Después de más de 10 meses de investigación, el departamento trata de personas de la superintendencia de investigaciones federales de la Policía Federal allanó 21 lugares en la búsqueda de una organización que se dedicaba a lo que la Justicia llamó “turismo gestante”. Es decir, una organización que contactaba a mujeres vulnerables a las que les pagaban como máximo 10 mil dólares para que gesten un bebé que luego se vendía a parejas extranjeras por alrededor de 50 mil dólares.
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Los operativos, 21 en total en las últimas horas, se hicieron en sanatorios privados, clínicas de fertilidad, escribanías y estudios de abogados tanto de Capital Federal, como de las provincias de Buenos Aires y Santa Fe donde recolectaron material que será analizado pero que, por lo pronto, reveló que existen 147 casos entre 2018 y abril de este año.
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La punta de la investigación se dio en enero, cuando una beba de 3 meses fue internada en Alemania con problemas de salud. La criatura tenía pasaporte argentino y una constancia de inscripción en el registro civil de Capital Federal. Los médicos constataron que la mujer que acompañaba a la bebé tenía 58 años y no contaba con las condiciones para brindarle la atención necesaria. Con esos datos, desde el Hospital se comunicaron con el área de minoridad de la localidad alemana de Sarre y la criatura fue asistida por una familia sustituta. Mientras tanto y tras la declaración de la pareja que llevaba a la bebé, desde Alemania hicieron la denuncia en Argentina. A partir de allí, la jueza María Eugenia Chapuchetti y la fiscal de la PROTEX, Alejandra Mangano llevaron adelante la investigación.
Según la investigación, había personas y empresas que publicitaban los servicios a través de distintas publicaciones en el extranjero y brindaban distintas vías de comunicación para que las parejas que deseaban tener hijos y no podían llevar adelante los embarazos los contactaran. Allí les ofrecían un servicio llamado “Programa Argentina” que tenía un valor aproximado de 50 mil dólares. Con ese “paquete”, las parejas podían elegir a la persona gestante, la adquisición de los embriones a implantar, el tratamiento, los controles regulares del embarazo y el posterior parto. Con esos datos, los investigadores también descubrieron que a las mujeres gestantes les ofrecían hasta 10 mil dólares por su participación y un extra de entre mil y dos mil si el parto se producía por cesárea. De esta manera, podían tener controlado el lugar donde el bebé nacía y avanzar con la confección de la documentación.
De esta forma descubrieron la otra cara del negocio que consistía en un “sistema de reclutamiento” de gestantes a las que contactaba por redes sociales. Para esto buscaban mujeres que podían convencer aprovechándose del estado de pobreza y vulnerabilidad. De esta forma y con el ofrecimiento de dinero mediante, las obligaban a llevar adelante la cantidad de tratamientos que fueran necesarios para provocar el embarazo. Durante todo el proceso y controles les pagaban un mínimo mensual hasta que daban a luz y entregaban el bebé y allí cobrarían el total del dinero. De esta forma, las mujeres sabían que en caso de interrupción del embarazo por cualquier circunstancia, las empresas se negaban a cualquier pago, excepto los mínimos que ya habían entregado.+
Todo el esquema de la organización tenía como fin lograr el apoderamiento del bebé para entregarlo a una pareja que en su mayoría vivía en el extranjero y no tenían ningún tipo de vínculo genético, cultural y social. A esto debe sumarse que la empresa tenía aceitados contactos para la inscripción de los bebés en Capital Federal donde incluso se comprobó que habían inscripto a niños que habían nacido en otras provincias del país. “De esta manera se comprobó que todos los actores tenían un fin meramente lucrativo y se aprovechaban de las necesidades socioeconómicas de las mujeres gestantes para hacer de nuestro país un lugar de ‘turismo reproductivo’”, señalaron desde la división de trata de la Policía Federal.
Ahora, la investigación de la PROTEX y de la jueza Capuchetti avanza tanto en delitos del código penal como delitos contra la Constitución Nacional habida cuenta que consideran que se violaron los Derechos Humanos en al menos 147 casos. En ese sentido, destacaron que nuestra Constitución señala que “la compra venta de seres humanos constituye un delito constitucional inserto en su art. 15 donde los constituyentes previeron expresamente que ‘todo contrato de compra venta de personas es un crimen del que serán responsables los que lo celebrasen, y el escribano o funcionario que lo autorice’”. Además, fuentes judiciales señalaron a El Destape que “la investigación sigue en proceso y que no descartan la posibilidad de detenciones y más diligencias judiciales habida cuenta que siguen apareciendo publicaciones internacionales que hablan de Argentina como un lugar donde no está prohibida la subrogación de vientres y de esta forma siguen vendiendo el paquete de turismo gestante”.
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