Esta semana, las provincias de San Luis y Catamarca aprobaron dos leyes que buscan, con diferentes elementos, ampliar los derechos para personas menstruantes.
En San Luis se creó el Programa de Sensibilización y Concientización en Gestión Menstrual Sostenible. Esta norma busca garantizar el acceso a la información certera y de calidad, difundir y promover el uso de productos de gestión menstrual sostenible (copas menstruales y toallitas de tela reutilizables) y generar las condiciones para el acceso progresivo a este tipo de productos.
Para alcanzar estos objetivos, en la provincia puntana se constituirá la “Mesa Interinstitucional de Sensibilización y Concientización en Gestión Menstrual Sostenible” conformada por representantes de distintas carteras del Poder Ejecutivo, de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, y de la academia.
Por su parte, en Catamarca se sancionó la norma mediante la cual se crea el “Programa Provincial de Gestión Menstrual”, que proveerá de elementos de gestión menstrual a personas menstruantes en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Se entregarán toallas higiénicas descartables y reutilizables, copas menstruales, toallas ecológicas de tela, esponjas marinas, ropa interior absorbente, tampones, analgésicos y los productos biodegradables o reutilizables que la autoridad de aplicación determine.
Menstruar como un factor (más) de desigualdad
En un contexto en el que las mujeres y disidencias tienen menores ingresos, menor participación en el mercado laboral y en el que enfrentan mayores niveles de desempleo, existe un gasto diferenciado que no es optativo: menstruar.
En ese sentido, para la directora Nacional de Economía, Igualdad y Género, Mercedes D'Alessandro, las barreras económicas al acceso de productos de gestión menstrual -sobre todo para quienes tienen menores recursos- tiene implicancias en la salud, la educación y el trabajo. “La imposibilidad de gestionar la menstruación de forma adecuada repercute en su vida cotidiana. Se ausentan de la escuela o de sus lugares de trabajo, dejan de hacer actividades deportivas y, en algunos casos, recurren a alternativas para gestionar su menstruación que pueden afectar su salud, como trapos, ropa vieja o papeles”. Esta situación se agravó con la pandemia.
Cuánto cuesta menstruar
Según el informe Justicia Menstrual: Igualdad de género y gestión menstrual sostenible, elaborado en 2020 por la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género, junto a la Subsecretaría de Asuntos Parlamentarios de Jefatura de Gabinete, las personas menstruantes gastaban en ese momento entre $2.000 y $4.300 por año para gestionar su menstruación.
Según detalló la diputada Fernanda Spinuzza, impulsora de la ley en San Luis, a lo largo de su vida, las personas menstruantes deberán afrontar gastos extra por casi 40 años. “Cada persona menstruante destina casi el 10% de sus ingresos a la compra de toallitas o tampones. La cifra resulta significativa en un contexto de brecha salarial de género superior al 20% y de feminización de la pobreza (según el Indec, el 40% de la población de menores ingresos está conformado en un 62,5% por mujeres). La carga económica que genera la menstruación constituye, sin dudas, un factor de desigualdad”, destacó.
San Luis
En la provincia puntana, el proyecto presentado por la legisladora Spinuzza, del Frente Unidad Justicialista, se sancionó con unanimidad en ambas cámaras.
“Las personas menstruantes necesitan de ciertas condiciones: acceso al agua limpia, adecuadas instalaciones sanitarias, dispositivos para la eliminación de los desechos, recursos económicos para acceder a los productos de gestión, y, especialmente, el conocimiento y visibilización de la temática, para transitar esa experiencia desde la valoración, el espacio personal y una auto percepción positiva”, sostuvo Spunizza.
Para Ayelén Mazzina, titular de la secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad de San Luis, la norma busca tener una mirada desde varias aristas: salud, educación, medio ambiente, economía y justicia social.
“El Estado tiene la responsabilidad de tomar un rol activo en relación a la menstruación y a la promoción de una salud menstrual en igualdad de condiciones y oportunidades. Es por esto que afirmamos que menstruar es político”, aseveró.
Y agregó: “Recién la Ley de Educación Sexual Integral lo incorpora como una temática que debe ser abordada desde las políticas públicas y como un asunto colectivo. No podemos seguir pidiendo que las personas resuelvan ‘como puedan´ y soporten lo que parece ser tratado como un karma”.
