​​​​​​​Políticas públicas en violencias por razones de género

La Provincia de Buenos Aires tiene varias políticas públicas a través de su ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual.

03 de junio, 2021 | 01.05

Nos encontramos a 6 años del primer Ni una menos. Siempre estos momentos son importantes para efectuar balances, para repasar y situar en qué contexto nos encontramos y qué pasos se han dado desde aquel grito de ´Vivas nos queremos´, ´basta de violencia´ y todo lo que el movimiento, el feminismo y los reclamos sociales plantearon.

El movimiento "Ni una Menos" surge tras el femicidio de Chiara Páez, la adolescente de 14 años asesinada por su novio Rufino, en Santa Fe. Estaba embarazada de tres meses. Tras su muerte, el 3 de junio de 2015 se organizaron marchas en ochenta ciudades de Argentina, que reclamaron justicia por Chiara y denunciaron la violencia de género y el asesinato sistemático de mujeres. “Ni Una Menos nació ante el hartazgo por la violencia machista, que tiene su punto más cruel en el femicidio” señaló la carta orgánica del movimiento "Ni una menos", que posteriormente se expandió hacia varios países de Latinoamérica y otras regiones del mundo.

Si repasamos el reclamo inicial que eran cinco puntos, se ha avanzado, incluso superando la agenda planteada. Entre esos puntos no existía el Ministerio de las Mujeres. Hoy existe una rejerarquización de las Áreas de Género sostenida en todos los municipios de la provincia de Buenos Aires. 

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Las violencias por razones de género constituyen un grave problema social, que implica la violación de derechos humanos fundamentales. Esta vulneración de derechos, basada en las relaciones de desigualdad entre los géneros, constituye a su vez un obstáculo para el desarrollo de la justicia social y la equidad. 

En la provincia de Buenos Aires, el abordaje de las violencias por razones de género se organiza a partir del Sistema Integrado de Políticas Públicas contra las Violencias por Razones de Género de la provincia de Buenos Aires (SIPP), como modelo metodológico para la prevención y asistencia de las violencias.

Con el objetivo de fortalecer las intervenciones de los municipios en la prevención, asistencia y atención de los casos críticos de extrema gravedad vinculados a las violencias por razones de género, 123 distritos accedieron al “Fondo de Emergencia”. El Programa contiene tres líneas de acción: fortalecimiento de los dispositivos municipales de atención de las violencias por razones de género (equipos interdisciplinarios, atención de varones y grupos de ayuda mutua); Equipamiento y funcionalización de Hogares de Protección Integral (HPI) y Casas Abiertas. 

El “Programa de Abordaje Integral ante Femicidios, Transfemicidios y Travesticidios” (PAIF) es una herramienta provincial específica permite dar respuesta ante los femicidios, travesticidios y transfemicidios, a la vez que busca sistematizar la información para el diseño de políticas públicas de prevención, que articulen los diversos dispositivos estatales en función de dar respuesta. 

El equipo de Abordaje Integral de las Violencias realiza los seguimientos de las intervenciones que llegan al Ministerio a través de la Línea 144 bonaerense y, por su parte, el Equipo de Casos Críticos evalúa las situaciones para proceder de manera especializada en la intervención de los casos que implican un abordaje complejo.

Durante el primer trimestre de este año se registraron 46 traslados de mujeres y LGTBI+ en situación de violencias por razones de género, que suman un total de 116 personas si se considera a sus hijas e hijos. A partir del grave contexto social dado por la pandemia, entre marzo y noviembre de 2020 el Ministerio dio respuesta a 173 casos y garantizó los traslados en el Período de ASPO y DISPO, que sumando a hijas e hijos constituyen un total de 285 personas trasladadas. El Informe reúne el estudio de 65 situaciones de desapariciones por razones de género, 52 casos de violencia sexual y 173 solicitudes de traslados y trayectorias migratorias durante la pandemia por Covid-19. Todos los casos fueron abordados por la Dirección Provincial de Casos Críticos y Alto Riesgo.

