"No creemos que los problemas económicos tengan que ver con desarmar la Ley Micaela", sostuvo Néstor “Yuyo” García, padre de Micaela y militante de la normativa 27.499. García se pronunció en contra de las modificaciones impulsadas por el Ejecutivo en el marco del plenario de comisiones que se lleva adelante en el Congreso para debatir los más de 664 artículos de la Ley ómnibus. En la iniciativa de la gestión de Javier Milei, además de plantear la entrega de la suma del poder público por parte del Parlamento al Presidente, también se propone una estructural reforma económica y del Estado.
García expuso este martes por vía virtual en el Congreso para manifestarse en contra de las modificaciones que prevé la mega ley del Gobierno a la conocida normativa que prevé la capacitación en cuestiones de género y diversidad para todas las personas que formen parte del Estado, más allá de sus responsabilidades: desde el presidente de la nación hasta los escalafones más bajos.
Así lo determina en el artículo 1 de la ley sancionada en una votación por unanimidad en el Senado de la nación, en 2018: “Establécese la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación”. El Gobierno, en tanto, en la ley ómnibus propuso otra redacción: “Se establece la capacitación obligatoria en violencia familiar y contra la mujer, para todas las personas que se desempeñen en la función pública en los organismos competentes en la materia”, dice en el apartado “Capital Humano”.
“Todas las fuerzas políticas dieron su discurso a favor de la ley” en el momento de su aprobación en el Congreso, dijo en un tramo de su exposición Yuyo y, a continuación, aclaró: “Es que es una ley transformadora de la sociedad, pero si se pretende modificarse el articulo 1 es prácticamente lo mismo que derogarla”, remarcó. Los cambios fundamentales están en la quita de la obligatoriedad, en la determinación de que sólo sea para quienes desempeñan tareas en la materia y, también, la perspectiva aplicada. Es que el nuevo texto refiere sólo a “violencia familiar” y “contra la mujer”, lo que quita la dimensión social del tema ciñéndolo a una cuestión del ámbito privado.
De esta manera, la normativa perdería el espíritu con el que se gestó: Micaela García, de 21 años e hija de Yuyo, era militante feminista del Movimiento Evita de Entre Ríos. Salió a bailar y no regresó a su casa. Estuvo nueve días desaparecida. Había sido violada y asesinada por Sebastián Wagner, quien estaba en libertad condicional por una pena de 9 años por la violación de otras dos mujeres. La libertad condicional de Wagner fue otorgada por el juez Carlos Rossi, quien no aplicó la perspectiva de género al momento de tomar su decisión.
García sostuvo que “a pesar de un montón de fallas en su implementación, se lograron cambios sostenibles”. Entre ellos, mencionó que a la Fundación Micaela García “La Negra”, como llamaban a la joven, llegan “constantemente” situaciones de violencia y aseguró que ahora “hay policías que toman la denuncia como corresponde porque han sido capacitados”.
“Entendemos que no se gastaron millones en la implementación de la Ley Micaela, la mayoría de las capacitaciones se hizo con trabajadoras del Estado nacional que no cobraron por esas tareas, sino que hacían un trabajo militante”, marcó García. El órgano de implementación era, hasta el 10 de diciembre de 2023, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad que la actual gestión degradó a subsecretaría bajo la órbita del megaministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello.
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