14 mil dólares: el origen de la batalla de una madre con la justicia

Una mujer lleva años luchando contra la burocracia en el Poder Judicial por un faltante de más de 13 mil dólares de una cuenta bancaria destinada a su hijo, un adulto que vive en situación de calle hace 14 años, sobre quien tramita un juicio por incapacidad. 

Es el caso de H. López Tarrío, de 77 años, quien depositó 44.100 dólares en una cuenta corriente en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 101, a cargo de Alejandro Verdaguer. Sin embargo, hoy sólo queda un 70% de ese monto (30.687 dólares), tras la pesificación y embargo de una parte, algo que atribuyen a “un error o mala praxis”.

Ese faltante se debe al pedido de ejecución de honorarios del letrado de S.M., cuya identidad se mantiene en reserva por cuestiones de salud, según argumentó su madre. Lo curioso es que la diferencia de dinero no fue cobrada por el letrado ni tampoco se le devolvió al damnificado, sino que “se perdió” tras las transferencias por el tipo de cambio.

Los datos constan en el expediente 23745, que se inició por una subdivisión de condominio en 2008 y que fue dado por concluido por el Juzgado en en diciembre pasado, a pesar de la diferencia de 13.413 dólares que se registra entre lo depositado y el saldo actual. “Ese traspaso lo hicieron en tiempo récord”, cuestionó la mujer.

Frente a esto, la mamá del damnificado presentó días atrás una denuncia en el Consejo de la Magistratura para pedir la destitución del magistrado por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Allí, la presentación será recibida e investigada, entre otros, por la jueza Agustina Díaz Cordero, que es integrante del Consejo de la Magistratura y a su vez es la titular –en uso de licencia- del Juzgado Nacional Civil Nº23, responsable en la determinación de la capacidad de S.M.

El origen del conflicto legal

“Deposité 44.100 dólares que le correspondían a uno de mis hijos, que está en situación de calle, y se dejó a cuenta en Tribunales. Tiempo después quise ayudarlo a retirar el dinero para comprarle un techo y que salga de la calle, pero me encontré con que faltaban casi 14 mil”, contó López Tarrío a El Destape.

A la desesperación inicial, le siguió una larga procesión por el Juzgado 101 y otras dependencias. “Un abogado sinvergüenza se aprovechó de mi hijo y le hizo firmar un poder, a pesar de que no estaba en condiciones. Después pidió convertir a pesos los dólares para cubrir sus honorarios”, precisó la mujer sobre la maniobra.

La transferencia ordenada por el Juzgado fue cambiar 20.505 dólares por $756.634,50 el 5 de noviembre de 2018, cuando el dólar estaba a menos de $36,90. Sobre este punto, la damnificada aseguró que “el 101 lo autorizó en tiempo récord y sacó de la cuenta unos 20 mil dólares”. 

“Apelamos la medida y la Sala C de la Cámara nos dio la razón, pero tardaron años en convertir nuevamente la plata y cuando se hizo alcanzó para comprar nada más que unos 7 mil dólares”, lamentó sobre la maniobra, ejecutada el 29 de diciembre de 2021 y que evidenció una notable desvalorización del dinero. “La plata no está y Sergio sigue perdiendo en su calidad de vida. Por diversas cuestiones, ya lleva 14 años en la calle”, lamentó la madre del damnificado.

La versión del juez: "Yo no robé plata"

Por esta situación, el juez Verdaguer recibió a El Destape en su despacho y defendió su accionar en la causa. “Lo primero que quiero dejar en claro es que yo no robé la plata. Una vez que entra en el expediente, la plata está toda trazada y no hay forma de que yo me guarde diez mil dólares en el cajón”, afirmó sobre lo ocurrido con el dinero.

Frente a la presunta falla que se le achaca, añadió: “Los jueces nos podemos equivocar, pero me parece que acá no hubo un error mío. El expediente está digitalizado y quien quiera puede entrar al sistema y mirarlo”. 

“Después, el abogado pide cobrar los honorarios e inicia la ejecución. Yo, sobre los fondos de su cliente depositados en el expediente, transformé los dólares en pesos porque se regularon los honorarios en pesos”, relató sobre la transferencia de una moneda a otra. 

Sin embargo, indicó que luego “el hombre, que estaba representado por curadores y el defensor de menores e incapaces, cuestionó esa ejecución” y señaló: “La Cámara terminó revocando mi decisión porque faltó una notificación, que es algo muy técnico, pero sobre el embargo, no sobre la desafectación de los fondos”.

“Después vino la pandemia, el expediente quedó en la Defensoría más de un año y el dólar siguió evolucionando. Finalmente, cuando hubo que transformarla a dólares nuevamente, se compraron menos dólares por el desfasaje”, aseguró Verdaguer. Consultado puntualmente por el faltante de dinero, consideró que “es un tema que tiene que ver con la inversión de la plata y, si se produce un gran salto devaluatorio, pasa esto”.

La acusación hacia la Justicia: qué dijo la abogada de la denunciante

Sin embargo, Paula Arrigazzi, abogada de López Tarrío, no coincidió con esta visión. “El daño es palpable y visible, al menos por un incumplimiento en los deberes de funcionario público. Y por otro lado hay, como mínimo, una estafa procesal por parte del abogado”, cuestionó. Para la letrada hubo “por lo menos una sumatoria de errores y olvidos”, tras lo cual ratificó la denuncia ante el Consejo de la Magistratura y no descartó presentaciones penales.

“Al acuerdo se llegó porque el juez (Alejandro) Olazábal, que estaba en ese momento al frente del Juzgado 23, propuso a un curador específico para que actúe en el 101 y paralelamente se abrió una cuenta en el 23 donde tramita la determinación de la capacidad de S.M. para que, una vez que se deposite la plata en el 101, pase al 23. Esa plata se olvidaron de pasarla o tardaron en hacerlo y en ese momento eran 44.100 dólares, que luego se desvalorizaron por el pedido del abogado y el accionar del juez Verdaguer”, planteó.

Al brindar su visión sobre el conflicto con el dinero, argumentó: “El abogado pidió cobrar sus honorarios, pero sin notificar a S.M, a la Defensoría Pública, la Curaduría y la Defensoría General, como dicta la ley. El juez corrió traslado para desafectar los dólares y pasar a pesos, pero luego la Cámara resolvió que faltaba esa debida notificación. Es decir que no correspondía”.

“Se perdió un montón de plata. Hubo inflación y subió el tipo de cambio, pero el problema principal es ese traspaso de dólares a pesos, que fue indebido”, cuestionó la abogada de la denunciante.

Ahora, la denuncia en el Consejo de la Magistratura seguirá su curso. El dinero ya pasó del Juzgado 101 al 23, donde debe determinarse la capacidad de S.M. Sin embargo, el hombre sigue sin poder disponer de su dinero, cuyo patrimonio se desvalorizó en alrededor de 30%.