El gobierno de San Juan denunció a una médica con coronavirus por poner en riesgo a la población

Indignación en San Juan por el accionar de una médica perteneciente a equipo de salud que atiene a pacientes con COVID-19, quien se contagió de su hermano, el tercer caso positivo en la provincia, por su actitud negligente. La especialista es acusada por el gobierno de Sergio Uñac por violar protocolos y poner en riesgo a la población al no cumplir con el aislamiento social y preventivo y por abusar de su autoridad para visitar a su hermano en la Terapia Intensiva cuando no tenía autorización para ingresar al área crítica donde estaba internado.

Fue la propia ministra de Salud, Alejandra Venerando, quien presentó la denuncia penal en su contra (la identidad se reserva por protocolos internacionales sobre pacientes con COVID-19); lo hizo en la Fiscalía correccional a cargo de Roberto Mallea, quien ya solicitó una serie de medidas urgentes para preservar a la población y evitar una posible propagación del virus, en primera medida.

La mujer tiene 43 años y es hermana del camionero que contrajo coronavirus cuando estaba en Buenos Aires (fue el tercer caso importado de San Juan). Este hombre había sido sometido a tres test en un hospital de Islas Malvinas, en la ciudad bonaerense, al contraer neumonía, pero dieron negativo. Se estima que se contagió en el nosocomio, pero por causas que se investigan no pudieron develar que se trataba de un caso positivo.

Entonces, un vuelo sanitario lo trasladó a la provincia; en ese camino se descompensó por lo que las autoridades de COVID-19 decidieron volver a realizarle otro test, que dio positivo. Instalado en San Juan, fue internado en la Terapia Intensiva del Hospital Guillermo Rawson donde estuvo siendo visitado por esta médica, quien está acusada de ingresar a la sala de cuidados intensivos sin autorización y manipularlo; a tal punto que le extrajo el entubado para llevarlo al baño. 

Aunque, según pudo saber El Destape, hay registros de su accionar negligente y prepotente contra las enfermeras del sector, pero no hubo denuncia en ese momento. Por lo cual, la mujer siguió atendiendo a sus pacientes inmunodeprimidos en su consultorio de una clínica privada, y ahora son buscados por el gobierno. 

También se conoció que hubo una denuncia al 911 alertando de un encuentro familiar en la casa de los padres de esta mujer en un departamento lindante al Gran San Juan. En ese evento hubo un grupo numeroso de personas que tuvo contacto directo con esta mujer. Una de las personas que estuvo fue la esposa de un policía de la seccional 9na. Al conocerse esta información, el Comité COVID de San Juan decidió aislar a la seccional dependiente de la fuerza local y realizar test a todos los uniformados y detenidos que estaban en esa comisaría. El primer test al esposo de la mujer estuvo con la médica dio negativo, según fuentes oficiales. 

Por otro lado, sospechan que la familia tuvo contacto con miembros del Juzgado de Paz de 9 de Julio; por lo que a última hora del lunes la Corte de Justicia decidió cerrar las puertas de esa institución. Entonces, dos departamentos de San Juan reportaron operativos de aislamientos. Por estas horas, son 15 las personas trasladadas a hoteles que deberán cumplir con la cuarentena en ese lugar y serán sometidos a dos hisopados. 

Ante esta situación, el gobierno decidió denunciar a la médica por presuntos delitos cometidos contra los artículos 205, 207, 239 y 248. El primero es el que menciona la violación de las medidas adoptadas para evitar la propagación del virus, el segundo, su condición de profesional de la salud pública; cuya pena podría llegar a la inhabilitación especial que doble el monto de la condena. Si la pena fuere una multa, esta inhabilitación sería de un mes a un año.

En el caso del artículo 239, se establece que "será reprimido con prisión de quince días a un año el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal".

El siguiente y último artículo remarca "será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere".

En medio de este embrollo, en la mañana de este martes, la ministra Alejandra Venerando advirtió: “Iremos con todo el peso de la ley contra los responsables”. Fue el propio gobernador Uñac el que decidió impulsar la denuncia contra la paciente "por no tomar los recaudos y por haber abusado de su condición de profesional de la salud".

Si bien, la denuncia inicial está registrada contra la médica, hay una ficha firmada por la guardia de la terapia intensiva que detalla los pasos que dio sin permiso dentro del área crítica; y eso podría involucrar a más de un responsable. Esto quiere decir que, el sumario administrativo que partió desde Salud Pública podría implicar a otros posibles actores de su maniobra imprudente.