Pasaron 7 años del día en que 200000 personas (sin distinción de género, orientación sexual, edad ni etnia) decidieron ir al Congreso de la Nación con un grito en común: "Basta de femicidios, vivas nos queremos". Ese grito se replicó en 80 ciudades de Argentina y en 26 otros países.
Por ese entonces estaba terminando el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, primera presidenta mujer elegida por el voto popular de la historia Argentina. Además, el término “femicidio” todavía no llevaba 3 años de incorporado a la jerga legal, ya que el 14 de noviembre del 2012 se sancionó la ley 26.791, modificatoria del Código Penal, que lo incluyó.
No había aborto seguro, libre y gratuito (si “no punible”, desde 1921) pero la ESI ya tenía en su haber 3 años. La falta de una legislación para una interrupción voluntaria del embarazo segura y gratuita para toda persona gestante empujaba a la clandestinidad a medio millón de útero portantes al año (Fuente: CELS), que en 2015 significaba la muerte en el procedimiento del 17% de las personas que intentaban interrumpir sus embarazos, siendo además, según la Red de Acceso al Aborto Seguro de Argentina (REDAAS), la mayor causa de muerte “materna” en el país desde 1980. Dichos fallecimientos el feminismo los nombraba como "femicidio de estado".
Mientras tanto, los medios se hacían eco de todo lo que las mujeres famosas (dentro y fuera de la política) hacían, revisando del mismo modo las vidas personales de las víctimas de violencia de género. A modo de ejemplo: meses antes del primer Ni Una Menos, Clarín titulaba “Una fánatica de los boliches que abandonó la secundaria”, refiriéndose a Melina Romero, una adolescente bonaerense que, al momento de publicar la nota, continuaba desaparecida. 10 días después, la encontraron sin vida en un arroyo.
En 2015, habían pasado 5 años de la aprobación del matrimonio igualitario y 3 de la ley de identidad de género. Esto último coincidió con una condena ejemplar para quien mató a la militante travesti Diana Sacayán, ya que fue la primera vez que la identidad de género en una causa de homicidio fue considerada un agravante.
Si bien el pañuelo verde cumplía 10 años en el 2015, el color violeta y la frase "Ni una menos" atravesaron fronteras antes. De hecho, a modo de reivindicación de este día, buscando concientizar pero también llegar a la mayor cantidad de personas posibles con el mensaje, el año pasado el CUI (Centro Universitario de Idiomas de la Facultad de Agronomía de la UBA) difundió medidas de prevención, apoyo y denuncia en los 25 idiomas que la institución educativa ofrece.
Por otro lado, el año que el "Me too" salió a la luz (2017), en Argentina se registraba un femicidio cada 18 horas y la marcha del “Ni Una Menos” fue la más masiva registrada hasta ahora. La misma incluyó el pedido de liberación de Higui y Milagro Sala, como así también se posó en la exigencia de equidad monetaria.
Según la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el año del “Ni Una Menos” (2015) se registraron 235 femicidios, mientras que en 2021 se supo de 251 (aunque el número asciende a 295, según "La Casa del Encuentro", asociación que trabaja contra la violencia hacia las mujeres y la trata de personas). Al respecto, es importante resaltar que antes del Ni Una Menos no había registro oficial del número de femicidios y una de las principales exigencias del movimiento era que se lleve adelante uno nacional certero de los mismos. Actualmente cada asociación recolecta sus propios datos e incluso algunas deciden sumar los travesticidios a ese número, mientras otros organismos los nombran por separado.
En ese mismo marco, esta semana la Oficina de la Mujer (OM) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) explicó que en lo que va del año sucedió un femicidio registrado cada 35 horas. La estadística está basada en las causas judiciales en las que se investigan las muertes violentas de mujeres cis, mujeres trans y travestis por razones de género, pero muchas de ellas no llegan a la justicia. Los números mencionados son sin tener en cuenta lo que en El Salvador (único país que lo implementó hasta ahora) se llama “suicidio feminicida”, es decir, cuando una persona víctima de violencia de género se quita la vida como consecuencia de los traumas que dicha violencia le generaron.
El femicidio es el punto cúlmine de la violencia de género: el último escalón de todo un camino repleto de violencias. Esto se ve reflejado en la gran cantidad de denuncias previas a cometer el delito que un número importante de femicidas posee: de las 251 víctimas de femicidios mencionadas, 42 habían denunciado violencia y unas 22 tenían medidas de protección (perimetral, botón antipánico, custodia policial) vigentes al momento del hecho. Asimismo, 4% de los femicidas de las causas registradas el año pasado se encuentran en libertad y un 7% no fueron identificados aún (Fuente: Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de la Nación).
En el 2018, según “Ahora que si nos ven” (Observatorio de las violencias de género), se registró un femicidio cada 27 horas y dicha tasa no coincide con las de condenas de feminicidas. Según la Corte Suprema, ese año a nivel nacional se relevaron 245 de las 327 causas, de las cuales el 56% se encuentra aún en etapa de investigación, un 18% en juicio, el 21% se extinguió la acción penal por muerte del presunto femicida y solo en un 3% de los casos se dictó sentencia.
