La Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación alertó sobre la situación que atraviesa ese sector de la población, que se encuentra entre los más empobrecidos por las decisiones del actual Gobierno de La Libertad Avanza. Desde la institución remarcaron la fuerte caída en el presupuesto destinado a políticas públicas y alertaron sobre la posible acefalía del organismo y la consecuente paralización si no se crea la comisión bicameral en el Congreso: “Un país democrático y respetuoso de los derechos humanos debe tener a la niñez y a la adolescencia en el centro de sus preocupaciones”, apuntaron.
En un comunicado publicado a propósito del Día Internacional de los Derechos Humanos desde la Defensoría, a cargo de Marisa Graham, hicieron un racconto de los derechos conquistados en los últimos años. Sin embargo, asumieron que “sigue siendo un desafío que las infancias y adolescencias sean prioridad en las decisiones de todos los poderes del Estado, tanto nacional como provinciales”.
En esa línea, hicieron un repaso sobre una serie de datos que encienden alertas sobre la situación a la que se ve expuesto este grupo etario:
- 8 millones de niñas, niños y adolescentes son pobres, mientras que, 3 millones son indigentes, lo que significa que más del 65% viven en hogares cuyos ingresos no alcanzan a cubrir la canasta básica;
- el 51% de chicas y chicos viven en hogares no conectados a la red de gas, mientras que el 12% no cuenta con acceso a la red de agua corriente. A su vez, el 7,8% vive en situación de hacinamiento crítico;
- un 8% de adolescentes está fuera del sistema educativo;
“Debe ser intolerable para cualquier sociedad que las y los más chicos estén desprotegidos, violentados o maltratados”, apuntaron y advirtieron que la inversión destinada a políticas para esta población en este año “experimenta una caída de, al menos el 14% (en el mejor de los escenarios inflacionarios proyectados oficialmente)”. Además, de que muchas partidas siquiera fueron ejecutadas, en una situación que no es revertida en el proyecto de presupuesto nacional 2025 -que tampoco fue tratado en el Congreso hasta el momento- lo que es “una expresión del plan de Gobierno”.
“En un contexto donde la niñez y la adolescencia son la porción de la población más castigada por las condiciones materiales de vida, el Estado debe fortalecer su presencia, a través de acciones positivas que garanticen derechos, incluyendo además el acceso a la salud y a la justicia, el derecho a una vida libre de violencias y a la participación. Derechos a los que la Argentina se comprometió a través de las convenciones internacionales, leyes nacionales y provinciales vigentes”, exigieron en el comunicado firmado por Graham, y el defensor adjunto, Juan Facundo Hernández.
Exigen la creación de la comisión bicameral de Niñez y Adolescencia
“Es necesaria la conformación de la Comisión Bicameral, instancia prevista en la Ley 26.061, que debe dar garantía a la continuidad de la Defensoría”, manifestaron en el comunicado.
Como bien mencionaron, la comisión es creada a partir de la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que crea la figura del Defensor o Defensora, que tiene a su cargo “velar por la protección y promoción de sus derechos consagrados en la Constitución Nacional, la Convención sobre los derechos del Niño y las leyes nacionales” y que es designado, justamente, por esta comisión creada en conjunto por las cámaras de Senadores y de Diputados de la Nación.
Ahora bien, a falta de su creación, las y los legisladores nacionales no recibieron los informes creados por la Defensoría y, en los próximos meses estará en jaque la elección de un nuevo defensor o defensora o la prorroga del mandato de Graham, que en este momento está al frente del organismo. Desde la institución, remarcaron a El Destape, que eso implicaría su “paralización”.
"Tengo derecho a un mandato más y más allá de que si yo quiero o no quiero hacer uso de ese derecho, lo importante es que la institución no quede acéfala", dijo Graham en El Destape 1070, a fines de noviembre, que también contó que presentaron la preocupación a Milei así como a otras autoridades del Ejecutivo sin respuesta alguna.
El Ejecutivo modificó la Ley 26.061 por decreto
En el marco de varias reformas que viene llevando a cabo la gestión de La Libertad Avanza, sumó una modificación a la Ley 26.061 a través del Decreto 1086/2024, en el que determinó la modificación del artículo 9 de la reglamentación de la normativa. Allí, dispuso agregar: “La imposición de una manera de pensar y/o actuar político partidaria, especialmente en el ámbito educativo, vulnera el derecho a la educación, conforme los términos del artículo que se reglamenta”.
Este cambio fue fuertemente rechazado por sectores de la educación como de la niñez. Desde el Foro por los Derechos de la Niñez de la CTA-Autónoma sostuvieron exigieron "que se designen los recursos necesarios para garantizar todos los derechos de la niñez" y denunciaron que esta modificación puede ser usada para "perseguir docentes".
"Esto se llama violencia adultista de Estado: porque las niñeces y adolescencias tienen derecho a saber. Es la lógica del agresor: "porque te protejo te encierro". Y además de violento, encerrar el pensamiento es un crimen social", dijo en sus redes sociales el sociólogo integrante del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, Santiago Morales.
¿Qué es la Defensoría?
La Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes es un organismo creado a la luz de las Observaciones Generales del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, lo que implicó la creación y promulgación de la ley 26.061. La designación de un defensor o defensora llegó con una fuerte demora, recién en 2020. Funciona de manera independiente, autónoma, autárquica y federal para velar y monitorear el reconocimiento, el respeto y la restitución de los derechos sea por parte del Estado o de la sociedad en su conjunto.
Entre las acciones que desarrolló desde entonces, junto a otros organismos, nacionales e internacionales, así como en la articulación con las distintas Defensorías provinciales y con los poderes Legislativos y Judiciales, incidieron en políticas públicas, como, por ejemplo, para reforzar la cobertura alimentaria a más de 2 millones de chicas y chicos y permitiendo la continuidad educativa a más de medio millón con la ampliación del Progresar.
También, actuó como intermediaria en casos individuales y colectivos para proteger y restituir derechos. Algunos de esos casos en esta gestión a cargo de Javier Milei fue la entrega de alimentos a comedores comunitarios, continuidad educativa a partir de las Becas Progresar, emergencias sanitarias en poblaciones indígenas, situaciones de adolescentes no punibles privados de libertad y la provisión de medicamentos para quienes padecen enfermedades “poco frecuentes”.
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