La estrategia del cura Julio Grassi para quedar en libertad que buscan neutralizar las víctimas: "Tiene que cumplirse la pena"

El cura Julio Grassi pide su libertad condicional, a pesar de que hasta la Corte Suprema confirmó su condena por abuso sexual infantil. Qué dice el Código Penal al respecto y cuál es la estrategia que intentarán desbaratar los denunciantes, a 15 años de la sentencia que conmocionó al país.

22 de agosto, 2024 | 00.05

El Tribunal N°1 de Morón se convertirá nuevamente este jueves en la caja de resonancia de una de las causas por abuso sexual infantil más impactantes en la historia del país, cuando Julio César Grassi pida ante el micrófono la libertad condicional, sin abogado de por medio y a 15 años de la sentencia que lo condenó por haber abusado sexualmente de menores cuando estaban a su cuidado en la organización "Felices los Niños". El argumento del religioso para buscar su salida anticipada es el cumplimiento de más de dos tercios de su pena, a pesar de que el Código Penal excluye de este beneficio a quienes cometieron delitos contra la integridad sexual. El Comité de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño en Argentina (Casacidn) sostiene que la solicitud de Grassi revictimiza a los denunciantes y los expone psicológicamente, pero envía además a los ojos de la sociedad un mensaje de impunidad, ese que siempre rodeó al sacerdote mediático de los ´90 amigo del poder.

"Sería negativo que vean cómo este hombre obtiene un beneficio indebido otra vez ejerciendo su poder, demostrado a lo largo de más de 20 años", remarcó a El Destape Juan Pablo Gallego, de Casacidn, abogado querellante de la principal víctima del cura, conocido como "Gabriel", uno de los pupilos del sacerdote que fue abusado en 1998 cuando tenía 15 años. El terapeuta que asiste a uno de los denunciantes presentó un informe respecto a las consecuencias psicológicas que podría acarrear que se acepte la condicional para el sacerdote. "Pero el impacto se extiende a toda una sociedad asombrada porque este hombre siempre tiene algo más y fuera de la ley, porque el Código no se lo permite", remarcó Gallego.

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El caso Grassi expuso los vínculos de poder entre la Justicia, la Iglesia y el poder político. Se destapó en una emisión del programa televisivo Telenoche Investiga el 23 de octubre de 2002 cuando se presentaron en horario central varios testimonios de trabajadores de la Fundación que denunciaban el abuso sexual a cinco niños y adolescentes de entre 11 y 17 años.

"Era alguien más poderoso por entonces que la persona que terminó siendo Papa", opinó el abogado respecto a la injerencia que tenía por entonces el sacerdote en la sociedad, más que Jorge Bergoglio, en su opinión. Fue la cara visible de las campañas de caridad, a través de su fundación montada en 1993 y a partir de la cual llegó a albergar a más de 6 mil niños. El terreno de 65 hectáreas en el actual partido bonaerense de Hurlingham (por entonces Morón) se lo cedió en 1993 quien era el ministro de Economía, Domingo Cavallo.

Cuando le llovieron las denuncias y quedó imputado por 17 cargos de abusos deshonestos contra tres niños que tenían 9, 13 y 17 años; Grassi ya había entrado en millones de casas a través de la televisión, en los programas del prime time donde se mostraba como el gran ayudante al prójimo en medio de la segunda presidencia de Carlos Menem, quien dejó la acción social mayormente en manos de privados.

La Justicia comprobó que el sacerdote cometió al menos dos delitos de abuso sexual.

Por qué Grassi no puede quedar en libertad antes de 2028: el argumento legal

El artículo 13 del Código es el que regula el beneficio de la libertad condicional y está asociado al 14, que en su inciso 2 excluye categóricamente a los ofensores sexuales. En este caso, además, las agresiones fueron contra menores de edad, que están protegidos por la Convención de Derechos del Niño del año 1990. Por eso, Gallego considera "absolutamente improcedente" que se acorte la pena que viene cumpliendo en la Unidad Penitenciaria N°41 de Campana.

Grassi fue condenado a 15 años de prisión en 2009 por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Morón por abuso sexual reiterado y agravado por corrupción de menores por su condición de encargado de la educación y de la guarda de la víctima.  Pero el cura quedó preso recién cuando la Suprema Corte bonaerense ratificó la pena, en 2013. En ese momento, en el recurso de apelación su defensa había puesto en duda los testimonios de los denunciantes y había dicho también que se valoraron de forma incorrecta, a pesar de que la violencia sexual es un tipo particular de agresión que, en general, se caracteriza por producirse en ausencia de otras personas más allá de la víctima y el agresor o los agresores. La Corte lo rechazó por unanimidad en 2017.

Estos serán seguramente los mismos fundamentos que expondrá Grassi, quien ya recibido de abogado en la cárcel ejercerá su propia defensa. Tras el fallo de la Corte, será la última carta que podrá jugar para intentar salir de la cárcel antes de 2028. "Lo que pueda decir de la valoración de la prueba, además, ha quedado zanjado definitivamente por la Corte. Es factible que vuelva sobre esto porque sigue planteando que es inocente, pero no tiene ningún sustento tras la condena firme y y tiene que cumplirse la pena completa", remarcó el abogado de los denunciantes, quien representó a "Gabriel" durante todo el proceso legal, también a "Ezequiel" y "Luis", aunque sus presentaciones fueron desestimadas por la Corte a pesar de la recomendación de la Procuración.

Más allá de que Grassi quiera poner en duda los testimonios de las víctimas, el máximo tribunal convalidó el dictamen de 2015 de la Procuradora Fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Irma Adriana García Netto, quien remarcó que "ninguno de los peritos en psicología y psiquiatría opinó que las versiones de los niños fueran falsas, imaginadas o inducidas por terceros a pesar de las particularidades que presentaron".

Así y todo, el tribunal de Morón consideró que había que darle al cura la oportunidad de hablar. Su postura quedará transparentada cuando sea él mismo el que plantee por qué debe quedar en libertad, en una audiencia pública en la que estarán ambas partes. Las víctimas denunciaron en 2001 pero tuvieron que esperar siete años para que la Justicia sentara a Grassi en el banquillo y se decidiera a arrancar el proceso legal. Un año entero estuvieron reviviendo las agresiones. Inclusive con una condena en primera instancia tuvieron que tolerar que tuviera contacto con otros niños y viviera en una quinta con pileta y otras comodidades. "Ahora también desvió mercaderías de la Fundación que eran para los chicos hacia la cárcel para intercambiarlo por favores. No ha parado nunca", graficó Gallego. 

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