Durante las últimas décadas, Argentina se convirtió en uno de los países referencia en materia de la lucha contra la violencia de género y a favor de los derechos de las minorías. A nivel regional, además, América Latina viene marcando fuerte tendencia desde principios de los 90s gracias a la Convención de Belém do Pará, primera convención regional del mundo creada específicamente para abordar la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.
Uno de los momentos vertebrales de ese recorrido tuvo lugar el 3 de junio de 2015 cuando miles de mujeres e identidades disidentes salieron a las calles luego del terrible femicidio de Chiara Páez, adolescente de 14 años asesinada en la ciudad santafesina de Rufino, en manos de quien fuera su novio, Manuel Mansilla. Hoy, a 8 años de ese primer grito colectivo de “Ni una Menos”, más allá de la enorme visibilización del problema, las políticas públicas interministeriales e interdisciplinarias y el aumento en los presupuestos dedicados a la lucha y la atención de los casos de violencia ya ocurridos, los reclamos siguen vigentes y las cifras de femicidios siguen siendo alarmantes.
El último jueves se publicó el Registro Nacional de Femicidios de la Oficina de la Mujer (OM) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La estadística, que funciona desde 2015, surge de los expedientes judiciales que investigan muertes violentas de mujeres cis, mujeres trans y travestis por razones de género. El documento señaló que durante 2022 hubo 252 femicidios en todo el país, entre ellos 26 vinculados y 7 trans-travesticidios. Esto da un promedio de un crimen cada 35 horas. Como consecuencias de las muertes, 234 personas quedaran huérfanas, de las cuales 227 son niños, niñas o adolescentes. Con respecto a la relación en el 88% de los asesinatos, la víctima tenía vínculo previo con el autor del hecho y en el 59% era la pareja o expareja de la mujer asesinada .
Según el informe de la CSJN la cifra es muy similar a la 2021 cuando se registraron 251 casos, lo que evidenciaría una leve baja en la estadística en comparación con los años anteriores: en 2020, hubo 287 femicidios; en 2019, 276 casos; en 2018, 281; y en 2017, 277. No obstante los números y la compleja realidad evidencian que la violencia de género, que abarca desde los micromachismos hasta los femicidios, constituye una problemática general y estructural que debe ser trabajada de forma multicausal, multiagencial y sostenida en el tiempo. La lucha contra los femicidios requiere necesariamente combatir la estructura social, cultural y económica patriarcal.
En nuestra sociedad aún falta que se trasladen las inquietudes y demandas más profundas a políticas de prevención primaria. Es que a pesar del camino recorrido, persisten en su mayoría las condiciones de posibilidad y desarrollo de las violencias: una cultura patriarcal, desigual y misógina que tiende a culpabilizar y silenciar a las víctimas; estructuras estancas e ineficientes en muchas Instituciones de la sociedad civil; violencias y mecanismos de revictimización en espacios clave como comisarías, juzgados y hospitales en los que, paradójicamente, las mujeres deberían poder acudir para pedir seguridad, protección o acompañamiento.
El inicio del consenso contra la violencia machista
El Ni Una Menos constituyó un hecho político y sociocultural paradigmático que logró refractar y transformar los imaginarios y discursos que existían sobre la violencia machista. A partir de ese momento cobró mayor volumen el espacio que los medios y la política le dieron a las temáticas de género y la cobertura de los femicidios, y también se modificó la forma de abordar y narrar la problemática.
Laura Oszust es licenciada en Comunicación Social y Directora de Comunicación y Relaciones Institucionales del Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven. Señala que el “Ni Una Menos” logró constituir un consenso contra la violencia machista que “llevó a que personas de diferentes partidos políticos, ideologías, ámbitos se encontraran en la misma calle o expresando en las redes lo mismo: 'Basta de femicidios'". La magnitud del mensaje y la potencia de la presencia corporal en las calles ayudó a visibilizar la violencia y dejar de naturalizarla.
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“Si bien la lucha contra las violencias de género viene desde mucho antes del 2015, el Ni una Menos representó el debate en cada oficina, cada mesa familiar, cada reunión de amigxs y el cuestionamiento a cosas que antes nos hacían ruido, pero no se sabía por qué. Para el movimiento feminista, que tiene una lucha histórica en Argentina, fue muy importante porque se comenzó a masificar un reclamo que antes quedaba reducido a un colectivo. El movimiento feminista abrazó el Ni Una Menos porque es una de sus consignas históricas”, subraya Oszust.
