Juicio Brigadas: 10 condenas a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad contra 600 víctimas 

En un juicio histórico, el Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata dio a conocer las sentencias para los 12 imputados de los 18 que quedaron vivos. Condenaron a represores de la llamada "Noche de los Lápices".

26 de marzo, 2024 | 18.35

Después de tres años y medio el Tribunal Oral Federal (TOF) N°1 de La Plata dio a conocer las sentencias en el Juicio Brigadas, en el que se investigó las responsabilidades del Ejército y del Gobierno provincial de entonces durante la última dictadura cívico militar. En total, fueron 10 condenas a prisión perpetua por los crímenes cometidos en campos de concentración conocidos como Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes, El infierno de Avellaneda y la Brigada de San Justo por crímenes de lesa humanidad cometidos contra 600 víctimas, en un juicio en el que declararon más de 500 personas.

Además, el Tribunal condenó hoy a los dos represores acusados de cometer crímenes de lesa humanidad contra estudiantes desaparecidos en la llamada "Noche de los Lápices", a quienes se los encontró responsables directos de la desaparición de un grupo de jóvenes militantes de la Unión de Estudiantes (UES) y de la Juventud Guevarista secuestrados en 1976. También hubo una condena a 25 años de prisión y una absolución que benefició al segundo jefe de la División Delitos contra la Propiedad de la Dirección de Investigaciones Enrique Augusto Barré, patrocinado por el estudio Cúneo Libarona. 

 

 

Los aplausos y los festejos comenzaron ni bien el juez Ricardo Basílico terminó de leer la sentencia, que también mencionó a cada una de las víctimas de los genocidas como se pudo ver en la transmisión de La Retaguardia. Basílico, afirmó, además, que los crímenes se “cometieron en el marco de un genocidio”. 

"Como a los nazis, les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar olé olé olé olá", cantaron los presentes, que se abrazaron y emocionaron. En tanto, la decisión fue tomada en conjunto con los magistrados Esteban Rodríguez Eggers y Walter Venditti, que no estuvieron en la sala. 

El juicio comenzó en plena pandemia -el 27 de octubre de 2020- con 18 imputados y cerró este martes con 12. Se murieron seis en el camino: Miguel Ángel Ferreyro (21-10-2021), Ricardo Armando Fernández, Miguel Osvaldo Etchecolatz (2-7-2022), Carlos del Señor Hidalgo Garzón (01-12-2022), Emilio Herrero Anzorena (11-6-2022) y Eduardo Samuel De Lio (2023). Murieron sin escuchar la sentencia, uno en la cárcel y los otros en sus casas.   

De los 12 imputados, sólo uno está detenido en la cárcel: Jorge Héctor Di Pasquale, en la Unidad 34 de Campo de Mayo. El resto, Roberto Armando Balmaceda, Enrique Augusto Barre, Jorge Antonio Bergés, Alberto Julio Candioti, Guillermo Alberto Dominguez Matheu, Carlos Gustavo Fontana, Federico Antonio Minicucci, Carlos María Romero Pavón, Jaime Lamont Smart, Juan Miguel Wolk y Horacio Luis Castillo, tienen prisión domiciliaria en sus casas. De ellos, Castillo, Fontana y Barre enfrentan un juicio por primera vez. El resto ya tiene otras condenas. 

Cada uno de ellos siguió la sentencia por Zoom, ya que cumplen sus sentencias en prisión domiciliaria. En varios momentos apagaron las cámaras o salían del cuadro y, cada vez que se leían los delitos de abuso sexual, se escuchó el grito de "violadores".  El único que está en prisión es Di Pasquale, que más temprano dijo que lo que sucedió en la dictadura fue una “guerra”.

Los condenados a prisión perpetua por los jueces Ricardo Basílico, Esteban Rodríguez Eggers y Walter Venditti fueron:

  • Federico Antonio Minicucci, jefe del Regimiento de Infantería Mecanizada 3 de La Tablada.
  • Guillermo Domínguez Matheu, jefe de Actividades Psicológicas del Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata.
  • Jorge Héctor Di Pasquale, jefe de la sección de Operaciones Especiales del Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata.
  • Carlos María Romero Pavón, jefe de Reunión Interior del Destacamento 101 de La Plata.
  • Roberto Balmaceda, jefe de Contrainteligencia del Cuerpo de Actividades Especiales del Destacamento 101 de La Plata.
  • Jaime Lamont Smart, el ministro de Gobierno de la provincia durante los primeros años de la dictadura.
  • Juan Miguel Wolk, jefe de la División Delitos contra la Propiedad y de la División Delitos contra las Personas y de la dirección de investigaciones Zona Metropolitana.
  • Jorge Antonio Bergés, médico de la policía bonaerense que actuó en los partos y en el robo de los bebés nacidos en cautiverio.
  • Horacio Luis Castillo, el comisario que actuó en la Brigada de Investigaciones de Lanús –conocida como el Infierno de Avellaneda– y en el Pozo de Banfield.
  • Carlos Gustavo Fontana, que fungió como enlace entre el Destacamento 101 y el Batallón de Inteligencia 601. Además, ya había cumplido su condena previa, por lo que si no era condenado, hubiera quedado en libertad. 
     

