Chiara Páez, Natalia Melmann, Cecilia Basaldúa y Lucia Pérez. Son nombres que aparecen una y otra vez en cada “Ni una menos”. Tristemente célebres, sus femicidios motorizan a miles mujeres y disidencias desde hace años. Este 2023, justamente, hubo novedades judiciales importantes en estos casos.
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En un nuevo aniversario del primer #3J, las calles se pueblan de un nuevo grito contra la violencia de género. Un grito de hartazgo como aquel que, ocho años atrás, se alzó tras el femicidio de Chiara Páez, la adolescente santafesina asesinada por su entonces pareja, Manuel Mansilla.
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A tan sólo dos años de una década marcada por la masiva oleada feminista desatada en 2015, la condena de Mansilla fue reducida seis años, a 15 años de prisión. Ante este escenario, es inevitable preguntarse: ¿Dónde está parada la justicia respecto a los principales femicidios de los últimos 20 años?
Chiara Páez - Rufino, Santa Fe
Chiara Páez desapareció el 10 de mayo de 2015 en la localidad santafesina de Rufino, luego de avisarles a sus amigas que iba a reunirse con su novio, Manuel Mansilla. Ese mismo día, su familia denunció su desaparición y la Policía rastrilló el pueblo junto a vecinos de la zona. El cuerpo de Chiara apareció enterrado en el patio de la casa de la familia Mansilla. La autopsia determinó que la joven de 14 años había tomado un antiinflamatorio para abortar un embarazo que la familia de su novio no quería que continuara. La justicia resolvió que Mansilla la mató a golpes.
El femicidio de Chiara fue la gota que rebalsó el vaso, signo del hartazgo social y la necesidad de una reformulación total en el abordaje, tanto mediático como judicial, de los asesinatos por odio de género. Todo confluyó aquel 3 de junio de 2015 en la primera marcha del “Ni Una Menos” contra la violencia de género donde se reunieron unas 300.000 personas. Melisa García, abogada feminsita y fundadora de ABOFEM Argentina, sostiene que desde ese momento hasta la actualidad el eje fue virando lentamente. “Se adoptó una postura más asertiva desde los medios de comunicación, y se volvió más grande la presión sobre la justicia para que aplique la perspectiva de género, que en muchos casos carece”, explicó García.
A ocho años del primer “Ni Una Menos”, los jueces Guillermo Llaudet, Georgina Depetris y Javier Beltramone establecieron que Mansilla, imputado por el femicidio, cumpla una pena de 15 años en vez de los 21 y 6 meses que le había dado el fuero de menores. La reducción fue en respuesta a la orden de la Suprema Corte de Justicia de Santa Fe, que enfatizó en su corta edad al momento del crimen. "Hay antecedentes de otros fallos para poder dar una mayor sentencia. ¿Por qué si antes se pudo, ahora no?", expresó a Télam la madre de Chiara, Verónica Camargo, y, en línea con la fundadora de ABOFEM, llamó a propiciar “un cambio desde lo judicial y lo legislativo para que no queden baches que beneficien a los asesinos”.
Lucia Pérez - Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires
Si se hace una revisión de los casos afectados íntegramente por la falta de perspectiva de género en la justicia, el femicidio de Lucía Pérez es un juicio central para este análisis. Tal es así que la sentencia del primer tribunal fue anulada, dando a inicio a un segundo juicio bajo la afirmación de que “se fundó en intolerables prejuicios y suposiciones basados en estereotipos de género”.
La joven marplatense de 16 años murió el sábado 8 de octubre de 2016 durante un encuentro con el dealer Matías Farías (de 25 años). La autopsia reveló que durante esa mañana, Lucía tomó cocaína y fue abusada por Farías. Murió allí mismo, en la cama, aunque luego los imputados la llevaron hasta una sala de atención primaria del barrio, donde un médico constató su fallecimiento.
- Primer juicio
El 30 de octubre de 2018, tras primer juicio ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Mar del Plata, Matías Farías y el segundo acusado, Juan Pablo Offidani (de 43 años), fueron acusados de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser cometido en perjuicio de menores de edad” y por “abuso sexual con acceso carnal”. En el caso de Farías, se consideró que este último delito estaba “agravado por resultar la muerte de la persona ofendida y favorecido por el suministro de estupefacientes en concurso ideal con femicidio”. Hubo un tercer imputado, Alejandro Maciel (de 61 años), a quien se acusó de encubrimiento agravado.
Durante este primer juicio, los jueces determinaron que Lucía Pérez murió debido a una “intoxicación por sobredosis”. Además, en su momento afirmaron que no hubo abuso, sino una relación sexual consentida.
Previamente, una particularidad: días después de que el caso se hiciera público, la por entonces fiscal a cargo de la investigación, María Isabel Sánchez, aseguró que Lucía Pérez fue violada, muriendo por “empalamiento”, y que su cuerpo sin vida había sido lavado. Los peritos que realizaron la autopsia negaron el testimonio y la funcionaria fue apartada del caso.
- Segundo juicio
En agosto de 2020, ante la apelación de la familia Pérez y del representante del Ministerio Público Fiscal, se anuló la sentencia y se ordenó la realización de un nuevo juicio oral. En esta segunda instancia, iniciada en febrero de este año, el nuevo fiscal Leandro Arévalo explicó que el consentimiento de Lucía no es debatible, ya que se trató de una adolescente en situación de vulnerabilidad ante los acusados.