Visibilizar la problemática no implica solamente que el tema aparezca en los medios, también necesariamente involucra una nueva narrativa y la incorporación de otras voces legítimas: “Uno de los cambios importantes a nivel mediático y cultural fue que en los diarios dejaran de poner los femicidios en la sección de policiales, como si se trataran de hechos de inseguridad. Empezaron a aparecer con una sección especial: femicidios o violencia de género. Al mismo tiempo, pudimos ver que las audiencias y lectores estaban más atentxs a las formas de contar los femicidios. Además de la visibilidad que fueron cobrando las periodistas feministas, que, contra vientos y mareas patriarcales, intentaron e intentan que no se violente simbólica y mediáticamente a las víctimas”.
El espacio “Ahora que sí nos ven”, que dirige junto a Gisela Morinigo y Analía Morra, nació al calor del 2015 y la masiva movilización del #3J, ante la falta de estadísticas oficiales que dieran cuenta de las consecuencias de la violencia extrema por motivos de género (femicidios, trevesticidios y transfemicidios). “Desde entonces a la actualidad llevamos adelante la elaboración de un Registro Nacional de Femicidios a partir del análisis de medios gráficos y digitales de todo el país", relata. Y agrega: "La información que desarrollamos, reconstruimos y relevamos tiene como misión ser un insumo para el diseño e implementación de políticas públicas que garanticen nuestro derecho a vivir una vida libre de violencias”.
Los informes recientemente emitidos son categóricos. Según el documento del Observatorio que se conoció en los últimos días, en estos 8 años en la Argentina hubo 2257 femicidios, "cifra que se compone de valores anuales que no han sufrido variaciones significativas". Además, en lo que va de 2023, ya se registraron 100 femicidios en Argentina, de los cuales el 55% fue cometido por parejas y exparejas; el 59,6% de los femicidios ocurrió en la vivienda; 20 víctimas habían realizado al menos una denuncia; 71 niñas, niños y adolescentes quedaron huérfanxs como consecuencia de la violencia machista.
Ni Una Menos: un reclamo que salió de las bases
Graciela González Jara es referente de Proyecto Comunidad de Villa 20 en la Ciudad de Buenos Aires. Para ella el desencadenante fue el hartazgo de tantas mujeres y disidencias víctimas de las violencias como consecuencia de la inercia del Estado al no atender la problemática: “Por fin levantamos la voz saliendo a tomar la calle. El reclamo salió de las bases y desde la realidad que nos aqueja en nuestro cotidiano, en nuestras casas, nuestros lugares de trabajo, en la calle, y desde las organizaciones sociales y políticas que estamos en los territorios con nuestros vecinxs”.
Además entiende que el Ni Una Menos no se limita exclusivamente al mundo de las mujeres y las identidades feminizadas, sino que sirve para visibilizar una problemática que atraviesa a todos y todas por igual: “La violencia machista y patriarcal no solo es hacia las mujeres y disidencias. También es hacia los niños, ancianos y cualquier persona que tenga la mala suerte de encontrarse con otra persona sumamente intolerante, persona que quizá también fue víctima de algún tipo de violencia a lo largo de su vida”.
Josefina Arancibia es coordinadora del Instituto Jurídico de Género de Salta. Para la abogada feminista, el Ni Una Menos significó poner sobre la mesa las múltiples violencias contra las mujeres y disidencias sexuales: “Ha servido para visibilizar de manera masiva y como nunca antes, una larguísima lucha del movimiento de mujeres por la igualdad en todos los niveles. No solamente nos convocó una reacción ante tantos femicidios, que es la violencia máxima y extrema que puede sufrir una mujer donde se condensan todos los tipos de violencia que nuestra legislación prevé. También ha servido para visibilizar los derechos ganados. A mí no me gusta hablar de conquista, porque conquista me parece que remitimos a una época colonial. Entonces yo hablo de derechos ganados”.