La Línea 144 PBA, cuya estatización se anunció este 8 de marzo, recibió durante el primer trimestre de este año 4.412 consultas por situaciones de violencia de género: en el 80% de los casos, las parejas o ex parejas -en su mayoría varones- ejercieron la agresión. Los informes elaborados periódicamente desde la Subsecretaría, permiten cuantificar la problemática de las mujeres que viven situaciones de extrema violencia y logran sobrevivir. 

Entre las acciones de la Dirección de Intervención en Situaciones de Alto Riesgo y Casos Críticos se encuentra la coordinación y articulación con municipios, para la ejecución de políticas de intervención, acompañamiento y reparación en las referidas situaciones. Como parte de las estrategias de intervención, de los 135 municipios que conforman la Provincia, se establecieron articulaciones con 110 distritos. 

En febrero del 2021, el Ministerio firmó un convenio marco de colaboración con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que contempla la cesión de hasta 450 dispositivos duales, para casos de alto riesgo, judicializados en el ámbito de la provincia de Buenos Aires y con medida cautelar decretada, a fin de contribuir al control de su cumplimiento. Durante el año 2020 se activaron 191 Dispositivos Duales de Supervisión, Monitoreo y Rastreo de Agresores y Víctimas de Violencias de Género y al 31 de diciembre se contabilizaron 211 equipos activos en toda la Provincia.

Cabe destacar, que desde la creación del Ministerio la cantidad de dispositivos colocados se quintuplicaron: en diciembre de 2019 había 52 equipos activos y al término del primer trimestre del 2021 se registraron 286.

El Ministerio trabaja como línea de acción prioritaria, la creación y el fortalecimiento de las Mesas Locales, entendidas como el espacio de articulación intersectorial para el diseño de estrategias de prevención y atención de las violencias por razones de género. Otro componente del SIPP lo constituyen las Casas Abiertas. Están a disposición de quienes requieran protección y seguridad al iniciar el camino de salida de las violencias, y que no cuenten con un espacio de resguardo dentro sus redes y vínculos más cercanos.

Hay un robustecimiento a partir del compromiso del gobierno, de la perspectiva de género como componente central del proyecto de reconstrucción de la Argentina y de la provincia en nuestro caso, esto puede verificarse en un conjunto de decisiones que plantea, no solo el Ministerio, sino organismos que trascienden por sus temáticas aquellas cosas que normalmente se abordan asociadas al género. 

En el marco del sexto aniversario del #3J Ni Una Menos, se puso en funcionamiento el Registro Único de Casos de las Violencias por Razones de Género (RUC) que podrá ser implementada en los 135 municipios del territorio bonaerense.  La información relevada se constituirá en un insumo fundamental para la elaboración de estadísticas y la construcción de políticas públicas centradas en la prevención, abordaje y erradicación de las violencias por razones de género.

Se trata de la primera etapa de implementación del sistema que permitirá crear una base de datos común, a partir del registro de las situaciones de violencia recibidas en los diferentes organismos municipales y provinciales. Su puesta en marcha es un avance clave para el enfoque estadístico en materia de violencias de género en la Provincia, pendiente desde la sanción de la Ley 14.603 que dio origen a su creación en 2014.

Durante 2020, la Dirección de Estadística y Registro Único de Casos de Violencia de Género se abocó al diseño del RUC, a partir de numerosas reuniones de trabajo con municipios y organismos públicos. Este año, tras los avances alcanzados en el desarrollo de su estructura y sistema informático, todos los distritos bonaerenses podrán formar parte del sistema. El año próximo, se implementará en los organismos públicos provinciales.

Falta mucho por recorrer, tenemos que seguir trabajando muy fuertemente para que los estándares generales de la gestión de gobierno, y también los sociales, tengan la inclusión de la perspectiva de género y la diversidad como parte constitutiva de la mirada, de las iniciativas y acciones que se llevan adelante