Los trabajadores del subterráneo de la Ciudad de Buenos Aires harán este miércoles un paro que se convertirá en la medidas de fuerza número 20 en busca de que retiren los vagones que están contaminados con asbesto, un mineral volátil que se utilizaba para aislar y que fue prohibido en la Argentina en 2003 por su peligrosidad. La empresa Emova sostiene que está quitando el material nocivo, mientras que la Justicia ya falló a favor de los trabajadores. Cómo es la vida de los trabajadores enfermos.
"Hemos hecho todo lo humanamente posible para que solucionaran la crisis sanitaria provocada por la presencia de asbesto cancerígeno y para que dejen de poner en riesgo la vida de millones de usuarios y trabajadores del subte, sin obtener aún respuesta, al contrario han cerrado todos los canales de dialogo", afirmó en un comunicado la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP).
Para bajar la exposición al asbesto, los empleados exigen una reducción de la jornada laboral que hoy es de seis días a la semana durante seis horas, es decir 36 horas semanales, para pasar a ser 30 horas semanales en cinco días.
Tres trabajadores murieron por el asbesto y hay más de 80 afectados, según el sindicato. Los vagones contaminados fueron comprados a España por el gobierno de Mauricio Macri. No hay funcionarios detenidos por la compra pese a que es considerada ilegal porque España prohibe la venta de objetos con material cancerígeno.
En tanto, la concesionaria Emova repudió "la postura inflexible" adoptada por la AGTSyP; manifestó "su disposición al diálogo" y sostuvo que la reducción de la jornada laboral de 36 a 30 horas semanales "resulta inviable sin afectar la operación de la red de Subte".
Respecto de la problemática denunciada por los metrodelegados sobre la presencia de asbesto, desde la empresa aseguraron que se "trabaja activamente en un plan de desasbestización en continuidad con el proceso iniciado hace 5 años" junto a entidades gremiales en la Dirección de Protección del Trabajo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Vivir con asbesto: el testimonio de los trabajadores enfermos
-"Soy el primer diagnosticado de cáncer en el subte por el asbesto. La exposición hizo que me sacaran medio pulmón y que me jubilaran a los 58 años. A mí la empresa no me puede decir que el subte se volvió seguro. Mis 85 compañeros y 3 fallecidos son la vivencia de esto", cuenta Daniel Fernández, quien pide que su testimonio sea una muestra de lo que puede ocurrir si nada cambia.
-"Hace 29 trabajo en el subterráneo como conductor. En el 2019, me descubrieron inflamación de pleura y neumoconiosis en el pulmón derecho por el asbesto", cuenta el chofer Martín Paredes.
-"Empecé a trabajar en el subte en el 2003. En el 2021 me diagnosticaron con neumoconiosis por exposición al asbesto. Cuando me llamaron para darme el diagnóstico fue un baldazo de agua fría porque no me lo esperaba. Si bien hoy sé que no tengo cáncer, sé que me tengo que someter a chequeos hasta el último día de mi vida, porque puedo llegar a desarrollarlo", explica Florencia Santilli, , conductora de la Linea C.
"Entré a trabajar en el subterráneo en 1981 y me desempeñé hasta el 2021 en el mantenimiento de escaleras mecánicas. Ese último año me notificaron que tenía una calcificación en el pulmón. Todavía espero que la empresa brinde un lugar seguro para poder trabajar", denuncia Omar Usandizaga.
"Los funcionarios sabían qué compraron"
En febrero, la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad confirmó una sentencia de primera instancia que había dispuesto, como medida cautelar, la prohibición de la manipulación o contacto con piezas, materiales, componentes o lugares con Asbesto, en particular en las distintas formaciones en uso o que hayan estado en circulación.
El fallo estableció que la responsabilidad del gobierno porteño "quedó de manifiesto a partir de las declaraciones de las propias autoridades de Sbase, que reconocieron no haber visto en su momento los manuales técnicos de las formaciones adquiridas a España por su voluminosidad", y que asumieron que "el metro de Madrid no vendería vagones con material cancerígeno porque desde 1999 no puede usarse amianto en la Unión Europea".
"Las argumentaciones o justificaciones de los funcionarios evidencian la escasa o ninguna sensibilidad en materia de ambiente y, por cierto, un absoluto desconocimiento técnico de las consecuencias que están a la vista", concluyó la magistrada en su sentencia.
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