El matrimonio igualitario, la identidad de género, la ESI, el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, la inclusión previsional, las jubilaciones para amas de casa, la asignación universal política son políticas que, según Arancibia, han sido potenciadas por el Ni una Menos. “Y también aparte de los femicidios, para decir basta de violencia política hacia las mujeres que ejercen el poder, como por ejemplo en su momento Cristina Kirchner en nuestro país y Dilma Rousseff en Brasil”.
Para ella, la ley de interrupción voluntaria del embarazo fue consecuencia directa de las calles gritando Ni Una Menos. No se trató solo de visibilizar la violencia de género, fue mucho más allá: “En Salta tenemos un movimiento feminista y de mujeres que es muy fuerte y que ha sido muy crítico con los poderes de turno. En 2015, cuando nace el Ni Una Menos, nosotros teníamos un protocolo para acceder a la interrupción legal del embarazo que era muy restrictivo en cuanto a derechos. Se judicializaban los casos, mientras tanto el embarazo seguía su ciclo, y nos encontramos con situaciones de abuso sexual en niñas, de 10 años en adelante, que no podían acceder a esta práctica que es legal hace más de 100 años en nuestro país”, recuerda.
Políticas públicas interagenciales e interseccionales que lleguen a los territorios
La obligación de los Estados, ante la violencia machista, es la puesta en marcha de medidas y políticas públicas orientadas a trabajar la problemática en sus diferentes instancias: la educación y prevención primaria; la identificación y erradicación de la violencia en los territorios e Instituciones; y la sanción de de tales hechos, garantizando el acceso efectivo a la justicia. En este armado interagencial deben participar el Poder ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.
Laura Oszust señala que en estos años se ha jerarquizado y transversalizado la perspectiva de género y diversidad: “Desde el Estado se ha empezado a dar respuestas a la violencia primero con la visibilidad y después con diferentes políticas públicas, como los programas ‘Acompañar’ y ‘Producir’, el envío de proyectos de ley, el Sistema Integral y Federal de Cuidados, Ley Olimpia, entre otras cosas”. Desde esta mirada subraya el papel de las políticas, en todos los niveles, para mejorar la vida de la ciudadanía, en este caso de las mujeres y diversidades sexuales: “Los Estados deben enviar un mensaje a la sociedad de no tolerancia a las violencias machistas con medidas concretas e integrales. Un Estado que no le da importancia a eso no le da importancia al 50% de la población”.
Como fruto de la lucha feminista también pondera la creación por parte de la gestión de Alberto Fernández del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad a nivel Nacional, y las Secretarías y áreas de la temática en otros niveles estatales, provinciales y municipales lo que posibilitó que se pongan en agenda pública y política cuestiones que impactan a mujeres y diversidades: “Este logro lo vamos a defender, porque queremos que exista el Ministerio y perfeccionarlo, no eliminarlo como proponen algunos. Que las violencias y desigualdades sean visibilizadas y tratadas en un espacio con esa jerarquía, jerarquiza también nuestros reclamos – sostiene la directora del Observatorio - A esto hay que sumarle que existe un presupuesto con perspectiva de género, que permite al Estado elaborar políticas públicas para reducir las brechas de género”.
González Jara coincide en que hubo mejoras significativas, aunque falta mucho por hacer y gestionar: “El Ministerio es un gran logro, pero hay que plasmarlo en los territorios para generar accesibilidad. El programa ‘Acompañar’ sirve, pero es solo por ocho meses y esto no subsana el daño con el que las mujeres y disidencias suelen salir de un contexto de violencia. Obviamente hablo del territorio que me compete, que es la Ciudad de Buenos Aires, donde el sistema de salud es deficiente y se reduce prácticamente a ir a dormir en la puerta de un centro de salud u hospital para poder acceder a un turno. Y si lo conseguís es para dentro de varios meses. No poder acceder a un sistema público de salud optimo también es violencia”.
“La Educación Sexual Integral debe ser obligatoria en todos los estadios laborales y educativos porque es la única herramienta que tenemos para ir formando a las viejas y nuevas generaciones; la Ley Micaela debe implementarse en todos los ámbitos laborales y sociales; este tipo de programas son los únicos que pueden generar un cambio de paradigma y deben llegar plenamente al territorio”, agrega la referente de Villa 20.
