Polémica decisión judicial en Santiago del Estero por la adopción de una niña

La historia de V., una niña santiagueña de solo 3 años, está marcada por las vulneraciones, las esperas y “los tiempos” de la Justicia. Cuando parecía que finalmente se iba a hacer efectivo uno de sus derechos fundamentales, crecer y vivir en familia, una vez más su destino está en vilo. Su caso, lamentablemente, es un claro ejemplo de qué ocurre cuando, en lugar poner en primer lugar a las infancias, se priorizan los deseos e intereses de los adultos.

Hace 15 días, una jueza tomó la decisión de quitarle la custodia de V. a su futura mamá adoptiva y dispuso, por medio de una medida cautelar innominada, que sea alojada por 20 días con quienes eran su familia de acogimiento, dejando sin efecto la guarda preadoptiva. Con la idea de que la niña reciba allí las visitas de una pariente de ellos que se presentó “reclamando” su adopción y de Silvia, la mujer que ya tenía la guarda. La magistrada Norma Carolina Anauate –que fue apartada de la causa– no dijo nada acerca de qué haría cumplido ese plazo.

Esa situación, que contradice toda la legislación en materia de adopción y derechos de niñas, niñas y adolescentes, aún no se concretó gracias a que la abogada Silvana Perrren –que defiende a la mamá adoptiva– y los organismos intervinientes interpusieron un recurso de apelación. Pero la medida sigue vigente y V. no sabe si va continuar su vida junto a la mamá elegida para ella siguiendo los procedimientos que establece la ley.

En un principio, por diferentes vulneraciones, la niña fue apartada de su familia de origen para resolver si podía volver con ellos o era declarada su adoptabilidad. En ese tiempo y solo hasta que se resolviera la situación, fue llevada a una familia de acogimiento. Finalmente, dos años después, el Juzgado de Familia de 2º Nominación de Santiago del Estero, a cargo de de la jueza María Cristina Cambareri, declaró su adoptabilidad y solicitó los legajos al Registro Único de Adoptantes (RUA).

De los cinco legajos propuestos por el RUA y el Organismo de Niñez, la jueza actuante seleccionó uno: el de una mamá monoparental que podía atender y darle a V. lo que ella necesitaba: atención plena. Luego de las entrevistas finales, inmediatamente se ordenó comenzar con la vinculación.

Hasta ese momento, aunque con demoras, todo marchaba según lo marca la ley. Sin embargo, quienes acompañaron a la niña y a su futura mamá en el proceso de vinculación explican que a partir de ahí todo se empezó a teñir de un color oscuro. La familia de tránsito se mostró reticente. “Pusieron trabas, obstáculos e impedimentos: algunos días no podían, otros manifestaban que la niña estaba enferma, que le salía sangre de la nariz, y llegaron a presentar un certificado médico que informaba falazmente que si continuaba la vinculación V. se moriría”, detallan. Por eso, cuentan, la familia de tránsito fue citada por la Subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia (SUBNAF) para recordarles cuál era su rol y a qué se habían comprometido.

Tránsito no es adopción

Si bien es el primer caso que sucede en Santiago del Estero, ya hubo otras polémicas en el país en relación a familias de tránsito que reclamaban adoptar o quedarse con los niños. Muchos se hicieron conocidos por los medios y conmovieron a la opinión pública, como la historia de “Mimi”, en 2021.

La ley es muy clara en ese sentido. Las familias de tránsito no pueden adoptar a esos niños. De hecho, el cuidado transitorio está destinado a chicas y chicos que aún no cuentan con una definición judicial respecto de su situación y que, por eso, requieren de familias que puedan acompañarlos esos procesos, con la finalidad específica de brindarles cuidado por un tiempo y así evitar la institucionalización, sobre todo en bebés. De hecho, muchas de esas niñas y niños vuelven con sus familias de origen o entorno ampliado, es decir, no salen en adopción.

En el caso de V., todo llegó al punto más álgido cuando la familia de acogimiento, después del primer pernocte de la niña en la casa de Silvia, realizó una denuncia penal por abuso sexual contra la futura madre como presunta autora y también contra la coordinadora del RUA, María Carolina Agüero, como encubridora. “Otra maniobra más para dilatar el proceso de adopción”, coinciden los especialistas. La investigación que incluyó pericias médicas, Cámara Gessell y declaraciones, culminó con el archivo de la causa por “inexistencia de delito”.

En paralelo, la hermana gemela de la familia de tránsito, junto a su marido –las mismas dos personas que hicieron el pedido para que sea revisada la guarda de V.–, comenzaron su inscripción como postulantes para adopción en el RUA y obtuvieron el alta. Para los especialistas consultados –algunos tienen bozal legal–, todo fue parte de un mismo plan: “Una hermana se inscribió como familia de acogida y la otra como familia posible postulante para la adopción, ideando un plan intencionado para apropiarse de la niña”.

Pese a todas las irregularidades, el Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero los escuchó y resolvió un recurso per saltum con voto a favor de los jueces Eduardo José Ramón Llugdar, Federico López Alzogaray y Federico Argibayen, y en disidencia de la jueza Ana Rosa Rodríguez, en virtud del cual se declaró la nulidad de la guarda con fines de adopción y apartó a la jueza de 2º Nominación, desoyendo las intervenciones del RUA, la SUBNAF, los Ministerios Públicos e incluso del defensor del Niño de la provincia, Leandro Javier Drube. Sin embargo, no hace lugar al pedido de la familia de tránsito a que la niña vaya con ellos. Así fue que la causa recayó en la jueza de Familia de 3 Nominación, Norma Carolina Anauate.

Los expertos intervinientes coinciden en que lo que V. necesita es estabilidad en sus afectos. Por eso, en un escrito que presentó a la justicia, la coordinadora del RUA solicitó que se deje sin efecto la medida de desvinculación con Silvia, se le dicte la guarda preadoptiva y se desestime la revinculación de V. con quien fuera, pero ya no lo es, su familia de acogida. Agüero es una de las referentes que tiene interpuesto un bozal legal, ordenado por la jueza Anauate, por el que no puede dar declaraciones a la prensa y con amenazas de multas con un valor de 200.000 pesos diarios.

Debido a las irregularidades del caso, la abogada de Silvia interpuso una recusación con causa, por lo que ahora el expediente se encuentra radicado en el Juzgado Civil del juez Sergio Santos, quien deberá resolver los diferentes planteos o decidir ejecutar la medida que, si bien esta apelada, no está suspendida.

Desde esta semana, para velar por los derechos de niña, la Defensora Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, es parte de la causa. Todos los organismos provinciales de niñez, acompañados por organizaciones de derechos de la infancia y entidades de la sociedad civil, coinciden en que lo mejor para V. es el dictado de la sentencia de guarda con fines de adopción, en base a que todos los informes dan cuenta de las óptimas condiciones en que se encuentra la niña y de su vínculo tan afianzado con su mamá.

Para difundir el caso, se armó una página de Instagram: “Justica por V”, donde se pide “la sentencia de adopción ya”, se muestra el vínculo amoroso que la niña tiene con su nueva familia. También es muy importante el acompañamiento que estás dando desde sus redes Red Argentina por la Adopción, Adopten Niñes Grandes y Militamos Adopción, entre otras organizaciones, que piden que sean respetados los derechos de la niña y la ley de adopción.