Un conjunto de organizaciones de la sociedad civil se presentaron ante la Justicia Federal para solicitar que Gobierno nacional responda ante su incumplimiento en las obligaciones legales -a nivel nacional como internacional- para prevenir la violencia hacia las mujeres. La demanda está principalmente dirigida hacia el Poder Ejecutivo nacional, pero también al Ministerio de Justicia, dado que el ex Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación quedó bajo su órbita con el nombre de Subsecretaría de Prevención de las Violencias, aunque con un 85% menos de la planta de trabajadoras.
"Hemos despedido al 85% de los empleados del ex Ministerio de la Mujer. Los restantes pasarán a cumplir funciones dentro de la órbita de la Dirección de Protección a la Familia, y asistirán a TODOS los argentinos que atraviesen una situación de violencia y riesgo", escribió en sus redes sociales el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona -entonces abogado defensor del exgobernador José Alperovich, condenado por abuso y violación-, el domingo por la noche, tras dos jornadas en las que cientos de trabajadoras y trabajadores del Estado nacional recibieron un mail en los que se notificó su despido.
La medida no es una buena noticia, ya que el recorte de puestos en el Estado impacta directo en el cumplimiento de las políticas públicas. Para dar un ejemplo, el desguace del área tuvo un fuerte impacto en el funcionamiento de la Línea 144, de asistencia y acompañamiento telefónico gratuito las 24horas, creada hace una década y que recibe un promedio de 340 llamadas diarias. El viernes fue despedido el 42 por ciento del plantel de operadoras.
Esta situación, genera "incertidumbre", aseveraron desde las organizaciones que presentaron la demanda. Ellas son: el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Ni Una Menos (NUM), la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps), Mujeres por Mujeres (MxM) y la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM).
- Lo que exigen son certezas sobre:
- Las incongruencias entre los anuncios en redes sociales y los actos administrativos efectivamente existentes (o la ausencia de estos actos formales).
- Cómo se cumplirán las obligaciones legales asumidas local e internacionalmente para prevenir y abordar la violencia contra las mujeres;
- Cuáles son los programas de prevención, asistencia y acceso a la justicia que seguirán vigentes, frente al despido del 85% de los trabajadores.
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"Es la primera vez que se presenta una acción colectiva de esta naturaleza en la era Milei. La acción declarativa de certeza se presenta en los términos del artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, exhortando al Ministerio de Justicia y al Poder Ejecutivo Nacional a que aclaren el estado de incertidumbre en el que se encuentran niñas, adolescentes y mujeres víctimas y potenciales víctimas de violencia de género, ante el supuesto cierre de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género y de 81 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) que en los últimos 15 años han ayudado a miles de mujeres a encontrar respuestas frente a la violencia", sostuvieron en el comunicado difundido.
La acción judicial fue presentada el viernes y quedó radicada ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 1, a cargo del juez Enrique Alonso Regueira. Se espera que en los próximos días se expida sobre la procedencia de la acción y la admisibilidad de la medida cautelar.
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