Este 3 de junio, al igual que aquel de 2015 cuando surgió el Ni Una Menos, está atravesado por un año electoral en el que, con la intensidad de las campañas, la agenda pública acotada y las mediciones, parecería que las discusiones y resoluciones aún pendientes en materia de género se corren a un costado.
Pero aún así, hace ocho años por primera vez la sociedad argentina salió masivamente a visibilizar los femicidios y exigir políticas públicas para hacerle frente a la violencia de género. Se marcó un hito histórico en la luchas transfeministas que logró, cuatro años después, la creación del primer Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades. Hoy nos encontramos a los feminismos con más derechos adquiridos, pero aún existen muchas demandas sin resolver.
Hace tres años y medio, la creación de la cartera que vino a elevar las políticas de género y diversidad al máximo nivel institucional implicó la asignación de más presupuesto. Para el año 2021, el monto presupuestario se multiplicó por 23 respecto a lo asignado al ex Instituto Nacional de las Mujeres (INAM en 2019), en términos nominales. Esto posibilitó que cambiara el paradigma de abordaje de las violencias, lo que implicó la posibilidad de asistir a más de 1.650.000 de mujeres LGTBI+ en situación de violencia o vulneración de sus derechos.
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Lo cierto es que, al mismo tiempo que la Argentina por primera vez ha alcanzado muchas de las demandas de los transfeminismos, grupos antifeministas y misóginos responden con cada vez más violencia a las conquistas alcanzadas; y los sectores de ultraderecha conservadores y antifeministas se fortacelen a nivel institucional y estatal, en pos de retroceder en materia de derechos adquiridos. Esto mismo ocurrió en Estados Unidos tras la decisión de la Corte Suprema de anular un histórico fallo judicial de 50 años que garantizaba el acceso al aborto.
Ante este escenario, este nuevo 3 de junio, los feminismos y desde el Gobierno Nacional, el Ministerio que conduce Ayelén Mazzina, tienen el desafío de sostener las luchas y las reivindicaciones como también ratificar cada derecho adquirido para las mujeres y diversidades a través del debate, la reconfiguración de demandas, el establecimiento de prioridades, y el armado de estrategias. Como también reflexionar sobre el momento histórico que vive Argentina y el mundo que requieren de un compromiso doble con las instituciones democráticas.
"Ni Una Menos nos hizo ver en 2015 que la violencia por razones de género es estructural. Desde entonces empezamos a caminar hacia la igualdad, transformando las formas de gobernar. Este Ministerio es parte del compromiso del Gobierno Nacional, que escuchó la demanda social de más y mejores políticas para erradicar las violencias", sostuvo la ministra Ayelén Mazzina.
En este sentido, la titular del MMGYD remarcó que "si miramos el antes y el después de la creación de este Ministerio, hay una gran diferencia de cuánto se ha hecho para prevenir y erradicar las violencias: en tres años, pudimos acompañar de manera directa a más de un millón y medio de mujeres y LGBTI+ de todo el país en situación de violencia de género”.
"Sabemos que falta, porque cuatro años no bastan para desarmar el machismo estructural. Para eso, necesitamos la fuerza de todos los sectores de la sociedad y de todos los poderes del Estado: hay que renovar el pacto social democrático en contra de todos los tipos de violencias y un Poder Judicial que esté a la altura del contexto histórico”, completó.
Federalización de las políticas contra la violencia de género, avances en el cupo trans y asistencia a más de un millón de mujeres LGTBI+
En este marco, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad entendió que la agenda debe responder entre sus principales ejes al trabajo de bajada de los programas a las jurisdicciones provinciales y municipales comprendiendo las problemáticas de los territorios. Por lo que en cumplimiento de la Ley 26.485, la cartera elaboró dos planes nacionales de acción, el que tuvo vigencia entre 2020 y 2022 y el Plan Nacional de Acción contra la Violencia por Motivos de Género 2022-2024 (PNA). Este contiene más de 100 acciones de corto, mediano y largo plazo de 20 ministerios y 5 organismos descentralizados nacionales.
