. Del mismo modo, recomiendan que los gobiernos subnacionales lleven adelante por su lado Fondos para el Cuidado y que para ello le asignen a una parte de sus impuestos indirectos, como los IIBB, a él.

No se quedan solamente con el IVA y los impuestos subnacionales. También indican que sería una buena idea crear tributos selectivos a productos y servicios digitales “que generan dependencia y su consumo excesivo pueda significar un deterioro social”, entre los que enmarcan a los videojuegos. En esa lista también sugieren que sería conveniente revisar el gasto tributario dirigido al desarrollo de la industria del software. En lo que respecta al cuidado del medioambiente, proponen incorporar a las empresas un tributo al consumo de plásticos y materiales de difícil biodegradación. "Sabemos la resistencia que hay en todo el mundo y mucho más acá, pero también es una disputa por los recursos y en algún momento va a haber que dar esa batalla. Argentina necesita una reforma tributaria para recaudar más y mejor", enfatizó la economista.