La Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) realizó este miércoles un paro nacional en rechazo de la "criminalización de la protesta social" y en reclamo de mejoras salariales. En referencia a lo primero, aluden el caso del sindicalista docente Santiago Goodman que afronta un pedido de cinco años de cárcel -de la jueza María Tomei, tras declararlo como "coautor"- por haber participado de un incidente que derivó en un incendio en la Legislatura de Chubut durante el 2019.
El secretario general de la CTA de la Ciudad de Buenos Aires y secretario gremial, Eduardo López, manifestó en una rueda de prensa: "Luchar no es un delito, reclamar no es un delito y mantenemos esa coherencia desde Milagro Sala hasta Goodman y todos los compañeros y compañeras procesados y perseguidos por luchar". Además, cuestionó que la jubilación a docentes nacionales solo haya aumentado un 9% (teniendo en cuenta que la inflación fue del 39%) y reclamó la convocatoria a nuevas partitarias.
Por su parte, frente a esto, el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, dialogó con Radio 10 y expresó: "Hoy en Argentina debiera haber clases. Si bien cada uno en democracia puede reclamar lo que crea que tiene que reclamar, se debe avanzar en proteger el derecho que tienen los chicos de que haya clases". Mientras que, por otro lado, indicó: "No hay un conflicto entre la parte sindical y el Estado nacional sino un reclamo que se tiene que resolver en la Justicia de Chubut". En lo que refiere a las mejoras salariales, el titular de la cartera de Educación recordó que en septiembre "se volverán a revisar los acuerdos paritarios para que los salarios le ganen a la inflación".
La defensora de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Marisa Graham, aseguró a través de sus redes sociales en conjunción con el ministro: "Reducir un día de escuela conspira contra la búsqueda de toda la sociedad y el Estado para que haya más y mejor escuela. Medidas como la de hoy atentan contra el esfuerzo que las y los docentes hicieron en pandemia". Y agregó: "Más allá de los derechos que se deben garantizar a las y los trabajadores, no podemos desatender el impacto del COVID-19 y el proceso que venimos transitando en relación con la garantía del derecho a la educación".
En el marco del paro nacional, docentes de Mendoza, Neuquén y Santa Fe (nucleados en el Partido de los Trabajadores Socialistas) realizaron un corte total de la avenida Corrientes, intersección con Callao, desde las 8 de la mañana. Por su parte, en Santa Fe, se movilizaron hasta la Casa de Gobierno para reclamar el adelantamiento de la revisión salarial y los docentes de Córdoba, hicieron lo propio para exigir "un incremento salarial para el segundo semestre, tanto para los activos y los jubilados".
En la provincia de Santa Cruz se inició un par de 48 horas, bajo la consigna de "exigir que ningún docente viva por debajo de la línea de pobreza" y pidiendo "mayores inversiones en infraestructura escolar"; mientras que en Río Negro se rechazó la propuesta salarial realizada por el gobierno provincial y definió cuatro días de paro divididos en dos etapas (hoy y mañana, miércoles y jueves de la semana próxima) con varias movilizaciones.
Se adhrieron también a la protesta los gremios docentes UTE de ciudad de Buenos Aires, SUTE de Mendoza, ATEN de Neuquén, Ateca de Catamarca, Suteco de Corrientes, ADF de Formosa, Agmer de Entre Ríos, ADEP de Jujuy, Utepla de La Pampa, AMP de La Rioja, UDPM de Misiones, ADP de Salta, UDAP de San Juan, ASDE de San Luis, Sutef de Tierra del Fuego, UTRE de Chaco y ATEP de Tucumán.
En este marco, la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, apuntó contra quienes se adhirieron al paro y afirmó que solo un 12% de CABA formó parte tras un relevamiento de 158 escuelas. "En la ciudad la mayoría de los docentes están trabajando. El paro lo hacen los sindicalistas que sigue militando escuelas cerradas y en este último tiempo nos han dado muestras de sobra que sus intereses políticos siempre estarán por encima de la educación de los chicos y las chicas", sostuvo. Además ratificó la medida adoptada desde 2010: el día por paro de actividades será descontado. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad había señalado entonces que "el ejercicio del derecho a huelga no genera por sí la obligación de pago del salario correspondiente".
Por su parte, el ahora diputado nacional Alejandro Finocchiaro (exministro de Educación), comparó el paro docente con lo realizado por Moyano y los Camioneros bloqueando San Nicolás: "Roberto Baradel pone su aparato sindical para condicionar al Poder Judicial y eludir una sentencia por un delito común. Un nuevo ejemplo que explica por qué es necesario el proyecto de ley que impulsamos con Cristian Ritondo, jefe de nuestro bloque legislativo, para declarar a la educación servicio estratégico esencial". Además, sostuvo que son más de mil las jornadas de clase perdidas en todas las provincias desde la recuperación de la democracia, en 1983.
Sobre esto, el legislador afirmó: "Buena parte de la decadencia argentina, de la pobreza creciente, del grado intolerable de desintegración social se explica por la descomposición educativa de los últimos 20 años. En esa etapa, CTERA no solo ofició de sindicato, sino que fue el brazo gestor del kirchnerismo en el sistema. Inclinó la cancha para terminar con la escuela-motor de la promoción social para convertirla en centros de adoctrinamiento multiplicadores de la dependencia y la ignorancia". Finocchiaro dijo que, junto a Ritondo, iniciará una campaña durante la próxima semana para dar a conocer a vecinos y vecinas el proyecto que impulsan, y así convertirlo en ley. "Si la educación es importante a la hora de pedir, también debe serlo a la hora de dar. Los chicos deben estar en las aulas siempre. Solo así tendremos la posibilidad de construir el país en el que deseamos vivir", concluyó.
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