"Este nuevo plan reafirmó la perspectiva de abordaje integral de las violencias por motivo de género, que contempla el carácter estructural de las desigualdades y las violencias, y deja atrás los abordajes exclusivamente centrados en la emergencia", enfatizaron desde el área.
La Campaña Nacional de Prevención de las Violencias de Género se desplegó en 97 municipios de todo el país y contó con la participación de más de 31.000 personas. Además, desde la misma, se organizaron 156 encuentros de Masculinidades sin violencias y 375 sobre Vínculos responsables y señales tempranas. A través de contenidos gráficos y audiovisuales, guías de acciones culturales, intervenciones artísticas y propuestas lúdicas en el territorio, se reflexionó sobre los sentidos comunes, repensar prácticas y cuestionar los discursos que reproducen las violencias por motivos de género.
Además, hasta mayo de 2023, desde la Subsecretaría de Formación, Investigación y Políticas Culturales para la Igualdad se realizaron más de 538 capacitaciones para prevenir las violencias de género y promover la igualdad en ámbitos estatales, empresariales, sindicales, deportivos y medios de comunicación. Además, se sumaron 61 formaciones más en el marco de Micaela para la Ciudadanía, Micaela Redes Comunitarias, Nosotras Movemos el Mundo, Universidades y Promotoras Territoriales, entre otras. Al tiempo que se formaron 17.461 funcionarios, funcionarias y personal del Estado en Ley Micaela.
Línea 144: con atención a personas sordas e hipoacúsicas
Por otra parte, se respondió a una demanda para la ampliación y fortalecimiento de la Línea 144 que cumple 10 años de funcionamiento. Desde la creación del ministerio realizó más de 83.200 intervenciones, se avanzó en el desarrollo de la aplicación para teléfonos móviles y en el primer servicio en el mundo de atención a personas sordas e hipoacúsicas a través de videollamada. Además, se pusieron en marcha mecanismos de articulación con el 911 en 21 provincias.
Programa Acercar
En tanto, desde su creación el Programa Acercar Derechos (PAD) consolidó 50 equipos interdisciplinarios integrados por 147 profesionales del derecho, la psicología y el trabajo social que abordaron 21.974 situaciones de violencia de género en todo el país. Asimismo, 25.000 personas fueron asistidas a través de los 5 dispositivos territoriales de la Red de Asistencia Integral de las Violencias por Motivos de Género ubicados en los municipios de Moreno, La Matanza, Lomas de Zamora, San Martín y Pilar.
Se invirtió $54.000.000 en el fortalecimiento de 35 hogares y refugios territoriales de todo el país. Mientras que, junto al Ministerio de Obras Públicas de la Nación, se inauguraron 3 Centros Territoriales Integrales de Políticas de Género y Diversidad, en Quilmes, Río Grande, en Santa Rosa, La Pampa. En tanto, otros 10 se encuentran en ejecución, 14 en proceso de licitación y 4 en la instancia de elaboración del proyecto. La inversión para la construcción de los 30 centros previstos supera los $ 4.000.000.000.
"Se trata de una política de cercanía para fortalecer el abordaje integral de las violencias de género de manera federal y con anclaje territorial, articulando acciones entre el gobierno nacional, las provincias y los municipios", remarcaron. Los Centros contemplan la prevención de las violencias y la promoción de derechos, la asistencia integral a personas en situación de violencia por motivos de género y la protección y el fortalecimiento del acceso a la justicia de mujeres y LGBTI+.
Como parte de la política de reparación y acceso a la justicia, el Programa para el Apoyo Urgente y la Asistencia Integral Inmediata ante casos de Violencias Extremas por Motivos de Género acompañó a 502 familiares de víctimas de femicidios, travesticidios y transfemicidios. Con una inversión de $ 46.000.000, se asistió de forma integral a partir de apoyo económico, psicológico, asesoramiento legal y ayuda en la tramitación de la reparación establecida en la Ley N° 27.452.