Con esta mirada insiste en la necesidad de un Estado más presente a la altura de las necesidades “optimizando el acompañamiento a las víctimas, siendo puente entre ellxs y las instituciones para que puedan recuperarse, y hacerle sentir que se puede salir de esa situación de violencia”. Y acá no habla meramente de la lucha contra la violencia por motivos de género sino de la garantía de derechos humanos básicos como el acceso a salud, educación, trabajo o vivienda que son la base para el desarrollo y el bienestar.
Salta es una de las 10 provincias con más casos de femicidios. Según el informe de la CSJN la tasa en 2022 fue de 1,36, ocupando el 9’ puesto a nivel nacional. “En Salta desde el 2014 tenemos una Ley de emergencia pública en materia de violencia de género, que se va prorrogando cada dos años. A raíz de eso se estableció las creación de Juzgados de Violencia, de Unidades de Riesgo, de Defensorías de Violencia familiar y de género. Además tenemos un observatorio de violencia contra la mujer del que se desplegaron una serie de medidas que a la fecha no han sido suficientes o no han sabido responder la demanda tan grande que hay en nuestra provincia con relación a la cantidad de casos de violencia por motivos de género que tenemos. Este año ya se contabilizan 12 femicidios”, cuenta.
En cuanto al rol de las provincias y municipios, señala que es un punto clave e imprescindible por la posibilidad de mediar con los vecinos y vecinas para el trabajo de prevención, y para asegurar el acompañamiento una vez que el hecho de violencia se produjo: “En los municipios del interior en donde la población es menor, se hace necesario contar con estas áreas de género por el mismo motivo. Sino las mujeres y disidencias cuentan únicamente con la comisaría , que es una fuerza represiva por antonomasia, para poder hacer la denuncia. y la contención pre y post denuncia queda trunca”.
Poder y privilegios, la resistencia estructural del patriarcado
Muchos de los consensos logrados en el debate público al fuego del Ni Una Menos luego se redujeron al ejercicio de repetir la demanda elemental. Esto se reflejaba en el horror y la sobreactuación de la indignación que provoca tal injusticia, que se limitan a eso y no tienden a profundizar en las raíces sociales y causas de un problema que está inscripto en la trama social y cultural desde hace siglos.
“Cuando comenzamos a introducir otros reclamos feministas que son la base de ese iceberg de violencias que tiene como punta extrema los femicidios, ese consenso fue discutido. Cuando empezamos a hablar de la brecha salarial de género, la dificultad para acceder a puestos de decisión, la desigual distribución del trabajo reproductivo, la desigual representación de las mujeres y diversidades en los medios de comunicación, el tener autonomía sobre nuestro cuerpo, el consenso dejó de ser tan mágico", advierte la Directora del Observatorio Laura Oszust. Para ella, esto se debe a poner en disputa los privilegios de los varones: "Expusimos una discusión sobre los privilegios que los varones heterocis blancos tienen y una discusión que está íntimamente ligada a la redistribución de la riqueza. Nadie quiere perder sus privilegios, y ahí ese consenso se fue resquebrajando”.
“A nivel político y cultural creo que justamente lo que falta es esto, ¿no? Abandonar por parte de un cierto sector el poder y los privilegios, que no es fácil. No es fácil y nadie quiere abandonar y ceder poder y privilegios, pero me parece que eso es lo que está faltando en nuestra sociedad”, complementa la abogada Arancibia.
La Justicia y las fuerzas de seguridad, cómplices de las violencias
La violencia machista es la expresión concreta de una sociedad desigual fruto de modelos socioculturales hegemónicos, muchas veces sostenidos por las propias instituciones. El accionar del Poder Judicial, el más corporativo del Estado, ante esta problemática es digno de un sector que no modifica su dinámica para no perder status o privilegios. Dos elementos son representativos de esta resistencia: el rechazo a la aplicación de la Ley Micaela; y el bajo porcentaje (30%) de mujeres que llegan a ocupar cargos de decisión, a pesar de que, según cifras del Mapa de Género de la Justicia Argentina, las mujeres son el 57% del personal total.
Acerca de la actuación de la Justicia ante casos de violencia, Laura Oszust indica que según información del Observatorio “Ahora Que Sí Nos Ven” que dirige, en 2023, alrededor del 20% de las víctimas de femicidio habían realizado al menos una denuncia y cerca del 15% tenía alguna medida de protección judicial, sin embargo, las asesinaron: “Esto deja entrever que eran femicidios anunciados y que lxs funcionarixs judiciales no pudieron o no supieron brindar la respuesta adecuada a la víctima ni las fuerzas de seguridad hicieron un control efectivo de la medida”. Es justamente por estos falencias que resulta fundamental que tanto integrantes del Poder Judicial como de las Fuerzas de Seguridad se capaciten en género y diversidades.
