La Unión de Consumidores de Argentina junto a la firma de abogados Lozano Blanco y Asociados llevan adelante una demanda judicial colectiva contra la empresa alemana TÜV Rheinland por no realizar los controles pertinentes de la fabricación y comercialización de los implantes mamarios PIP. En el país, alrededor de 15 mil mujeres se los colocaron, pero un gran porcentaje no sabe de las fallas que tienen y los daños a la salud que les puede generar.
Desde 2010, la abogada Nathalie Lozano Blanco lleva adelante la demanda con miles de mujeres de 45 países que fueron damnificadas por colocarse estos implantes. Se estima que más de 500 mil mujeres en todo el mundo están sufriendo las consecuencias médicas, económicas y psicológicas por colocarse un producto que estaba fallado.
En 2010, se descubrió que las prótesis mamarias de la compañía francesa PIP utilizaba un gel de silicona no homologado para uso médico, en vez del gel Nusil autorizado que declaraba emplear. Cuando la prótesis se rompen, el gel de uso industrial se esparce por el cuerpo, generando fuertes dolores en el cuerpo de las mujeres y haciendo casi imposible quitarlo en su totalidad.
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Ahora, las demandas contra la empresa avanzan a nivel mundial, pero el problema es que en Argentina solo el 7% de las mujeres afectadas realizaron la demanda y un gran porcentaje desconoce que se colocó esas prótesis. Por eso, desde la UCA y el estudio de abogado de Lozano Blancos impulsaron una campaña de visibilización para que más damnificadas se sumen a la causa.
En una entrevista con El Destape, la abogada Lozano Blanco aclaró que “cualquier persona que haya tenido un implante PIP, independientemente que haya sufrido una ruptura o no, pueden acceder a la indemnización” y subrayó que lo importante es que más mujeres argentinas se sumen a la demanda ya que solo el 7% realizó la denuncia.
Lozano Blanco fue la primera firma de abogados a nivel mundial que representó un número masivo de víctimas en el caso PIP frente a las Cortes Francesas. La firma ha logrado ya una indemnización inicial para 7.700 mujeres y hoy representa más de 11.000.
TÜV Rheinland fue condenada en primera instancia a pagar una provisión de 3.000 euros a las mujeres demandantes para cubrir los gastos médicos urgentes. Ahora ellas están a la espera de una indemnización definitiva individual de acuerdo con su caso concreto y su nivel de afectación física y psicológica.
La demanda colectiva y los problemas del implante
La empresa que producía los implantes se declaró en bancarrota, por lo cual, la demanda es direccionada hacia empresa alemana que se encargó de certificar los procesos de calidad de los implantes. “Existe una negligencia grave por parte de esa empresa porque certificaron un producto que era ilegal y considerada culpable por la Justicia”, explicó la letrada.
Detalló que estas prótesis PIP “tiene dos grandes problemas, uno es la fragilidad del implante que hace que se rompa con mucha facilidad y el otro problema es la silicona que introdujeron que fue de tipo industrial y que no es apta para el cuerpo” y se explayó: “Cuando se rompe el gel que sale de la prótesis, tiene efectos nocivos para el cuerpo. Produce ardores, dolores en el cuerpo porque la silicona en vez de salir en bloques, se va dispersando por el cuerpo y existe casos de mujeres a las que se les ha tapado los ganglios y eso produce inflamaciones y dolores”.
Asimismo, Lozano Blanco indicó que “en el 2000 la FDA prohibió la venda de esas prótesis en Europa, pero eso no ocurrió en América Latina y se prohibió porque la empresa no estaba cumpliendo con ciertos requisitos y con las buenas prácticas” y advirtió que la empresa “usó gel adulterado para reducir costos, pero las prótesis eran vendidas a un precio elevado”.
Los implantes mamarios contaban con el sello de calidad de la Unión Europea, por lo cual, no había motivos fehacientes para desconfiar del producto.
¿Qué pasa en Argentina?
Según la Unión de Consumidores de Argentina, más de 15 mil mujeres se colocaron los implantes PIP y un gran porcentaje desconoce que los tiene y los riesgos que puede generar a la salud.
“Muchas mujeres no saben el implante que tienen colocado por eso es complicada la tarea porque para incluirte en la demanda necesitas la certificación”, indicó la titular de UCA, Adriana Malek, a El Destape. “Existen casos de mujeres que perdieron el certificado, hay otras a las que ni siquiera se lo dieron y otras que tuvieron que buscar la historia clínica, tuvieron que recurrir a otros comprobantes”, apuntó.
Entre las 15.000 mujeres que se operaron, solo el 7% hizo el reclamo y se incorporó a la demanda. “Es un porcentaje muy bajo en relación a los otros países que se sumaron a la demanda”, puntualizó y explicó que “si no hay una representación colectiva, se hace muy difícil llevar adelante el caso porque el acceso a la justicia es más complicado en la frontera de tu país y se te va generado una barrera que te cuesta pasarla, por eso, se necesita este refuerzo de cooperación para alcanzar una respuesta”.
“Nosotros nos involucramos porque es un tema que tiene que ver con el consumidor, es un producto que uno consumió. Si tenemos en cuento que la ley 24.240, se habla de la protección al consumidor en cuanto a las cosas y servicios, se establece que la norma de uso no puede afectar a la salud y con este implante claramente no pasa y estamos dentro de ese encuadre”, aseveró Malek.
En otros países, como en Colombia, el 53% las damnificadas se sumaron a la demanda, en Venezuela el 25% y en Inglaterra el 30%.
“Tengo en el cuerpo una bomba de tiempo”
A las consecuencias físicas que sufren las mujeres, se suman las consecuencias psicológicas y económicas. Al respecto, Malek profundizó respecto a lo económico que “muchas damnificadas se tienen que volver a operar para sacarse las prótesis y colocarse otras y eso genera una suma de dinero que no tienen y no todo el mundo lo puede hacer, entonces, esperan para sacársela porque no cuentan con los medios para hacerlo”. Una decisión que está sujeta a que el implante no se rompa. “Tengo en el cuerpo una bomba de tiempo”, le dijo una damnificada a UCA.
El otro problema de salud que genera esta situación es que afecta la salud mental, ya que, “el 96% de las mujeres atravesaron una situación de ansiedad y ahora están con tratamiento psicológico y psiquiátrico”.
Un estudio que realizó Lozano Blanco & Asociados en 2018 entre las mujeres representadas arrojó que el 64% de ellas han sufrido angustia permanente derivada de usar o haber usado los implantes, el 68% ha visto afectada su autoestima y el 36% su desempeño laboral a causa de las complicaciones de las prótesis.
A los riesgos para la salud física y psicológica, también se suman las consecuencias económicas. El mismo estudio arrojó el dato de que el 95% de las mujeres que aún no se han sometido a una cirugía de retiro de implantes, 32% argumentan que no lo han hecho por falta de recursos económicos. El promedio de los gastos médicos asociados a complicaciones con las prótesis corresponde, en promedio, a 14 meses de salario.
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