En tanto, el TOF 1 de La Plata condenó a 25 años de prisión a Alberto Julio Candioti, jefe de la sección Comando del Destacamento 101 de La Plata.

La sorpresa llegó para Enrique Augusto Barre, segundo jefe de la División Delitos contra la Propiedad que funcionaba en el Pozo de Banfield, que resultó absuelto. Hasta diciembre, Barre era defendido por Mariano Cúneo Libarona, el actual ministro de Justicia de la Nación y su patrocinio lo siguió el mismo estudio de abogados.

En su sentencia, los jueces catalogaron los hechos como crímenes de lesa humanidad. En minoría, Basílico señaló que los delitos se cometieron en el marco del genocidio que tuvo lugar en la Argentina durante la dictadura cívico militar.

Durante este proceso, el TOF examinó las responsabilidades del Ejército –a través de la Brigada de Infantería Mecanizada 3 con asiento en La Tablada, que estaba a cargo del área 112 que abarcaba los partidos de Avellaneda, Lanús y Lomas de Zamora, entre otros– y del aparato de inteligencia a partir del rol que cumplió el Destacamento 101 de La Plata. También examinó el papel del gobierno dictatorial en la provincia y el accionar de la Bonaerense, entonces al mando de Ramón Camps –por lo que las dependencias policiales que funcionaron como campos de concentración se conocen como “Circuito Camps”. Los fundamentos se conocerán el próximo 5 de julio. 

En el Pozo de Banfield funcionó una “maternidad clandestina”. Otras jóvenes secuestradas dieron a luz en el Hospital de Quilmes, a metros del Pozo de Quilmes. En numerosos casos, Bergés firmó actas de nacimiento apócrifas y se apropió de las y los bebés entregándolos a uniformados.

Según precisó Pulso Noticias, en este caso, además, quedó claro el vínculo con Uruguay: "Desde El Palomar salían aviones con militares y personas detenidas desaparecidas. 28 personas de esa nacionalidad son casos en el juicio". Además, se pudo verificar la complicidad mediática: Revista Gente, Somos y Para Ti publicaron noticias falsas sobre las víctimas y de sus familiares.

En esta oportunidad, entre otros casos, se juzgó el secuestro, detención ilegal y asesinato de los estudiantes secundarios de la llamada Noche de los Lápices, que fueron vistos por última vez en el Pozo de Banfield. El Tribunal dió lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal (MPF) para que se juzgue el caso de un aborto forzoso, contra una de las víctimas

Otro hecho destacado en ente juicio fue que el nieto 133, Daniel Santucho, recuperó recuperó su identidad. Su hermano declaró cuando todavía lo buscaba. También, se pudo ver la importancia de que la Justicia escuchara a mujeres y travestis: fue durante este proceso que por primera vez en la historia de los juicios de lesa humanidad se pudo escuchar a cinco travestis sobrevivientes que estuvieron secuestradas en el Pozo de Banfield. Testificaron como víctimas Carla Fabiana Gutiérrez, Paola Leonor Alagastino, Julieta González, Analía Mártires Velázquez y Marcela Daniela Viegas Pedro, mientras que Marlene Wayar dio su testimonio en calidad de especialista.

Además, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) dijo que "todavía hay muchos restos de personas por identificar. Hace falta que se acerquen familiares para ello".  

En tanto, uno de los condenados a perpetua, Jorge Héctor Di Pasquale, es uno de los genocidas que la vicepresidente, Victoria Villarruel, visitó en la cárcel para que le pase letra durante la campaña, tal como publicó El Destape en su momento. Di Pasquale está detenido desde 2010 y publicó un libro en el que afirma que los desaparecidos no son 30.000. El 8 de septiembre de 2023, el diario La Nación publicó una nota sobre él: “Un militar detenido publicó un libro que dice que los desaparecidos fueron 6505”. Di Pasquale es autor del libro negacionista “Crónica de una guerra negada” que hasta se presentó en la Feria del Libro.