Más del 60% de los femicidios suceden en la casa de las víctimas (Fuente: CIPPEC -Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento-). Uno de los puntos a subrayar es la exposición de ellas previamente a la violencia económica. Esta última está íntimamente relacionado con la brecha salarial: en Argentina, según informó en 2021 el Observatorio de Políticas de Género de la Sindicatura General de la Nación, en trabajos "formales" los varones cobran un 30% más que las femeneidades por las mismas tareas, mientras que en “informales” la diferencia supera el 35%.
A esto se le suma lo poco equitativo de la división de tareas de cuidado: según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Argentina aproximadamente 3 millones de femeneidades trabajan en tareas de cuidado y solo 1 de cada 10 recibe una remuneración por las mismas, a las que, según el mismo organismo, le dedican el doble de tiempo que los varones. Esto les empuja a no tener la posibilidad de estar tiempo considerable fuera de sus casas, lo que les encierra con sus agresores casi la mayoría del tiempo y les impide conseguir ingresos para no depender económicamente de sus victimarios.
Por otro lado, la última Encuesta Nacional de Victimización (INDEC) se realizó hace 5 años y da cuenta de la tasa de “no denuncia” de acuerdo a cada tipo penal. Según ese informe, de los delitos violentos el menos denunciado es la ofensa sexual, que solo es reportada en el 12,5% de los casos. Al miedo, descreimiento y desigualdad hasta aquí relatado se suma que 1 de cada 10 femicidios, de los registrados oficialmente por la Corte Suprema, fue cometido por efectivos de la policía.
Las palabras elegidas para hablar de ciertos temas cuentan. En este sentido, los feminismos reclaman que la justicia busque formas más adecuadas para determinar sus sentencias; si bien en términos de derecho es correcto decir “desahogo sexual” para referirse a ciertas violencias de género, hubo un fuerte descontento ante la utilización del mismo a principios del año pasado cuando, conocida una causa de violación grupal, el fiscal Rivarola, se refirió de ese modo a los hechos. Pero no es la única terminología legal que debe modificarse: según la comisión de Derechos de la Mujer de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) “abuso deshonesto” y “lujuriosos manoseos” siguen figurando en libros de derecho y en fallos.
Por otro lado, la falta de federalismo ha llevado a que no sea lo mismo reclamar justicia en Capital Federal, que en PBA, Salta o Río Negro: como el pedido de liberación de Belén (presa por un aborto espontáneo pero acusada de “matar a su hijo” en 2014 y liberada en 2016), hecho que tomó mayor visibilidad cuando “salió” de Tucumán, se “viralizó” en las redes sociales y recorrió las calles del microcentro porteño repetidas veces.
A pesar de todo, el movimiento de mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis, trans, no binaries argentino es insistente: 15 años desde el nacimiento de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito se tardó en lograr aprobar una ley acorde a las exigencias y necesidades de las personas gestanes, 7 en comenzar a aplicarse correctamente el cupo laboral travesti-trans, 3 años tuvieron que pasar desde que le prohibieron casarse a María Rachid y su entonces pareja Claudia Castro hasta la aprobación de la ley de Matrimonio Igualitario y más de 20 años de la aprobación de la normativa que permite a las amas de casa jubilarse (Resolución 399/97) hasta su implementación, entre otros ejemplos.
A 7 años del primer grito global “Ni una menos”, se volvió a convocar a una marcha que partirá de Bernardo de Irigoyen y Avenida de Mayo hacia el Congreso y hay más de 100 convocatorias en otros puntos del país y del resto del mundo. Los reclamos esta vez son:
- En términos ecónomicos: salario universal, retribución económica para las promotoras de género de los barrios, prórroga y ampliación de las moratorias previsionales y salarios que ganen a la inflación.
- En términos judiciales: una reforma de la justicia “en clave feminista”, para, según explicaron desde Ni Una Menos, “que se deje de revictimizar a las víctimas de violencia de género” y efectiva implementación del derecho al aborto federalmente.
- En términos de presupuesto: mayor financiamiento para el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, extensión del Programa Acompañar, ampliación de la Ley Micaela a medios y empresas y la sanción de una Ley Integral de Cuidados.
De modo no oficial, algunos grupos feministas, como AMMAR (Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina) y ATTA (Asociación de Travestis Transexuales y Transgéneros de Argentina), anunciaron a través de sus redes sociales que pedirán por la búsqueda y la aparición de Tehuel (joven trans que en marzo del 2021 fue a una entrevista de trabajo y se desconoce su paradero desde entonces), justicia por Claudia Benítez (víctima de femicidio en Misiones el mes pasado; creadora de una flota de taxis conducida por y para mujere) y el desprocesamiento de Miranda Ruiz (médica imputada en Salta, en septiembre del 2021, por practicar un aborto legal).
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