Aunque a lo largo de los años hubo grandes avances en materia de género y las mujeres conquistaron varios espacios, existen todavía falencias que hacen que hoy sea necesario salir a la calle y continuar la lucha para gritar Ni Una Menos.
Particularmente, el Poder Judicial dejó, y deja, mucho que desear en este campo. Según el Observatorio de las violencias de género “Ahora que si nos ven”, solo en lo que va del 2022 hubo 119 femicidios, es decir, una mujer asesinada cada 29 horas. En 16% de estos casos se había realizado una denuncia previa y en el 8% había medidas judiciales de protección. “Es urgente que la Justicia históricamente patriarcal revea y transforme sus prácticas dentro y fuera de los juzgados y fiscalías para no ser cómplices de los femicidios y no dar un mensaje de desprotección y desconfianza para quienes estén viviendo situaciones de violencia”, denunciaron en uno de los últimos informes que realizan de manera mensual para visibilizar la problemática.
Abusadores liberados, femicidas que no cumplen sus condenas o que gozan de beneficios, argumentos repudiables para defender a los violentos y el prejuicio y maltrato constante hacia las víctimas son frecuentes dentro de los juzgados, lo que hace repensar la perspectiva que existe hoy en la Justicia y, por ende, plantear la necesidad de una reforma judicial transfeminista con el objetivo de remover esos patrones patriarcales que continúan violentando a las víctimas a las que deberían proteger.
La justificación de un fiscal para una violación grupal
“Desahogo sexual”, esas fueron las palabras que utilizó el fiscal Fernando Rivarola para calificar una violación grupal que denunció haber sufrido un joven a sus dieciséis años en Rawson (Chubut), y así, argumentar su decisión de rebajar la acusación a “abuso sexual simple”.
El hecho ocurrió en 2012 y fue denunciado por la víctima años después ya que recibía amenazas constantes de sus agresores. Leandro Del Villar, Luciano Mallemaci y Ezequiel Quintana, fueron imputados por “abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas”, y tres varones más, que en ese momento eran menores, fueron sobreseídos.
Con esta nueva e indignante clasificación el fiscal acordó un juicio abreviado para los imputados lo que implica una pena menor. En marzo de 2022, finalmente fueron absueltos por las juezas Ana Karina Breckle, Marcela Alejandra Pérez y María Laura Martini, quienes afirmaron que los testimonios de la víctima fueron imprecisos.
La marcha atrás en el caso que originó el Ni Una Menos
En otro fallo vergonzoso, el femicida de Chiara Páez, una joven de Rufino (Santa Fe) de catorce años, está a un paso de quedar en libertad.
En 2018 Manuel Mansilla, que al momento del crimen tenía dieciséis, fue condenado a veintiún años y seis meses de prisión, la pena máxima para un menor, por el asesinato de su novia que se encontraba embarazada. Sin embargo, a principios de 2022 la Corte Suprema de Santa Fe anuló la sentencia y argumentó que en este caso era aplicable una sanción correspondiente a la tentativa de homicidio, cuya escala penal va de diez a quince años.
“Qué vergüenza y qué indignación. Hacen lo que quieren y ni siquiera nos informan. ¿Tentativa de qué? Chiari no está viva”, expresó la mamá de la víctima en sus redes sociales luego de conocer el fallo.
Con esta sentencia, en poco tiempo podría acceder al beneficio de salidas transitorias ya que está por cumplir la mitad de la condena.
La falta de perspectiva de género que mató a Micaela García
El 1 de abril de 2017, Sebastián Wagner debería haber estado preso. Sin embargo, la Justicia decidió liberarlo, lo que terminó con el asesinato de Micaela García, una joven de Entre Ríos que se encontraba camino a casa después de una fiesta.
Si bien Wagner confesó haberla violado y fue condenado a prisión perpetua, la falencia de la Justicia estuvo previo al hecho ya que tenía antecedentes penales por abuso sexual, pero gozaba de libertad condicional, a pesar de que varios informes técnicos desaconsejaban su liberación.
Además, por el crimen, Néstor Pavón fue condenado a cinco años por "encubrimiento", y el hijo de la expareja de Wagner, Ignacio Otero, a quien también se lo había vinculado, fue absuelto.
¿Y el juez que lo liberó? El magistrado entrerriano Carlos Rossi enfrentó un jury por mal desempeño pero fue absuelto.
Este caso sin dudas marcó un antes y un después ya que comenzó a ponerse el foco en la falta de perspectiva de género dentro del Poder Judicial. Por eso en 2018 se promulgó la Ley N° 27.499, o más conocida como La Ley “Micaela”, de capacitación obligatoria en género y violencia contra las mujeres para todas las personas que integran los tres poderes del Estado.
El prejuicio hacia las víctimas
El 8 de octubre de 2016, Lucía Pérez, de dieciséis años, fue drogada, violada y asesinada. Los principales acusados fueron Matías Farías, y Juan Pablo Offidani, quienes vendían droga en la salida de su escuela en Mar del Plata y a quienes la víctima conoció el día anterior.
Según la principal hipótesis, Farías la citó en su casa, donde habría sido drogada y abusada hasta la muerte. El cuerpo fue llevado luego a un centro asistencial de Playa Serena, y según las investigaciones fue lavado y acondicionado con la ayuda de una persona más, Alejandro Maciel.
En 2018, dos de ellos fueron condenados por los jueces Juan Facundo Gómez Urso, Aldo Carnevale y Pablo Viñas a ocho años de prisión por tenencia de drogas para ser vendidas a menores, pero junto a Maciel quedaron absueltos de los cargos por femicidio y abuso sexual agravado por acceso carnal ya que para los magistrados fue "una relación consentida entre dos jóvenes que se gustaban”.
En noviembre de 2021, los jueces Urso y Viñas fueron suspendidos de sus funciones para ser sometidos a un jury acusados de “negligencia, incumplimiento de los deberes de cargo y parcialidad manifiesta” por la Comisión Bicameral de Procedimiento para el Enjuiciamiento de Magistrados de Buenos Aires, al tiempo que Carnevale renunció para jubilarse.
Después de dos años, el Tribunal Oral N°2 de Mar Del Plata resolvió que el juicio por el femicidio de Lucía se vuelva a realizar el siete de febrero del año próximo.
Su historia generó el Primer Paro de Mujeres en nuestro país.
A contrarreloj
Cuando se tratan de casos de abuso sexual, no siempre las víctimas pueden hablar al momento del hecho por varios factores que forman parte de un proceso personal. Este fue el caso de Thelma Fardín que, a través de un valiente relato, denunció en 2018 a Juan Darthés por abuso sexual agravado, un hecho que sucedió en 2009 cuando ella tenía dieciséis años y se encontraba en Nicaragua compartiendo con él una gira teatral de la tira Patito Feo.
La denuncia formal con la finalidad de que sea enjuiciado en Brasil, donde el actor nació y se fugó luego de la acusación, fue presentada por el Ministerio Público Fiscal brasileño en abril del año pasado y el juicio oral comenzó en noviembre.
Pero cuando el proceso se encontraba en la etapa final, el juez de San Pablo Ali Mazloum aceptó el pedido de la defensa de Darthés para seguir dilatando las audiencias poniendo en juego toda la causa que podía prescribir en cinco meses.
"Nos piden que vayamos a la justicia y la justicia es esta porquería aberrante y para nada reparatoria", sentenció Thelma en sus redes sociales, algo que resume una problemática presente en varias partes del mundo.
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