Además Oszust remarca la necesidad de “una mirada interseccional transversal, porque no es lo mismo una medida judicial para una persona que vive en CABA que otra que vive en un pueblo pequeño donde se puede encontrar a su agresor en la panadería. Necesitamos que la Justicia y la Policía dejen de proteger femicidas y cumplan las leyes. Una Justicia que no protege a las mujeres y diversidades es responsable de sus muertes”.
Arancibia, la coordinadora del Instituto Jurídico salteño, advierte que el Poder Judicial sigue siendo el último bastión del patriarcado porque sigue reproduciendo roles, estereotipos e imaginarios, que quedan vertidos en las sentencias, a pesar de los avances en materia legislativa: “Aún hoy persisten imaginarios machistas, la víctimas son estereotipadas y prejuiciosas, en cuanto, por ejemplo, al perfil que debe tener una víctima de violencia de género o la falta de credibilidad en su palabra. Enseguida se las tilda de faranduleras y fabuladoras, porque muchas, al ver que no hay respuestas de la justicia, acuden a los medios de comunicación como una forma más de dar visibilidad a su reclamo”.
De esta manera la propia justicia, que debería acompañar y brindar una reparación, termina reproduciendo la violencia institucional: “Muy pocas veces conseguimos que se investigue, ni hablar de condenas por delitos leves como lesiones, abusos sexuales simples, desobediencia judiciales que causan un terrible perjuicio a la persona en situación de violencia. También sufre un desgaste emocional y económico muy grande, siendo víctima de violencia institucional, con la revictimización que ello conlleva”.
La letrada insiste con la necesidad de una justicia con perspectiva que condene todo tipo de violencias de mujeres y disidencias, como por ejemplo la falta del pago de la cuota alimentaria que constituye violencia económica. “Necesitamos decir basta de cacería hacia niñas y mujeres de las comunidades indígenas. Tenemos que hablar de abusos sexuales y no de ‘Chineo’ como se quiere imponer, que es un término que ha sido objetado por mujeres de las comunidades indígenas porque es discriminatorio en todos los sentidos. Hay que hablar de abusos sexuales contra mujeres y niñas de las comunidades indígenas”.
Por su parte, Graciela González Jara relata lo que suele pasar en los barrios ante casos de violencia y la falta de respuesta de la justicia a la hora de asistir a la víctima: “Las largas horas en la Oficina de Violencia Doméstica y que la respuesta sea solo una perimetral, que nunca se cumple, y un botón antipánico que, si vivís en un lugar donde no tenes buen servicio móvil o internet es totalmente inútil. La historia lo demuestra, todas las victimas suelen terminar muertas”.
Tomar la decisión de hacer la denuncia muchas veces implica pagar un costo social y psicológico altísimo. La referente de Villa 20 describe que las víctimas que hablan son tratadas como presas por haberse animado: “Su vida da un giro de 180º sin una contención psicológica acorde al momento que está viviendo y esto se acrecienta si la victima tiene hijos con su victimario”. Además hace un especial hincapié en las condiciones de vida y trabajo de las trabajadoras sexuales y travestis: “las compañeras están más expuestas ante el hostigamiento de las fuerzas de seguridad, y ojalá fuera solo acoso y hostigamiento. Muchas veces terminen lastimándolas porque sí”.
Por esto, desde varios sectores del feminismo entienden que el próximo paso debe ser necesariamente la reforma judicial con perspectiva de género, que es una de las consignas centrales de la marcha de este 3J: “Si la justicia no acompaña las políticas públicas en materia de género y violencias, no se puede avanzar en garantizar los derechos adquiridos y termina siendo cómplice y generador de más violencia. Es hora que de la justicia esté a la altura de los acontecimientos", manifiesta González Jara. Y concluye: "Si bien la justicia se dice independiente tiene que acompañar los procesos del pueblo. Con causas encajonadas en los distintos juzgados no habrá justicia para nadie”.
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