Otro elemento que contempla este proyecto tiene que ver con el impacto ambiental que supone el uso masivo de métodos y productos desechables. Según la diputada Spunizza, el 75% de las personas elige utilizar productos de gestión menstrual desechables y la población menstruante de argentina produce 132.000 toneladas de basura no reciclable ni biodegradable anualmente.
“En el caso de los productos que son más amigables con el medio ambiente, como la copa menstrual o las toallitas de tela, tienen un costo inicial mayor pero su perdurabilidad en el tiempo les otorga ventajas significativas a nivel económico. Pero el acceso a estos productos y a la información sobre las diferentes alternativas es reducido a un grupo minoritario y está signado por prejuicios y desinformación. Cuando elaboramos este proyecto nos centramos en analizar toda esta información y estas preocupaciones”, añadió.
Catamarca
La Ley N° 5.708 de creación del Programa Provincial de Gestión Menstrual fue sancionada el jueves en la provincia de Catamarca. Se trata de un programa que consiste básicamente en que las personas menstruantes en situación de vulnerabilidad socioeconómica van a tener acceso a un kit en casos de emergencias, tanto en establecimientos públicos como en privados. A este beneficio se accede por medio de un registro y de esta forma se les hará entrega, de manera mensual, de los insumos que seleccionen de acuerdo a sus necesidades.
El principal fin es el de garantizar que las personas menstruantes, sobre todo las de sectores más humildes, accedan a estos elementos de higiene en forma gratuita, como así también a la información necesaria vinculada a la educación sexual y sanitaria.
Las autoras del proyecto son las diputadas Monica Zalazar y Natalia Ponferrada, del Frente de Todos, pero fue impulsado también por el Movimiento de las Mujeres por la Igualdad, la organización política La Tribu, y distintos movimientos sociales.
Para Zalazar, la ley va a sentar un precedente en materia de igualdad dado que tutela y ampara una problemática que no estaba visibilizada socialmente y que ponía a las mujeres y personas menstruantes en un lugar desigual al tener una condición biológica a la cual no pueden renunciar. “La sociedad debe amparar y protegerlas”, remarcó.
La diputada señaló también que se trata de un programa en el cual se abarcan problemas sanitarios, de salud, educación, economía y medio ambiente.
Esta normativa se encuentra adecuada a la Ley de Identidad de Género y contempla diversos contextos, por ejemplo, personas menstruantes que estén en situación de encierro.
“El proyecto resultó ser un importante instrumento para hablar, recuperar y reivindicar derechos y para que la menstrucion deje de ser un mito o algo que teniamos que ocultar y tapar”, añadió Zalazar.
El impacto de la pandemia
Para D´Alessandro, el impacto de la pandemia fue mayor en trabajadores informales y de la economía popular, las mujeres y los jóvenes: retrocedieron en su participación laboral, perdieron ingresos y si bien empiezan a notarse signos de recuperación económica, en estos sectores es más lenta.
“La falta de ingresos y el aislamiento impidieron que muchas mujeres pudieran gestionar su menstruación de un modo digno y saludable. Muchas personas que menstrúan tuvieron que optar por disminuir el uso de toallitas y tampones, cambiar de marcas o, incluso, usar elementos inadecuados poniendo en riesgo su salud”, remarcó.
¿Es posible pensar en una ley de gestión menstrual a nivel nacional?
Las provincias que llevan la delantera en este sentido ahora son tres: San Luis, Catamarca y Tucumán, que ya lo había hecho en 2020.
Aunque ningún proyecto legislativo relativo a la temática alcanzó jamás el tratamiento en comisiones en el Congreso Nacional, actualmente hay cuatro proyectos con estado parlamentario en el Senado y 10 en la Cámara de Diputados. “Una ley de Gestión Menstrual es necesaria y posible porque responde a una desigualdad que existe. Esperamos que este año podamos llegar al recinto con una propuesta consensuada”, aseguró D´Alessandro.
“Desde el Estado avanzamos en un esquema integral del tratamiento de la menstruación como una cuestión de igualdad y de justicia social. Venimos trabajando en el diagnóstico de la problemática, que se da en todas las provincias de la Argentina”, puntualizó la funcionaria.
El año pasado se constituyó el Foro Nacional Acciones para alcanzar la Justicia Menstrual en Casa Rosada. Participaron más de 100 funcionarias nacionales y provinciales, diputadas y senadoras nacionales, concejalas, dirigentas políticas, cooperativistas y activistas de todo el país. Al día de hoy, son varias las iniciativas provinciales y municipales que apuntan a reducir la desigualdad en el acceso a estos productos.
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