De izquierda a derecha, por unanimidad, el acceso y autocultivo de cannabis medicinal se transformó en ley en la Ciudad de Buenos Aires. Justo el mismo día, tan sólo horas más tarde, de que el Gobierno nacional publicara por decreto la nueva reglamentación de la normativa nacional vigente que, sancionada durante el macrismo, tuvo una regulación altamente restrictiva y aún persecutoria. Salvo por la obligación de suministro del cannabis y sus derivados por parte de las obras sociales, la legislación porteña está sintonía con la nacional y logró ser sancionada gracias a un robusto acuerdo entre todos los bloques después de varias semanas de trabajo. Ahora, otro objetivo por delante: lograr que la marihuana sea legal y la despenalización del uso de otros tipos de drogas.
La medida es netamente sanitaria pero tiene su cola penal. Los cultivadores, que hasta hoy eran perseguidos y enfrentaban penas de hasta 15 años, son legales. La policía no debería ir tras ellos y el sistema judicial tampoco debería gastar recursos en causas por consumo personal para aliviar la salud. Para todo eso hace falta capacitación, algo en lo que ya se está avanzando.
Leandro Halperín, legislador porteño de Evolución y autor del proyecto que hoy es ley, destacó a El Destape el esfuerzo de los dirigentes de los otros bloques para llegar a un acuerdo sólido, en especial durante los debates en la comisión de Salud. Y aseguró que el decreto del Gobierno nacional para legalizar el acceso al cannabis medicinal y su cultivo "fortalece el mensaje".
En su momento, previo al debate, uno de los temores era que la ley porteña quedara vieja ante la nueva reglamentación de la normativa nacional, pero Halperín aseguró que no fue así "porque el decreto presidencial no incluye los cultivadores solidarios, lo único que tiene es la obligación de suministro en obras sociales que nuestra ley no lo puede regular porque la Ciudad no tiene competencia". A nivel nacional se habla de redes de cultivadores, algo que, dijo el legislador, "no está claro". Tal vez mantiene un gris sobre su concepto: si se trata de una red familiar o para terceras personas, analizó.
Para él, el decreto nacional salió hoy por el inminente avance porteño. Más allá de eso, deseó que "ojalá que sea así porque eso hablaría bien de la política. Una que se dispute por ampliar derechos y no por restringirlos".
Sobre el debate porteño, analizó que "la mayoría de los que hablaron sobre la ley no la conocen y plantearon cosas que son incongruentes con el texto. La clase dirigente legisla, muchas veces, basada en prejuicios e ignorancia y eso impide generar acuerdos robustos importantes". Sin embargo, en este caso "hay un acuerdo muy importante, sobre todo en la comisión de salud. Fue una votación por unanimidad, que no suele haber temas ríspidos, y buscamos ese acuerdo".
Para evitar reglamentaciones restrictivas y problemas de comprensión por "grises" indeseados, buscaron que la ley sea clara y que el Ejecutivo no tenga la oportunidad de restringir derechos otorgados por la misma, como sucedió a nivel nacional con el macrismo.
La nueva ley, sostuvo, abre el camino a "un cambio cultural a la mirada sobre el cannabis y eso tiene que cambiar la mirada política" sobre el tema. "El Estado no tiene derecho a imponer modelos de vida y su moral, cada quien tiene derecho a vivir en libertad si no molesta al otro. Con la marihuana pasa eso. Nosotros, el radicalismo de CABA, vamos a seguir impulsando uno de los proyectos que tuvo acuerdo con distintos bloques para despenalizar el cannabis y vamos a insistir en esa línea. Hay que legalizar la marihuana en general y despenalizar el consumo de sustancias en particular". Un debate que, probablemente, llegue en un futuro.
Actualmente, las personas que cultivan son perseguidas. "Podemos mejorar la calidad de lo que producen pero el problema principal es que los criminalizan y estamos mejorando el derecho a cultivar su propia medicina. Hay que generar instancias de diálogo y capacitación, sobre todo con la Policía de la Ciudad. Diego Santilli, ministro de Seguridad y vicejefe de Gobierno porteño, participó en las reuniones y coincidió en avanzar. El Ministerio Público Fiscal viene dando instrucciones para no perseguir usuarios en general, no solo medicinales. Pero la policía sigue haciendo causas y la marihuana sigue siendo delito para todo lo que no es medicinal", explicó.
Más allá de eso, la sanción en la Ciudad es clave porque un decreto nacional no puede pasar por encima de las autonomías locales y cada provincia deberá adherir a la ley nacional. "Estamos en sintonía la Nación con la Ciudad y la Ciudad con la Nación" mediante diálogos previos a la publicación de ambas normativas.
"Lo único que le critico al decreto nacional es que no dialoguen con la política. Los avances, para que san trascendentes, tienen que ser por ley no por decreto porque mañana puede venir otro y cambiarlo. Los decretos regulan un derecho que la ley establece. El autocultivo estaba autorizado pero no regulado y eso trajo muchos problemas a los cultivadores que tenían que dar explicaciones en la Justicia. Fue una ley mala, tibia. El decreto de Alberto Fernández lo mejora y es una muy buena noticia pero si querés garantizar un derecho, tiene que ser por ley".
Sobre esto, hay un proyecto muy interesante de la diputada del Frente de Todos, Carolina Gaillard, que avanza no sólo en el autocultivo, sino en los cultivadores solidarios, clubes de cultivo, tiendas, producción nacional, exportación e investigación científica sobre los beneficios de la planta. La nueva reglamentación, en tanto, avanza sobre el autocultivo, extiende la posibilidad de uso por parte de distintos pacientes, lo incluye dentro de los programas de las obras sociales, permite la venta de aceite en farmacias y garantiza el acceso gratuito en caso de no tener cobertura, entre otros puntos.
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