El pasado 23 de marzo, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de Mar del Plata dictó el fallo final del segundo juicio y condenó a Farías a una pena de prisión perpetua y a Juan Pablo Offidani a ocho años de cárcel, declarados culpables de "abuso sexual con acceso carnal agravado por resultar la muerte de la persona ofendida, por el suministro de estupefacientes y en el marco de un contexto de violencia de género, en concurso ideal con femicidio".
Por otro lado, la familia Pérez presentó un pedido de recusación contra el fiscal Marcelo Lapargo y se fijó un plazo de 3 días para que responda a las acusaciones de falta de “perspectiva de género”.
El rol central de la perspectiva de género, en el juicio por el asesinato de Lucía, corresponde a una obligación adeudada desde 1996 con la Convención Interamericana Belém Do Pará, a la que Argentina adhirió a través de la Ley 24.632. “Establece un compromiso de investigar con debida diligencia reforzada”, explicó Soledad Deza, abogada feminista y presidenta de la fundación Mujeres x Mujeres. La convención, que lleva casi 30 años de vigencia, implica que el estado asumió el compromiso internacional de prevenir, investigar, sancionar, reparar y erradicar la violencia de género. “Obliga a respetar determinados estándares de perspectiva de género en los casos de violencia, como erradicar los estereotipos, acortar los plazos, dar respuestas institucionales integrales y brindar contención para las víctimas respetando su voluntad”, agregó Deza.
Cecilia Basaldúa - Capilla del Monte, Córdoba
El 25 de abril del 2020 encontraron el cuerpo de Cecilia Basaldúa en el Río Calabalumba, en la ciudad cordobesa de Capilla del Monte. Una de las particularidades del caso fue que se desarrolló en plena pandemia, desde el hallazgo de su cuerpo hasta los inicios de la investigación.
Daniela Pavón, una de las abogadas de la familia Basaldúa, calificó como “bochornoso” el accionar tanto de la fiscalía como de los efectivos policiales: “Se ha hurgado en la psiquis de la propia víctima en lugar de investigar con responsabilidad el círculo que rodeaba a Cecilia”.
Ante el apriete por parte de policías a Lucas Bustos para lograr una confesión, en el juicio quedó plasmado que no había ni una sola prueba que lo vinculara con el asesinato. Por este motivo, y tras lograr la absolución del joven albañil, tres años después la familia encabezó una movilización en Capilla del Monte para reclamar una nueva investigación. “El accionar de la fiscal Paula Kelm ha sido desastroso, por eso sostienen su lucha”, señaló Pavón.
La abogada sostiene que el caso expuso a las fiscalías: no están preparadas para este tipo de investigaciones donde el agresor no tiene un vínculo directo con la víctima. “Se sigue revictimizando a las mujeres una y otra vez”, sentenció.
Natalia Melmann - Miramar, Buenos Aires
Si se vuelve a casos históricos, el monstruoso crimen de Natalia Melmann, ocurrido el 4 de febrero de 2001 en Miramar, tuvo en vilo al país todo un verano. La joven de 15 años fue secuestrada por un grupo de policías: tras abusarla en un galpón, la asesinaron y ocultaron su cuerpo.
Dentro de la tendencia en la revisión de sentencias judiciales en asesinatos por motivos de género y en base a las modificaciones que tuvo la ley en los últimos años, los jueces determinaron que los hechos constituyeron un acto de violencia de género y coincidieron en que "hoy debería llevar el rótulo de femicidio".
Tras 22 años del hecho, el miércoles 17 de mayo de este año el Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de la ciudad de Mar del Plata condenó a prisión perpetua a Ricardo Panadero, el cuarto oficial involucrado en el crimen. Se ordenó la detención inmediata del ex sargento de la policía bonaerense tras el dictado de la sentencia. Panadero fue condenado como coautor de los delitos de "privación ilegítima de la libertad agravada, abuso sexual agravado y homicidio doblemente agravado, por el concurso premeditado de dos o más personas y por ser cometido para asegurarse la impunidad" en este segundo juicio al que se enfrentó por el femicidio de Natalia.
El policía había sido juzgado y absuelto en 2018, pero el fallo fue apelado por la Fiscalía General marplatense tras la presunción de que "existió una apreciación incorrecta del material probatorio". Además, los abogados de la familia, Federico Paruolo y Yamil Castro Bianchi, consideraron que "se realizó un análisis sesgado y arbitrario de los elementos probatorios", en especial de una prueba de ADN realizada sobre un vello púbico hallado en el cuerpo de la menor, que indicó que "se detectó compatibilidad con el análisis correspondiente a Panadero".
La historia no comienza ni termina con estos sucesos. Iara Rueda, Araceli Fulles, Laura Godoy y Anahí Benitez son sólo algunos de los casos que, junto a los analizados, tomaron especial relevancia por nuevas resoluciones en sus procesos judiciales. “Hay que dejar de medirlos en base a estereotipos y hacer una evaluación de riesgo acorde, porque las medidas de la justicia no pueden acotarse a un botón antipánico”, concluyó la titular de ABOFEM.
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