Independencia económica: programa Acompañar y Producir
Otra de las aristas fundamentales del Ministerio es la reducción de la brecha de género, tanto social como económica, que implica políticas integrales y la articulación permanente entre los gobiernos nacionales, a través de los ministerios, y las provinciales. En este sentido, se avanzó con políticas para fortalecer la independencia económica de mujeres y LGBTI+ porque "es fundamental para que puedan desarrollar proyectos de vida independientes y libres de violencias de género".
Así, se creó el Programa Acompañar, que desde septiembre de 2020 invirtió más de $ 56.900.000.000 en el fortalecimiento de la independencia económica y apoyo psicosocial de más de 297.000 mujeres y LGBTI+ en situación de violencia. Esto fue posible a partir de la firma de 828 convenios con gobiernos locales en todo el país.
En esta línea, el Programa Producir, con una inversión superior a los $ 250.000.000, brindó apoyo económico y técnico a 218 proyectos productivos de organizaciones sociales y comunitarias en las que participan mujeres y LGBTI+ que hayan atravesado o se enfrenten actualmente a situaciones de violencia de género.
Según destacaron desde el organismo, entre las líneas prioritarias de esta política pública se encuentran las poblaciones que poseen mayores dificultades para acceder al empleo, por lo que se trabajó con 22 comunidades indígenas y 16 cooperativas de mujeres y LGBTI+ liberadxs o bajo arresto domiciliario.
Cupo trans
Como autoridad de aplicación de la Ley 27.636 de Promoción de Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero “Diana Sacayán-Lohana Berkins”, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD) impulsa su implementación y lleva adelante un monitoreo trimestral sobre los avances en su cumplimiento. El último informe, finalizado en diciembre de 2022, fue el sexto y relevó que 574 personas travestis, transexuales y/o transgénero trabajan en el Poder Ejecutivo Nacional, organismos centralizados y descentralizados, lo que reflejó un incremento del 468,32 % respecto de los datos previos al Decreto 721/2020 de septiembre de 2020 cuando se registraron 101 personas empleadas.
Además, confirmó un crecimiento sostenido desde el primer indicador, con un progreso de 235 trabajadorxs, en diciembre de 2021; 293, en marzo de 2022; 427, en junio de 2022; y 480, en septiembre de 2022.ión entre nación, provincia y municipio es clave para mejorar la respuesta del estado en materia de violencia por motivos de género, para que las políticas de prevención y abordaje integral lleguen a cada territorio del país. A través del Programa Generarse fortaleció con apoyó técnico y económico a las 23 provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 556 municipios.
A su vez, el Programa Articular acompaña a las organizaciones sociales en la formulación e implementación de proyectos vinculados con las violencias de género, la organización de los cuidados y la promoción de la diversidad en ámbitos comunitarios. A través del financiamiento y la asistencia técnica, se consolidan las redes de articulación entre el Estado y las organizaciones sociales para potenciar el abordaje integral de las violencias y desigualdades por motivos de género. Hasta mayo de 2023, se implementaron 162 proyectos por $ 82.180.998.
Cuáles son los desafíos pendientes
En tanto, siguen pendientes los proyectos de ley como la Ley Deudores Alimentarios, la Ley Integral Trans, y la Ley Cuidar en Igualdad, que abarcan problemáticas sociales y cuentan con el apoyo masivo de los movimientos feministas pero necesitan del impulso político y el apoyo de las provincias para aprobarse en el Congreso.
"La salida es colectiva y es con un Estado presente, con el presupuesto y los recursos necesarios para invertir en políticas públicas que promuevan la igualdad y el abordaje integral de las violencias por motivos de género en articulación con todos los organismos y niveles del estado, así como con las organizaciones sociales y comunitarias. El desafío es consolidar y profundizar lo realizado en todo el país para que estas medidas trasciendan los gobiernos y se transformen en políticas de Estado", sostuvieron desde el Ministerio.