Esta semana, se dio inicio al jury contra los jueces Pablo Viñas y Facundo Gómez Urso, los dos magistrados que estuvieron a cargo del primer juicio por el femicidio de Lucía Pérez en la ciudad de Mar del Plata y que en un proceso sin perspectiva de género, descartaron la figura del femicidio y condenaron a los dos imputados sólo por "tenencia de drogas para ser vendidas a menores de edad". En este marco, el fiscal general y la querella pidieron la destitución de ambos y la resolución final sobre ellos se conocerá la próxima semana.
El proceso comenzó el pasado lunes y durante la jornada del martes, se llevaron adelante los respectivos alegatos. Allí, el fiscal general de San Martín, Marcelo Lapargo, solicitó la destitución de ambos jueces que actualmente se encuentran suspendidos de sus funciones, desde el año 2021. La misma solicitud llevó adelante el abogado que representa a la familia de Lucía, Martín Olari Ugrotte. Por su parte, la defensa de ambos jueces –en manos de Patricia Perelló y Mariana Fardín– pidió la absolución de ambos y que tras ello, vuelvan a desempeñar sus funciones en el Tribunal N° 1 de Mar del Plata. Ambas abogadas sostienen que el jury está cargado de "sesgos políticos e ideológicos".
Cabe recordar que el primer fallo, a favor de los imputados Matías Farías y Juan Pablo Offidani, fue apelado por la familia de Lucía y la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires decidió anularlo, dando inicio a un segundo juicio bajo la afirmación de que “se fundó en intolerables prejuicios y suposiciones basados en estereotipos de género”. Desde entonces, los magistrados Viñas y Gómez Urso se encuentran suspendidos en sus tareas.
"Terminó todo el proceso a las 16.30, aproximadamente. Declaró el último testigo y se dieron los alegatos. Ahora son cinco días hábiles a partir de que finalizó. Por nuestros cálculos, se conocería a mitad de la semana que viene pero todavía no nos confirmaron la fecha", manifestó Marta Montero, la mamá de Lucía, en diálogo con El Destape.
El caso Lucía Pérez
La joven marplatense de 16 años fue asesinada el sábado 8 de octubre de 2016 durante un encuentro con el dealer Matías Farías, de 25 años. La autopsia reveló que durante esa mañana, Lucía tomó cocaína y fue abusada por Farías. Murió allí mismo, aunque luego los imputados la llevaron hasta una sala de atención primaria del barrio, donde un médico constató su fallecimiento.
Según el fiscal Leandro Arévalo, le suministraron droga con la finalidad de abusar sexualmente de ella, por lo que falleció “a razón de una asfixia tóxica con congestión y edema pulmonar debido a una falla cardíaca”. Sobre esto, el fiscal remarcó: “Existen claros signos de que dicho acceso carnal fue de un modo brusco y violento, sin contar con el consentimiento de aquella”.
A pesar de los indicios, en el primer juicio –que se llevó adelante en noviembre del 2018–, los jueces Gómez Urso, Viñas y Aldo Carnevale (quien no está en el jury por haberse jubilado), retiraron la acusación de encubrimiento contra Alejandro Maciel (tercer implicado, que falleció un año antes del segundo fallo) y solo condenaron a Farías y Offidani por la venta de estupefacientes, alegando que las relaciones sexuales fueron consentidas.
La familia de la joven no dudó en apelar el fallo y la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires decidió anularlo por "falta de perspectiva de género", confirmando un nuevo juicio oral. La conclusión jurídica y las frases desafortunadas para emitir la condena, llevaron a que se ordenara un nuevo fallo en marzo del 2023 a cargo de los jueces Gustavo Fissore, Alexis Simaz y Roberto Falcone. En esta instancia, por unanimidad, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 2 de Mar del Plata estableció que Lucía Pérez fue víctima del delito de "abuso sexual con acceso carnal agravado por resultar la muerte de la persona ofendida, por el suministro de estupefacientes y en el marco de un contexto de violencia de género, en concurso ideal con femicidio".
En los argumentos, los jueces remarcaron que Lucía y el femicida Farías tenían una relación asimétrica de poder, ya que ella era menor de edad y él vendía estupefacientes. Farías recibió una pena de prisión perpetua, mientras que Offidani fue condenado a 8 años de prisión por su rol partícipe necesario en el delito de abuso, ya que fue él quien, con su camioneta, llevó a ambos a la casa donde ocurrieron los hechos.
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